El candidato del PIN, Juan Diego Castro, se basó en una premisa falsa para lanzarle públicamente, este viernes, un cuestionamiento al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado.
A las 6:33 p. m., Castro publicó un mensaje en Twitter en el que dijo: "Moción presentada por diputada del PLN por la que Antonio Sobrado recibiría una pensión de lujo de ¢10 millones al mes".
A la vez, adjuntó una fotografía de una moción de Maureen Fallas y otra de la ley actual de pensiones del Poder Judicial.
No obstante, la interpretación que Castro le dio a los documentos está errada.
La moción de Fallas, que fue aprobada dentro del proyecto para reformar las pensiones del Poder Judicial, lo que dice es que se respetarán los derechos adquiridos de los magistrados del TSE y del director del Registro Civil que pueden jubilarse con el régimen de pensiones de la Corte, según el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con base en esa moción, Castro creyó que Luis Antonio Sobrado podría pensionarse bajo ese régimen, que hoy permite jubilarse con el 100% del salario promedio de los últimos 24 meses. El jerarca del TSE tiene un sueldo de ¢9,9 millones.
No obstante, el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es claro en decir que, para que estos altos funcionarios del TSE se acojan al régimen de pensiones de la Corte, tienen que haber trabajado durante más de cinco años como "abogados funcionarios judiciales".
En el caso de Sobrado, él nunca ha trabajado en su carrera para el Poder Judicial, por lo que no calificaría, de ninguna manera, para acogerse a este beneficio ni hoy ni con la reforma que fue aprobada en primer debate por los diputados, y que está pendiente de resolución en la Sala IV.
Gustavo Román, vocero del TSE, confirmó que el jerarca del Tribunal de Elecciones no laboró nunca para el Poder Judicial. Agregó que Sobrado cotiza para el régimen del IVM, de la CCSS, en donde la pensión máxima es de ¢1,5 millones en condiciones normales y de ¢2,5 millones, si la persona sigue laborando después de cumplir la edad de jubilación.
De hecho, ninguno de los otros cuatro magistrados electorales activos calificaría para acogerse al régimen judicial. Ni Luis Diego Brenes ni Zetty María Bou Valverde han trabajado para la Corte, mientras que Eugenia María Zamora Chaverri lo hizo durante siete meses y Max Esquivel Faerrón, durante dos años.
Este medio intentó contactar a Juan Diego Castro para preguntarle de dónde saca su interpretación. Sin embargo, a la hora de cierre de la noticia, no había contestado.
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La reforma a las pensiones judiciales, a la que él hace referencia, pretende cerrar un déficit de ¢5,3 billones en el sistema, reduciendo el monto que se otorga a los pensionados, aumentando la edad, imponiendo un tope de ¢4 millones y exigiendo aportes solidarios a los jubilados actuales que superen los ¢4 millones.