José María Figueres, candidato presidencial del PLN, articularía a los guardas de seguridad privada como auxiliares de policía en la prevención del delito, ante la “insuficiente” cantidad de agentes de la Fuerza Pública para atender las exigencias actuales del país.
La idea es establecer “necesarias alianzas público-privadas de cooperación entre la Fuerza Pública y esas empresas, como debería ser”, plantea el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) en su programa de gobierno.
El exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, explicó que los guardas de empresas de seguridad recibiría capacitación del Estado sobre tiro al blanco, psicología y defensa personal, pero no podrían detener personas en vía pública, sino limitarse a reportar incidentes a los cuerpos policiales del Estado.
El plan de gobierno dice textualmente: “Se reformarán las normas que regulan la actividad de las empresas privadas de seguridad privada, para articularlas como auxiliares de Policía al SSN (Sistema de Seguridad Nacional)”. El párrafo es parte del apartado “Reorganización para la acción: En busca de la sinergia institucional”.
Sin ofrecer muchos detalles, el programa alega que la participación de las empresas de seguridad privada en la estrategia de seguridad nacional se justifica por su amplia presencia en el país, la desventaja numérica de los cuerpos policiales frente a estas y su impacto en la seguridad de los costarricenses y las empresas.
El documento argumenta que existen unos 35.000 agentes de seguridad privada, cifra superior a los 16.000 agentes de policía, sin incluir a los del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Agrega que los guardas privados no están debidamente capacitados, excepto los que pertenecen a empresas grandes y formales.
“Por lo señalado, la capacitación de las policías municipales, así como la de estos auxiliares de seguridad privada, se constituye en prioridad, así como la flexibilización de trámites para el registro de personas y de armamento.
“De la misma forma, se crearán los mecanismos de comunicación operacional y de coordinación policial entre estos auxiliares y los oficiales de nuestra Fuerza Pública y las policías municipales; se constituye en otro reto prioritario”, añade el plan.
Fernando Berrocal, ministro de Seguridad durante el segundo gobierno de Oscar Arias (2006-2010), quien colaboró en la propuesta de seguridad de Figueres, comentó a La Nación que la idea es que los agentes privados reporten a la policía los incidentes que ocurran en su entorno.
Insistió en que sus funciones serían de prevención, no de represión, sin que se afecten las funciones de policía que le corresponden únicamente al Estado. “La función policial es irrenunciable, es una potestad del Estado”, aclaró.
“Si hay acontecimiento y están robando en una casa, lo lógico sería que esa casetilla de seguridad tenga contacto con la delegación policial de Escazú y reaccionen rápido la Policía Municipal y la Fuerza Pública”, ejemplificó Berrocal.
Para ejercer como auxiliares, los agentes privados recibirían una capacitación de seguridad en la Escuela Nacional de Policía, ubicada en Guápiles, propuso Berrocal. Ahí, es donde recibirían los cursos sobre aspectos básicos de tiro al blanco, psicología y hasta defensa personal, según comentó el exministro.
Consultado sobre si los guardas podrían detener a un ciudadano en la vía pública, Berrocal aclaró que no. Se le preguntó si los agentes privados tendrían un canal de comunicación exclusivo con los cuerpos de policía, dado que actualmente cualquier ciudadano puede interponer una denuncia por teléfono, pero no detalló.
Señaló que el plan se basa en una “experiencia real practicada” cuando él fue ministro de Seguridad, durante la segunda administración Arias. En aquella ocasión, su cartera firmó un acuerdo con 27 compañías de seguridad privada, con 16 entidades bancarias y 10 empresas grandes que contaban con vigilancia para sus camiones repartidores.
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El acuerdo consistió en labores de intercambio de información sobre posibles sospechosos o delitos, para lo cual se creaba una frecuencia de radio nacional que daría posibilidad de respuesta en pocos minutos.
Ese convenio contenía prohibiciones para los oficiales privados como no hacer requisas personales, registro de vehículos o participar en allanamientos, retenes, desalojos y otros operativos que son función del Estado.
La oferta electoral de Figueres plantea ampliar el derecho de los ciudadanos a la portación de armas, además de crear un fuero espacial para las personas que, luego de ser capacitados por la Escuela Nacional de Policía, ingresen al ejercicio activo de los cuerpos de policía.
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Actualmente, la Ley de Servicios de Seguridad Privados obliga a los agentes de seguridad privada a auxiliar, de ser posible, a las fuerzas de policía cuando medie el requerimiento expreso de la autoridad competente.
Además, obliga denunciar ante las autoridades judiciales la comisión de delitos que conozca mientras preste servicios, aunque haya ocurrido fuera de su sector de trabajo.
En cuanto a la capacitación por parte del Estado, la ley autoriza a la Escuela Nacional de Policía a vender a los privados servicios básicos de preparación en seguridad.