El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) suspendió indefinidamente el proceso de precalificación de empresas y consorcios interesados en asumir la concesión del tren eléctrico metropolitano.
La presidenta ejecutiva de la entidad ferroviaria, Elizabeth Briceño, informó de que se trata de una decisión de carácter preventivo a raíz de observaciones hechas por la Contraloría General de la República (CGR), al estudiar un recurso de objeción por parte de un empresario particular, llamado Bryan Hernández Lizano.
El empresario reclamó que el Instituto avanzó hacia la etapa de calificación de oferentes sin haber corregido deficiencias señaladas por la Contraloría en el informe de auditoría sobre los estudios de factibilidad del proyecto, publicado en setiembre pasado.
El recurrente argumentó que los requisitos mínimos para precalificar como oferente de proyecto fueron definidos con base en estudios previos pendientes de revisiones y ajustes, “lo que implica que dichos requisitos podrían variar drásticamente”.
El recurso de objeción fue declarado parcialmente con lugar. La resolución de la Contraloría no ordena al Incofer suspender el proceso precalificatorio de oferentes, pero sí obliga a la entidad ferroviaria a estudiar los argumentos de Hernández Lizano.
La pretensión del recurrente era anular el cartel de preselección de oferentes “hasta que se concluyan las etapas previas de este procedimiento y se ejecuten las subsanaciones y actualizaciones en los estudios previos ordenados por la Contraloría”.
La presidenta del Incofer explicó, entonces, que lo conveniente es entrar en un periodo de análisis sobre los alcances de la resolución para evitar, en un futuro, que la Contraloría anule la preselección de los oferentes.
“Nosotros lo que queremos es analizarla, revisarla, indefinidamente: hacer nuestras propias valoraciones. El día lunes, esta presidencia lo que le va a plantear a la Junta Directiva es hacer una pausa en la fase de precalificación, suspenderla, mientras se hacen esas valoraciones.
“Aquí lo importante es cuidar el proyecto para que, cuando termine el proceso de precalificación, cuando estén todas las empresas calificadas, la Contraloría no vaya a anular todo el proceso”, dijo Briceño.
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Al presentar su recurso en contra del cartel precalificatorio, Bryan Hernández alegó que se dedica al mantenimiento de material rodante ferroviario. No obstante, no mencionó el nombre de su empresa.
En la audiencia, el Incofer alegó falta de legitimidad del reclamante debido a que nunca le ha contratado servicios ferroviarios al empresario. También indicó que el correo electrónico aportado por el reclamante pertenece, en apariencia, a una empresa de seguridad llamada Grupo Korioto S. A.
En contraparte, el empresario alegó que le interesaba participar en la etapa de precalificación mediante un consorcio, con empresas que le complementarían los requisitos establecidos en el cartel.
La jerarca de Incofer, Elizabeth Briceño, reconoció que este nuevo traspié afecta el calendario del proyecto. La meta de su administración es dejar al próximo gobierno las empresas y consorcios calificados, así como dejar preparado una propuesta de cartel licitatorio para la concesión de obra pública.
“Lo que nos mandan a revisar es el informe que emitió la Contraloría. Nosotros hemos venido trabajando en el Informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa; hay cosas en las que hemos ido avanzado a lo interno. Eso es lo que me hace tomar la decisión de tomar la pausa; uno no quisiera seguir avanzando con esos riesgos para el proyecto”, afirmó Briceño.
En su informe de auditoría, la Contraloría General de la República reiteró la necesidad de que se estudie el impacto de la demanda de pasajeros, a raíz de la pandemia de coronavirus. Los estudios se desarrollaron previo a la emergencia sanitaria.
El ente contralor también señaló que la entidad ferroviaria incurrió en riesgos importantes para el proyecto al adelantar etapas para apurar la obra.
Se indicó, por ejemplo, que el Instituto no involucró lo suficiente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la discusión sobre los pasos a desnivel requeridos para el proyecto.
El anteproyecto consiste en un tren eléctrico de 84 kilómetros que conecta 15 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), con vagones que pasan cada 7 minutos en horas pico.
Su costo ascendería a $1.550 millones. De este monto, $550 millones los aportaría el Estado con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde del Clima con condiciones blandas.
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