Más de un año y medio después de aprobada la Ley de reparación para las personas sobrevivientes de femicidio, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) ha sido incapaz de crear el fondo que financiaría subsidios económicos para los hijos, adultos mayores y personas con discapacidad que dependían de mujeres asesinadas.
Solo entre el 2016 y el 2024, 162 menores de edad perdieron a sus madres como resultado de un femicidio y son susceptibles de recibir un subsidio. Muchos quedan a cargo de parientes que también requieren de apoyo económico para asumir la responsabilidad.
La normativa 10.263, aprobada en abril del 2022, encargó el pago de las ayudas al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y creó fuentes de financiamiento. Sin embargo, a la fecha, los sobrevivientes siguen sin recibir subsidio alguno. Según la normativa, el aporte debe equivaler a la mitad de un salario base (¢231.100)
El Poder Ejecutivo incumplió el transitorio de la ley que le daba seis meses de plazo para publicar el reglamento de operación del Fondo Económico de Reparación de Sobrevivientes de Femicidio.
Según la Dirección Financiera de la Tesorería Nacional, mientras el Ejecutivo no apruebe el reglamento de la ley 10.263, no se abrirá la cuenta bancaria para el fondo y, por lo tanto, las familias no podrán recibir ningún monto. Hasta que eso ocurra, el dinero permanece bajo la custodia del Ministerio de Hacienda.
Fuentes de financiamiento insuficientes e inviables
La ley aprobada en abril del 2022 dispuso de cuatro fuentes de financiamiento para el fondo, todas estipuladas en los artículos 23, 39 y 68 bis de la Ley de Armas y Explosivos.
El primer ingreso corresponde al cobro de un timbre de ¢3.000 por cada arma que quisiera inscribir una persona jurídica para el servicio de seguridad privada.
El segundo es un timbre de ¢5.000 por arma a las personas físicas que deseen inscribir hasta un máximo de dos armas de fuego, y el mismo pago cada cuatro años para renovar el permiso.
El tercer ingreso es un timbre de ¢3.000 a las personas que quisiera solicitar o renovar un permiso de portación de armas.
Finalmente, se creó un impuesto selectivo de consumo del 3% a la importación de mercancías, así como a la fabricación y venta de armas, municiones, explosivos, artificios y pólvora. El administrador y fiscalizador de este tributo es la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.
No obstante, al ser consultado por La Nación, el Inamu afirmó que estos recursos son insuficientes para sostener los subsidios mensuales.
“La fuente de financiamiento resulta insuficiente. Hasta la fecha, no se ha logrado la capitalización del fondo. La fuente financiera que estableció la ley para alimentar el fondo pone en riesgo su viabilidad. Este requiere necesariamente un periodo de madurez y capitalización, que resulta vital para su robustez y la distribución de los recursos”, aseguró el Instituto.
Según el Inamu, esta situación se agrava porque uno de los timbres mencionados ya no existe, y los otros dos tienden a la baja, ya que las reformas a la Ley de Armas y Explosivos ampliaron de un año a dos años el plazo para renovación de los permisos de armas; y disminuyeron de tres a dos el número de armas permitidas por persona.
Al detectar que los recursos no serían suficientes, el Instituto informó de que presentó una reforma a la ley 10.263 ante la Comisión para Asuntos de la Mujer de la Asamblea Legislativa.
Respecto a la publicación del reglamento, el Inamu aseguró que ya cuenta con una versión borrador que está siendo analizada. Además, la entidad comunicó que el Departamento Financiero Contable está coordinando con Hacienda para conocer de forma precisa la recaudación de los recursos para el fondo.
El martes 30 de enero, La Nación pidió al Ministerio de Hacienda conocer si estos timbres e impuestos se estaban recaudando, cuánto dinero había acumulado y dónde se guardan esos fondos. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no se obtuvo respuesta.
Activistas estaría dispuestos a bajar monto de subsidio
Óscar Morera, activista en la defensa de familias víctimas de femicidios, ha denunciado en varias ocasiones el incumplimiento a la ley de reparación integral de familias sobrevivientes de femicidios.
Él denunció el caso de Britney Vílchez, una niña de 13 años cuya madre y abuela fueron asesinadas por el padre en el 2016. La menor de edad murió en 2023 por causa de un tumor.
Morera le achaca a la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, una presunta inacción para garantizarle atención prioritaria a la niña. Tanto él como la familia de Britney consideran que ella fue víctima de negligencia, desinterés e ignorancia de la ley 10.263 por parte de trabajadores públicos.
Óscar, además, es el padre de Eva Morera, una joven de 19 años que fue asesinada por su expareja en Heredia en el 2019. Después de lo sucedido, Morera creó un grupo de apoyo para los familiares que sufren las consecuencias de los femicidios.
Este grupo propone una nueva fuente de financiamiento para que el fondo de reparación a sobrevivientes de femicidio sea viable. Su idea es que se destine a este rubro un porcentaje de lo recaudado mediante el impuesto a los licores.
Además, pese a que la ley dispone que el subsidio debe ser de la mitad de un salario base (¢231.100), los beneficiarios están dispuestos a ajustarse a un 20% del salario base, es decir, ¢92.440 mensuales.
“Creemos que ajustando a un quinto del salario base, que es bastante menos, consideramos que nos permitiría que el fondo fuera viable. Hay familias que esto es lo único que recibirían, porque el PANI no les da nada y el IMAS tampoco. Por eso estamos viendo si en la Asamblea Legislativa nos destinan un porcentaje pequeño de la reforma ley de licores”, explicó Morera.
Junto con el subsidio económico, las familias sobrevivientes de femicidios también tienen derecho a que se les brinde asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continua, sí como acceso prioritario a becas de estudio, bonos de vivienda y asesoría legal gratuita.
A esto se suma que, del 2021 en adelante, aún hay homicidios de mujeres en investigación, por lo tanto, el número de femicidios y menores huérfanos podría aumentar.
La Nación publicó el 12 de marzo de 2023 que, en los 16 años anteriores, 423 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, sus padres, amigos o conocidos. El promedio es de 26 víctimas de feminicidio por año y más de dos por mes.