Diputados de tres partidos políticos cuestionaron este miércoles la contratación de Christian Bulgarelli Rojas como consultor del Gobierno, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), luego de que él mismo habría participado en la elaboración de los términos del concurso.
El contrato tenía un monto de $300.000, durante seis meses, según reveló a La Nación la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, quien fue destituida el 2 de setiembre del 2022 por el mandatario Rodrigo Chaves Robles.
Bulgarelli fue descrito como un asesor presidencial por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, mientras que Presidencia sostiene que se trata de un contratista del BCIE.
Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), fustigaron lo denunciado por la exministra y señalaron que “huele a fiesta” en la Casa Presidencial.
“Huele a fiesta de millones del dinero del pueblo costarricense. Hoy, como muchas mañanas, abrimos el periódico y encontramos noticias que, como dice el compañero, erizan los brazos, por el absoluto descaro en el manejo de recursos públicos”, dijo la socialcristiana.
Este miércoles, La Nación dio a conocer que, según la exministra de Comunicación, el productor audiovisual Christian Bulgarelli participó en el diseño de la contratación de servicios de comunicación por $300.000 para que fuese sacada a concurso. Posteriormente, él ganó la consultoría.
Se trata de una “consultoría estratégica” para la Presidencia de la República financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el $1 millón que esa entidad pone a disposición de cada gobierno parte.
Vanessa Castro manifestó que se trata de una “posible estructura alineada que tiene en sus manos el manejo de ¢7.925 millones y cuántos bonos de la vivienda y becas podríamos dar”.
Esos ¢7.925 millones los mencionó en referencia a los contratos que diversas instituciones públicas dieron a la agencia de publicidad que opera el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para el manejo de publicidad estatal. Una empresa de Bulgarelli también fue contratada por el Sinart para dar servicios.
“Están abriendo la posibilidad de contrataciones directas, simplemente escogiendo a dedo a los que fueron participantes de la campaña del presidente y que ahora se están adjudicando contratos en el Sinart y en las diferentes instituciones y, si no se los están adjudicando los que trabajaron para la campaña, que me lo digan, pero la contratación es evidente”, dijo Castro.
La congresista criticó directamente que Bulgarelli haya participado, él mismo, como dijo Navarro, en la contratación de la consultoría para la Casa Presidencial, financiada por el BCIE. “Él mismo contrató los vasitos, los queques y la piñata y luego se celebró su propio cumpleaños. Participó en el diseño de contratación y luego aparece él mismo contratado”, dijo.
Castro también enfatizó que, en esta situación, aparece el asesor presidencial Federico Cruz Saravanja, presidente del partido político Aquí Costa Rica Manda, al que nueve de 10 diputados oficialistas manifestaron su apoyo públicamente de cara a las elecciones municipales, en febrero del 2024.
“¿Ustedes pueden creer que con el $1 millón que les da el BCIE, también se está haciendo fiesta?”, reclamó.
Según Navarro, en una reunión con el presidente Rodrigo Chaves, Bulgarelli le prometió contratar a Cruz Saravanja en su agencia. Ni Bulgarelli ni Cruz son funcionarios de planilla de Gobierno, pero, sí se les menciona como asesores de comunicación del gobernante.
Debe investigarse
El liberacionista Danny Vargas aseguró que ese “compadrazgo que se da en Casa Presidencial” debe investigarse.
“Es increíble que Bulgarelli haya participado junto a Cruz en el diseño de esa contratación, que ellos hagan los términos de referencia, pero sean juez y parte, diseñan el cartel y curiosamente ganan la contratación”, alegó.
El verdiblanco cuestionó que ahora diluyan el cuestionamiento, diciendo que se debía tener criterio experto y que por eso contrataron a Bulgarelli. “Se encargó de la propuesta y curiosamente le calza como anillo al dedo”, criticó.
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“Debe presentarse en la Fiscalía la denuncia de esto que se ve más que turbio. Este panorama denota un tráfico de influencias de un ámbito mayor a cualquiera, porque se desarrolló en la Casa Presidencial.
“¿Cómo tuvieron el descaro de participar habiendo participado en el diseño de los términos y condiciones de la contratación. No son los únicos. Por ahí hay otros que tenemos que revisar, bajo ese esquema de contratación de agencias de comunicación y respaldo”, agregó.
Manejo de recursos ‘a dedo en favor de pocos’
El frenteamplista Ariel Robles alegó que la situación dada a conocer este miércoles es peor que otras de años anteriores con los fondos donados por BCIE.
Adujo que en Zapote “pusieron a Bulgarelli a diseñar el contrato, con comas, años de experiencia y profesionales” para que luego le asignen la asesoría de la Casa Presidencial.
“Eso fue chorizo antes y chorizo ahora. Pero no solo eso. Le dieron $300.000 para poner incluso el equipo (de producción audiovisual) que puso aquí en la Asamblea el 2 de mayo (para la transmisión del primer informe de labores de Chaves), aquellos equipos que vimos, con un contrato amañado, a dedo.
Robles aseguró que la contratación a Bulgarelli es para que haga “social listening” en redes sociales, y eso es “proselitismo político” y que por eso “se comprometió a contratar a Federico Cruz”.
El “social listening” se describió en la contratación financiada por el BCIE como la “recopilación y análisis semanal de la presencia digital en redes sociales de la Presidencia de la República y el gobierno central”.
El frenteamplista también recordó que el presidente del Sinart, Fernando Sandí, confirmó en sesión de la Comisión para el control del ingreso y el gasto públicos que Tomás Cruz, el hijo de Federico Cruz, trabaja en la empresa de Christian Bulgarelli.