Este lunes, expiró el plazo para discutir el proyecto de renta global en la Comisión de Asuntos Hacendarios sin que los diputados lo hayan debatido ampliamente. En consecuencia, el plan entra en el mecanismo conocido como “guillotina legislativa”, al igual que la mayoría de los proyectos que forman parte de la agenda de ajuste fiscal acordada con el FMI.
La guillotina consiste en que, en la próxima sesión en que el expediente sea puesto en agenda, los legisladores de la comisión tendrán obligatoriamente que votar las mociones pendientes, sin poder leerlas ni discutirlas. Luego, en la siguiente sesión, deberán recomendar al plenario la aprobación o reprobación de la iniciativa.
Esta circunstancia significa que el proyecto pasará sin un acuerdo político previo al plenario, en donde podría ser inundado de mociones.
El plan de renta global dual equipararía el cobro del impuesto de renta entre trabajadores asalariados e independientes, lo que conllevaría un aumento para los primeros y una rebaja para los segundos. Además, las personas con más de un ingreso deberán sumarlos para pagar el tributo, en vez de hacerlo por separado.
Este proyecto se convirtió en la sexta iniciativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que entra a este estado legislativo, debido a la falta de discusión.
El convenio con el FMI le permite a Costa Rica acceder a un financiamiento por $1.778 millones en tractos a cambio de aprobar siete reformas estructurales y cumplir con otros parámetros fiscales. Del avance de esas metas, depende el desembolso de los siguientes giros.
La decisión sobre el futuro de renta global tendrá que esperar algunas semanas más. De acuerdo con la presidenta de Hacendarios, la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, la comisión está recargada de tareas en este momento por la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República de 2022.
“Hay que partir del hecho de que este proyecto vence en medio de la discusión final del presupuesto que nos aboca por norma constitucional, por reglamento de la Asamblea Legislativa. Es decir, en este momento, nos encontramos a marchas forzadas analizando la totalidad de mociones (42) que se presentaron y que necesariamente hay que dejarlas discutidas, en conjunto con el presupuesto, a más tardar el 20 de octubre”, afirmó Delgado.
La diputada de Liberación Nacional (PLN) no descarta la posibilidad de que el Gobierno presente nuevos presupuestos extraordinarios antes de que finalice el año, lo que mantendría ocupados a los diputados de esta comisión.
Aún así, la presidenta de Hacendarios confirmó que existe un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para realizar sesiones de trabajo, a fin de que los diputados puedan evacuar dudas en torno a renta global.
“Se va a hacer una sesión de trabajo con el Ministerio de Hacienda para que pueda explicar algunos elementos técnicos, en virtud de que es un proyecto complejo que implica una reforma tributaria. Independientemente del artículo 80 del reglamento (conocido como guillotina legislativa), eso no quiere decir que de manera inmediata se tiene que entrar a esta, sino necesariamente hay que conocer lo que está puesto sobre la mesa”, sentenció Delgado.
También están en la guillotina legislativa las iniciativas para la eliminación de plazas vacantes y el congelamiento de pensiones de Gobierno; la reducción de exoneraciones fiscales; el impuesto a la lotería; el tributo a las casas de lujo y la reforma a la Ley de Aduanas. El único proyecto cuya discusión se mantiene vigente es el aporte de las empresas públicas al pago de la deuda, cuyo vencimiento será el próximo 4 de noviembre.
Impuesto en discusión
El plan de renta global dual agrupa todos los ingresos que reciben los contribuyentes, por cualquier actividad productiva en el país, y establece un solo cobro. Al mismo tiempo, modifica las escalas impositivas, los porcentajes a pagar y los montos exentos de este tributo.
Actualmente, los asalariados tributan si sus ingresos mensuales superan los ¢842.000, mientras que los independientes lo hacen a partir de los ¢312.000 mensuales, que equivale a un monto de ¢3,7 millones anuales.
La primera versión del proyecto estableció que ambas categorías tributarían si sus ingresos superan los ¢8.196.000 anuales, lo que equivale a ¢683.000 mensuales, en el caso de asalariados.
No obstante, el Gobierno después presentó una solicitud de modificación para subir ese piso, para que el tributo eventualmente se cobre a partir de los ¢8.425.000 anuales, es decir, ¢702.000 mensuales.
Esta moción impulsada por el Poder Ejecutivo, así como otras presentadas por los legisladores aún deben ser votadas en la comisión antes de que los diputados decidan si recomiendan o no la aprobación definitiva del texto.
La presidenta de Hacendarios aseguró que ella aún no define una posición sobre la iniciativa. “No obstante, siempre he sido clarísima y tajante en la necesidad de avanzar en temas de consolidación de la ruta fiscal. También he sido clarísima que de manera aparejada tiene que avanzarse en crecimiento y reactivación económica. Una cosa no puede dejar afuera la otra”, agregó.
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