El Poder Ejecutivo y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) criticaron la decisión de los diputados de dejar por fuera delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito y contrabando del proyecto de ley que permitiría incautar bienes malhabidos a presuntos delincuentes.
En línea con el criterio que externaron el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD); el Ministerio de Justicia y AmCham aseguran que la decisión que tomaron los legisladores debilita el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.
"Se debilita la norma mediante la eliminación de ciertos delitos. El tema de la lucha contra la corrupción es una prioridad en las políticas del Poder Ejecutivo, por lo que no considero que esta acción de eliminar estos delitos sea acorde con la política del Estado en esta materia”, manifestó Marcia González, ministra de Justicia.
El texto que critican los comerciantes y Casa Presidencial fue dictaminado el martes por la noche en la comisión especializada que tramita la iniciativa de ley. La versión omite permitir el decomiso de bienes cuando exista sospecha de que se cometieron delitos como corrupción, contrabando, delitos tributarios, fraudes, sicariato, pornografía infantil y enriquecimiento ilícito.
En cambio, se centra en otros ocho tipos penales: narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de órganos.
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“Es inconsecuente e inadmisible que se haya decidido excluir del alcance de esta ley delitos como corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, entre otros. En lugar de limitar el alcance de la ley, los diputados debieron ser consecuentes con su misión y responsabilidad frente a una sociedad que reclama el fortalecimiento de los valores en todos sus frentes", expresó Elías Soley, presidente de AmCham, a través de un comunicado.
“Atacando la corrupción con herramientas como las que reclaman las instituciones que serán los operadores de la futura Ley de Extinción de Dominio, se le haría un gran favor al sistema político y democrático de Costa Rica, el que ha sido perjudicado por actos de corrupción que distraen las decisiones gubernamentales, las políticas públicas y los fondos públicos del destino para el que deben ser utilizados”, agregó Soley.
La versión que se aprobó del proyecto de ley fue impulsada por los Pablo Abarca y Gustavo Viales, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Liberación Nacional (PLN), respectivamente, y recibió el apoyo del también liberacionista Jorge Fonseca; de Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), y de Zoila Volio, de Integración Nacional (PIN).
Solamente votó en contra Víctor Morales Mora, jefe de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien estuvo en desacuerdo con que se limitaran tanto los delitos en los que se podría aplicar dicha iniciativa.
El gobierno pidió a la comisión legislativa que recapacite y vuelva a incluir en la iniciativa los delitos que excluyeron.
"Con todo respeto, hago un llamado para que en el debate de este proyecto en el Plenario se consideren estas preocupaciones y se permita que el resultado final represente un fortalecimiento real de la lucha contra el crimen organizado”, dijo González.
AmCham hizo el mismo llamado.
“Deben las y los señores Diputados responder con hidalguía al país y fortalecer este proyecto de ley que será una herramienta fundamental para combatir la macrocriminalidad en todas sus manifestaciones. Con la aprobación de un texto apropiado, los operadores de la ley contaran con un instrumento adicional para golpear a los criminales y disuadirlos de utilizar a nuestro país como territorio para ejecutar sus actividades delictivas”, instó Soley.
¿Cómo funciona la extinción de dominio?
La figura consiste en que el Estado pueda incautar todos los bienes y derechos “adquiridos sin causa lícita aparente, como consecuencia de actividades ilícitas de los afectados".
El objetivo es debilitar el poderío económico de las organizaciones del crimen organizado.
La aplicación de esta herramienta se tiene que hacer a través de una sentencia de un juez, aunque no se cataloga un proceso penal, sino que se trata de un “proceso jurisdiccional autónomo”, sin contraprestación ni compensación para el afectado.
La Fiscalía General, el OIJ y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) expresaron su “oposición total” a que del proyecto se excluyan los delitos de corrupción, contrabando, fraudes, sicariato o pornografía infantil del ámbito de acción de la herramienta, por considerar que esa decisión "atenta contra contra el fin que busca la ley”.
“Nos dan una ley sin armas, poco beligerante, que no va a servir, que ya escogió quiénes van a ser los clientes y público meta. Eso no lo queremos y no lo aceptamos.”, dijo, Walter Espinoza, director del OIJ.
El jerarca también criticó que se elimine la posibilidad de actuar cuando se sospeche de actividades delictivas de funcionarios públicos.
“No se puede perseguir solo narcos. ¿Y los funcionarios públicos? Ellos van a quedar totalmente protegidos. Esto es una aprobación parcial, sesgada y que pretende favorecer a determinados grupos”, sostuvo el jerarca del OIJ.
Emilia Navas, fiscala general de la República, aseguró que el nuevo texto también contiene problemas procedimentales que dificultarían la aplicación de la figura de la extinción de dominio.
“Nos hace concluir que el procedimiento será lento, inaplicable y no vamos a ver nunca frutos. Nos estamos oponiendo, hacemos llamado a diputados para que tomen conciencia, examinen proyecto que presentamos para que tenga éxito. Si el discurso de los diputados es ‘luchemos contra corrupción y crimen organizado’, no entiendo por qué excluyen de la ley ese tipo de delitos", declaró la fiscala.