El gobierno suspendió el cobro de $1.874 (¢1 millón) que hace Aviación Civil por certificar los drones empleados en fines comerciales, mientras trata de eliminarlo del todo.
La suspensión rige por seis meses para todo tipo de usuarios comerciales de drones. Durante este tiempo, el Ejecutivo espera tener una respuesta formal de la Procuraduría General de la República sobre la legalidad del cobro por certificación.
A la vez, el gobierno emitió un decreto para eximir a las microempresas de pagar los $1.874 por tres años. El decreto es el 40197-MP-MOPT-MEIC.
Durante ese plazo, si nada cambia, solo podrán salvarse del cobro las microempresas o emprendimientos que estén registrados como tales ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Además, se beneficiarían los profesionales independientes.
Los drones ya son usados en el país para actividades como fotografía, filmación en video y entrega de paquetes. Este último caso lo aprovechará, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social para llevar medicinas a ciertas zonas indígenas y de difícil acceso en Limón.
Según dijo el gobierno en un comunicado, estas medidas tienen como objetivo promover el desarrollo del mercado de los drones, en vista de que el gobierno consideró que tiene potencial para generar empleos y encadenamientos productivos, así como el aprovechamiento de pequeños capitales.
En el 2015, mediante otro decreto (el 39430-MOPT), el Ejecutivo creó el cobro de $1.874 por el proceso de certificación de las empresas que exploten un Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS, conocidas como drones), el cual cubre la totalidad de drones que disponga cada compañía o persona.
La cifra se calculó con base en un estudio del departamento financiero de la Dirección de Aviación Civil sobre la certificación de estas aeronaves.
Para acceder a la exoneración que rige por tres años, es necesario inscribirse como operador de drones, para comercialización de productos y otros servicios, en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).
Las actividades particulares, recreativas, de exploración e investigación con drones, no están supeditadas al cobro, en tanto no responden a actividades de carácter comercial.
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