Gobierno plantea subir IVA en 1%, gravar transacciones bancarias o cambiar tributo a casas de lujo

El Gobierno les presentó a los diputados este martes cuatro opciones para subir los ingresos en procura de equilibrar las finanzas públicas y negociar un financiamiento con el FMI

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

El Gobierno les planteó a los diputados este martes cuatro opciones para subir los ingresos públicos en procura de equilibrar las finanzas estatales y negociar un financiamiento con el FMI.

Las propuestas son las siguientes:

1- Subir el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en un punto porcentual. Actualmente, el IVA es de un 13%, pero existen tasas diferenciadas, como el 1% de la canasta básica o el 2% de las medicinas. El aumento solo se aplicaría en los casos en que se cobra la tasa general.

A su vez, el planteamiento del Gobierno implica devolver el impuesto a los dos deciles de menos recursos de la población.

En suma, la idea es recaudar un monto anual equivalente al 0,4% del producto interno bruto (PIB).

2- La segunda opción es gravar las transacciones bancarias con un impuesto. El Ejecutivo no ha anunciado de qué porcentaje sería el tributo ni el tipo de transacciones que serían gravadas, pero la idea es generar también un 0,4% del PIB por año.

En la primera propuesta para el FMI, presentada en setiembre, el Gobierno esperaba recaudar un 3% del PIB por año con una tasa del 0,3% sobre todo tipo de transacciones, incluidos hasta los retiros de cajeros automáticos.

3- La tercera opción es replantear el impuesto a las casas de lujo para generar un 0,17% del PIB.

En un comunicado, Casa Presidencial informó de que la idea es cobrar el tributo a las viviendas cuyo valor supere los ¢200 millones, con un tributo anual equivalente al 0,5% del valor de la propiedad.

Así, por una propiedad de ¢200 millones, el dueño tendría que pagar a Hacienda ¢1 millón al año.

La propuesta del Ejecutivo es que este nuevo tributo sustituya al impuesto solidario actual sobre las casas de lujo, que tiene otra estructura. La legislación vigente grava a las casas de superen los ¢133 millones.

El tributo se declara cada tres años, pero se paga anualmente, con tarifas diferenciadas según el valor de la construcción. La más baja es del 0,25%, para las viviendas que no superan los ¢334 millones.

En tanto, las casas valoradas entre ¢335 millones y ¢672 millones pagan un 0,30% del valor de la propiedad. Solo a los inmuebles de más de ¢1.680 millones se les cobra un 0,5%. De hecho, la tasa sube a un 0,55% para las propiedades de más de ¢2.000 millones.

La idea del Gobierno es unificar la tasa en un 0,5% a partir de los ¢200 millones.

Esta es la estructura actual:

Ver más

4- La cuarta opción es introducir el esquema de renta global a la hora de cobrar los impuestos. La meta es alcanzar entre un 0,12% y un 0,24% del PIB, confirmó el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

En la mesa de diálogo con sectores, se había calculado que este esquema podría generar el equivalente a un 0,10% del PIB. Sin embargo, el Gobierno evalúa ajustar las tarifas de cobro para aumentar la recaudación.

Renta global consiste en sumar los distintos ingresos de un contribuyente y, a partir de ello, ubicarla en una categoría de pago tributario, ya sea más baja o más alta. El sistema tiende a hacer pagar más a quien gana más.

El actual sistema de renta del país es territorial cedular, pues grava de manera diferente, y a diferentes tasas, los diversos ingresos del contribuyente.

Consultado sobre el mecanismo, el ministro de Hacienda indicó que los contribuyentes tendrían que unificar las rentas cedulares en una sola y pagar una sola tarifa, de acuerdo con sus ingresos totales, y no de forma separada.

Las tarifas aún se encuentran en revisión, añadió Villegas, quien acotó que serán progresivas de acuerdo con los ingresos.

“Estamos haciendo una revisión para ver cómo podemos hacer el ajuste y hacer la progresividad”, indicó.

En la mesa de diálogo, se habló de un techo para empresas del 27,5% y, en el caso de personas físicas, se dijo que el tema debía ser discutido.

---

Reunión en Casa Presidencial

Las propuestas la confirmaron a La Nación la diputada Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN) y el legislador independiente Jonathan Prendas, luego de la reunión que sostuvieron este martes con el Gobierno en Casa Presidencial.

Según Prendas, el Ejecutivo les expuso que la idea es aplicar alguna de esas medidas de forma individual, o combinar varias de ellas, para conseguir ingresos frescos equivalentes al 0,4% del producto interno bruto (PIB).

A la reunión asistieron Niño y Luis Fernando Chacón, jefe del PLN; Enrique Sánchez, vocero del Partido Acción Ciudadana (PAC); Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN) y los independientes Prendas y Zoila Rosa Volio.

La cita la condujeron las ministras Geannina Dinarte, de la Presidencia, y Pilar Garrido, de Planificación. Según Prendas, el presidente Carlos Alvarado no participó, aunque los legisladores esperaban que estuviera presente.

‘Hay que escoger la más socialmente viable’

Al salir de la reunión, Zoila Rosa Volio dijo que el tema de nuevos ingresos fue el más complicado y sensible de los que se discutieron.

Enfatizó en que, de todas las posibilidades que les plantearon Garrido y Dinarte, tendrán que escogerse las que tengan menor efecto negativo a nivel social.

“Dieron varias opciones, puede ser una, no tienen que ser todas. Digamos, las transacciones podrían dar el 0,4%, el IVA podría dar el 0,4%, devolviéndose a los dos deciles más bajos. También, el impuesto a las casas de lujo y la renta global”.

“Entonces, hay que escoger cuál podría ser la más socialmente viable, porque no podemos seguir afectando al costarricense en una época de pandemia, hay que ver cuál podría tener menor efecto a nivel social”, afirmó Volio.

Prendas, por otra parte, afirmó que los diputados del bloque fabricista no apoyarán la creación o incremento de ningún impuesto. Dijo que les desagrada particularmente el incremento del IVA, pero también se opone al impuesto sobre las casas de lujo.

Además, se opuso al esquema de renta global al argumentar que ya todos los sectores están aportando y anunció que el bloque Nueva República “hará lo humanamente posible” para los nuevos ingresos no sean aprobados.

Patricia Villegas, jefa de fracción del PIN, también afirmó que su partido no está de acuerdo en nuevos impuestos.

En tanto que Niño afirmó que las nuevas cargas impositivas son “la última opción”. Antes, afirmó, requieren que se recaude dinero por medio del combate a la evasión fiscal. Añadió que esperaba recibir más detalles, pues lo que se les proporcionó de momento fueron generalidades.

Pensiones con cargo al Presupuesto

De forma paralela, el Gobierno impulsaría otro plan para congelar el monto de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional que superen los ¢450.200 hasta que la deuda pública baje del 60% de la producción.

Actualmente, existen ocho regímenes contributivos y seis no contributivos cargados al presupuesto nacional. De esos, destacan los del Magisterio Nacional, Hacienda y Poder Legislativo y Obras Públicas y Transportes.

Al anunciar la preparación del proyecto de ley, Casa Presidencial dijo que la medida no afectaría a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque su financiamiento es propio y no recae en el Presupuesto Nacional.

“La medida permitiría contener otro de los disparadores del gasto público y ampliar el alcance de la regla fiscal”, dice el comunicado de prensa en el que la Presidencia anunció la propuesta.

Zapote también insistió en la aprobación de la reforma al empleo público, al señalar que podría ahorrar un monto equivalente al 0,81% del PIB a partir del 2023, siempre que se ajuste el proyecto.

Presidencia informó de que en las próximas semanas también presentará un proyecto de ley para implementar la regla global, otro que obligaría a las empresas del Estado a hacer un aporte económico que alivie la situación fiscal y uno más para vender la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape).