El Gobierno y los contribuyentes se ven obligados a pagar miles de pensiones de lujo sin recibir ni una sola de las cuotas que los beneficiarios aportaron durante su vida laboral para la jubilación.
¿A qué se debe esta situación? Estos pensionados son exfuncionarios públicos que entraron a trabajar al Estado antes de 1992, año en que el Congreso cerró los antiguos regímenes de pensiones del Poder Ejecutivo debido al enorme déficit que tenían a causa de las ventajas que ofrecían.
Tal es el caso de los sistemas de los exdiputados, Hacienda, Obras Públicas, Ferrocarriles, Guardia Civil, expresidentes de la República y excombatientes.
Tras el cierre de esos regímenes, hace 27 años, estos empleados siguieron laborando para el sector público y sus cotizaciones se dirigieron al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, a la hora de jubilarse, reclamaron el derecho de hacerlo con las condiciones de algunos de los antiguos regímenes porque la ley dejó el portillo abierto para quienes ingresaron a laborar antes de 1992 y le cargó el costo al Gobierno, en lo que se conoce como las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, administradas por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).
Ante la ausencia de un fondo para pagar estas pensiones, la DNP le solicita al IVM que le traslade las cuotas que estos funcionarios cotizaron durante su vida. Sin embargo, el régimen de la CCSS, que tampoco está en buenas condiciones, no entrega el dinero.
Entonces, el Gobierno se ve obligado a reconocerles a los beneficiarios las cuotas que entregaron al IVM y a cobrarles, en “cómodos pagos”, los aportes que les falten para acogerse a una pensión con un mayor monto y a una menor edad. En otras palabras, los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos la mayor parte de estas jubilaciones.
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La CCSC alega que no existe ninguna ley o reglamento que la obligue a girar esos fondos al Poder Ejecutivo y que tampoco la cobija el artículo 29 de la Ley Marco del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (7302).
Ese apartado establece que, cuando un cotizante se cambia a un régimen a cargo del Gobierno, la persona puede solicitar el traslado de las cuotas que ya había pagado a cualquier otro “régimen de pensiones del Estado”.
“Este no es un régimen de pensiones del Estado, sino más bien un régimen de pensiones de la Seguridad Social que está a cargo de una institución autónoma”, adujo la Caja mediante la oficina de prensa, tras una consulta de La Nación.
Esa fue la misma respuesta que la institución le dio a la DNP, del Ministerio de Trabajo, cuando esta última le pidió trasladar las cuotas de un cotizante, en noviembre del 2016.
Dicha respuesta no satisfizo al actual jerarca de esa dependencia, Luis Paulino Mora, quien en mayo del año pasado envió a la Procuraduría General de la República una consulta para esclarecer los alcances del artículo 29 de la ley 7302.
En criterio de Mora, el IVM sí es un régimen del Estado y, por lo tanto, las cuotas se deben depositar en las arcas del Ministerio de Hacienda.
“Con esa interpretación, no han venido pagando, pero si usted me pregunta qué es lo que yo considero, es que el espíritu de la norma era que esas cuotas fueran trasladadas al fondo con el que se va a pensionar el funcionario”, expresó Mora.
Nueve meses después, la Procuraduría todavía no resuelve la consulta hecha por el director de Pensiones y, según informó la oficina de prensa, la gestión "se encuentra en trámite”.
Disparidad entre pensionados y cotizantes
Esta disyuntiva entre la DNP y la CCSS ha generado una disparidad entre quienes reciben una pensión cubierta bajo alguno de los 14 regímenes con cargo al Presupuesto Nacional y la cantidad de personas que cotizaron para ellos, a lo largo de su vida.
Por ejemplo, al cierre del 2018 había 61.352 jubilados y solo 258 cotizantes, es decir, que por cada cotizante activo, el Estado pagaba 238 pensiones.
Estas jubilaciones se comerán el 9,7% del Presupuesto Nacional del 2019, o sea, ¢1.060.437 millones, y solo el 8% de esa suma proviene de las cotizaciones que hacen los trabajadores activos y los mismos pensionados. El resto sale de los impuestos.
Dichas pensiones se consideran de lujo porque los beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibirlas y se pensionaron con condiciones más favorables.
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Número desconocido
Luis Paulino Mora afirmó que el Gobierno desconoce el número de pensionados actuales cuyas cuotas el IVM nunca trasladó a las arcas del Gobierno, aunque asegura que sí es cuantificable y que ese cálculo se hará si la Procuraduría les da la razón sobre los alcances del artículo 29 de la ley marco del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
“No sabemos cuántos son, porque los que están cotizando son como 300, no son todos. Podrían ser muchísimos más que tengan derecho, pero que están cotizando para la Caja, y que en el momento que quieran venir, nos dicen ‘hágame el estudio’. Nosotros se lo hacemos; efectivamente, tiene derecho, ha venido cotizando con la Caja, entonces, nos debe una diferencia de cotizaciones, pero las puede pagar, inclusive en cómodas cuotas”.
“(...) Son personas que han estado cotizando al IVM, pero que nosotros no sabemos que tienen derecho con nosotros. Tendríamos que hacer un cotejo de la planilla anterior a 1992 con la gente que esté cotizando en la Caja, y, además, de cada una de esas personas, ver si tienen los años laborados en cada institución. Sería un trabajo que nos demandaría mucho tiempo”, explicó Mora.
¿Por qué se trasladan del IVM a un régimen a cargo del Gobierno?
Las condiciones más favorables son las que seducen a los funcionarios públicos a salir del IVM y optar por una pensión de lujo del Gobierno, sobre todo porque evaden el tope de ¢1,6 millones impuesto a las jubilaciones de la CCSS, frente a los ¢2,7 millones que gira Hacienda, es decir, una diferencia de ¢1,1 millones.
Además, el monto de jubilación se calcula con base en el promedio de los 12 mejores salarios, de los últimos 24 devengados, y reciben el 100% de esa cifra.
Mientras, en la Caja no se les entrega ese promedio completo, sino un porcentaje que no se calcula ni siquiera sobre el promedio de los últimos 240 salarios, sino sobre los últimos 60 meses. Y de ese promedio de los últimos 60 salarios, se les gira entre un 52,5% y un 43%, con base en una tabla.
Otro beneficio es que las personas se pueden jubilar cinco años antes, porque con el IVM la edad mínima de retiro es 65 años, y en el Gobierno, de 60 años.
“Con la misma plata que nosotros pensionamos a 60.000 personas, la Caja pensiona a 180.000, o sea, que un pensionado con cargo al presupuesto equivale, en promedio, a tres pensionados de la Caja, sin contar el régimen no contributivo”, declaró Luis Paulino Mora.