Gobierno investigará a Alberto Raven y Paola Mora por presunta alteración de actas del BCR

Proceso fue acordado por el Consejo de Gobierno, tras conocer "documentos y audios" entregados por funcionarios del banco

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El Consejo de Gobierno acordó este martes investigar a los directivos suspendidos del BCR, Alberto Raven y Paola Mora, por una presunta alteración de actas de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR).

Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, anunció que la apertura del proceso administrativo la acordó el Consejo de Gobierno, tras conocer "unos documentos y audios" que le habrían entregado funcionarios del BCR a Helio Fallas, vicepresidente de la República.

El jerarca comunicó que dichos archivos hacen referencia "a una serie de aspectos que han sido muy comentados hasta el día de hoy, en relación con el tema de unas actas que aparentemente habían sido alteradas", sin detallar cuáles funcionarios suministraron la información.

La decisión llega un mes después de que, el 7 de noviembre, el secretario de Actas del BCR, Pablo Villegas, reconoció en el Congreso que el acta de la sesión del 26 de abril de este año, en la que Raven se refirió a la línea de crédito otorgada a la empresa Sinocem, de Juan Carlos Bolaños, fue modificada sin someter el cambio a votación.

Raven había sido fiscal de la compañía cementera Holcim, competencia de Sinocem.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, dijo sobre el procedimiento administrativo que se acordó abrir: “Como todos (los procedimientos administrativos), tiene el objetivo de determinar la verdad de los hechos y, en caso de acreditarse algún acto que pudiera considerarse violatorio de los deberes y las normas que rigen estos actos, imponer sanciones si corresponden”.

Según había declarado el secretario de Actas ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, el contenido de la sesión del 26 de abril fue ajustado después de que el acta original quedara en firme y sin el consentimiento del pleno de la cúpula del banco.

En setiembre, Raven aseguró bajo juramento, en la Asamblea Legislativa, que en la sesión del 26 de abril él nunca se refirió al polémico préstamo otorgado a Bolaños, por considerar que hacerlo le acarrearía un conflicto de intereses.

El directivo, incluso, le aportó una copia de la acta de esa sesión a los diputados.

No obstante, en la misma comparecencia legislativa, la también directiva del BCR, Paola Mora, reveló que existían dos versiones de la intervención de Raven: la que mostró Raven y una previa, según la cual el directivo manifestó que “en lo personal, nunca hubiera aprobado el financiamiento a una empresa que no tenía experiencia en el ámbito comercial, y se desconocía si tenía la capacidad para la manipulación y la colocación del producto en el mercado costarricense”.

Posteriormente, el 7 de noviembre, el secretario de Actas aceptó que el acta de la sesión del 26 de abril fue aprobada el 3 de mayo pero que, esa misma noche, la directiva Paola Mora lo llamó para solicitarle que las declaraciones de Raven fueran modificadas.

Dijo que la modificación se hizo con el objetivo de “proteger” al directivo Alberto Raven. Villegas agregó que él redactó una nueva versión del acta con los detalles que Mora le indicó en un audio de WhatsApp. “Ella (Mora) me indica que, para proteger a don Alberto Raven, se conversó con él”, declaró Villegas.

“En el caso especial de la intervención del director Alberto Raven, recibí una llamada de Paola Mora en calidad de presidenta de la Junta Directiva en ese momento, quien me informó que se había comunicado con don Alberto y que ella le pidió la anuencia para simplificar su intervención (...). La señora Mora me sugirió la propuesta de ajuste y me solicitó que se la remitiera al señor Raven. Don Alberto me indicó vía correo electrónico que escogía la segunda versión”, dijo el secretario de Actas.

No obstante, esa nueva versión nunca fue sometida a la aprobación de los demás directivos, admitió ante los diputados.

Raven y Mora fueron suspendidos de sus puestos el 3 de octubre, luego de que un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtiera de que persistían conflictos entre los miembros de Junta Directiva, que afectaban la gobernanza del BCR y ponían en peligro sus operaciones.