El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa una versión revisada del proyecto de ley para poner a competir a plataformas tecnológicas de transporte como Uber y Didi, con el servicio de taxis.
Esta actualización, presentada el jueves 29 de febrero por la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, muestra cambios mínimos, siendo el más notable la reversión de la propuesta original, presentada en mayo de 2023, de derogar la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi.
Al mantener intacta esta legislación, se aclara que los taxis seguirán operando bajo la concesión otorgada por el Consejo de Transporte Público (CTP). Sin embargo, se les permitirá ofrecer servicios de transporte mediante plataformas digitales, bajo una nueva figura denominada Servicio de taxi dual, concepto que introduce el texto actualizado.
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Otro cambio en el nuevo texto es que el título habilitante (permiso) para operar mediante plataforma tecnológica o taxi dual tendrá una vigencia de 10 años, con posibilidad de prórroga, en lugar de los 14 años que proponía inicialmente el Gobierno en el texto original.
Según esta disposición, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) será el organismo encargado de otorgar los permisos, a través de sus entidades, no solo al conductor, sino también a los vehículos, plataformas y empresas tecnológicas involucradas.
En términos generales, el proyecto revisado del Ejecutivo conserva las disposiciones para un Servicio Económico de Interés General, el cual estará sujeto a las normas del libre mercado pero será supervisado por el Estado.
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Para los conductores de plataforma y taxis, mantiene una serie de requisitos como registrarse ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda, así como contar con una póliza de riesgos del trabajo para trabajadores independientes, entre otros.
Taxistas se oponen al proyecto
Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), señaló que la decisión de no derogar la ley de taxis es parte de un acuerdo con el Gobierno.
Sin embargo, reiteró sus críticas hacia la iniciativa de ley en otros aspectos como la ausencia de una misma tarifa para plataformas y taxis.
Vargas señaló que desde la presentación del primer texto del actual gobierno, quedaron tres temas pendientes por consensuar con el ejecutivo y las plataformas. Estos son la cantidad de vehículos con aplicaciones que entrarían a operar, una tarifa única y que la figura legal de operación sea la de transporte público no privado.
“El texto nuestro consensuado entre el MOPT, taxistas y plataformas fue manoseado en la Casa Presidencial”, aseguró Vargas. “Nos tocará dar la pelea en la Asamblea Legislativa”, adelantó el dirigente.
Tanto el texto original como el revisado proponen que Uber, DiDi y los taxis establezcan un precio mínimo común para sus viajes, a partir del cual regirán condiciones de libre mercado en las que conductores y usuarios podrán negociar los montos.
Aunque también permite que los precios se definan de previo mediante la aplicación tecnológica y mediante el taxímetro.
El precio mínimo, concebido para asegurar una rentabilidad bruta mínima por kilómetro, se determinará semestralmente por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el MOPT, en lugar de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
MOPT: Nuevo texto busca equilibrio
El MOPT, consultado por La Nación, afirma que el Ejecutivo está comprometido en alcanzar un texto de consenso para satisfacer a todas las partes involucradas: taxistas, plataformas y conductores.
A pesar de tres reuniones con taxistas para mejorar el texto, añade, las últimas versiones no alcanzaron el equilibrio deseado.
En ese sentido, indica, el texto sustitutivo se considera el más cercano al objetivo deseado, reflejando la esencia original presentada en mayo anterior y cumpliendo con el compromiso del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de atender las preocupaciones de todas las partes, incluida la solicitud de los taxistas de no derogar la Ley de taxis.