El gobierno ordenó desalojar una propiedad que el Estado de Venezuela tiene en Los Yoses, Montes de Oca, la cual fue cedida por el régimen de Nicolás Maduro a simpatizantes chavistas en Costa Rica. No obstante, luego la administración de Carlos Alvarado congeló la acción.

El inmueble de 4.400 metros cuadrados sirvió como residencia del embajador de Venezuela hasta inicios de este año, cuando Costa Rica reconoció al diputado opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente encargado del país suramericano.

El régimen, entonces, decidió destinar la propiedad a la creación de un centro cultural administrado por costarricenses afines a Maduro, al tiempo que la embajadora de Guaidó, María Faría, reclama el uso de la propiedad.

El canciller de la República, Manuel Ventura, afirmó que su cartera suspendió la orden administrativa hace aproximadamente un mes, apenas unas dos semanas después de que la propia Casa Amarilla solicitara el desalojo al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

“Ellos (el MSP) la tienen que ejecutar, pero nosotros solicitamos que no se hiciera todavía. Son razones de política internacional que no le puedo explicar en este momento", aseveró Ventura.

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El ministro explicó que la gestión se hizo con base en la legislación nacional y en lo estipulado por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Añadió que el trámite se inició a raíz de que la representante de Guaidó en Costa Rica le solicitó a la Casa Amarilla recuperar ese bien. La casa está registrada desde 1992 a nombre del gobierno de Venezuela.

La Nación intentó consultarle a Faría sobre esa solicitud. No obstante, su asistente Carolina Díaz aseveró que ella se encontraba en reunión.

"Lo que nos corresponde informar (es que) hemos realizado las gestiones pertinentes dentro del marco jurídico costarricense y el derecho internacional”, añadió Díaz.

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El derecho de posesión de la propiedad fue traspasado en febrero de este año por el régimen de Maduro al exdiputado costarricense Álvaro Montero Mejía, previo que los diplomáticos de Maduro abandonaran el país por orden del gobierno de Costa Rica.

La cesión la efectuó Norma Borge, una de las diplomáticas de Maduro acreditadas en San José que debió abandonar el país el 13 de abril, dos días antes de que se venciera el plazo de dos meses para salir del país.

A su vez, Mejía Montero, legislador por la coalición de izquierda Pueblo Unido entre 1983 y 1986, puso la casa a disposición de sindicalistas, organizaciones sociales y cooperativas. Ahora el edificio sirve como “casa cultural Simón Bolívar”.

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La Nación le consultó al canciller cuándo se se reactivaría la orden de desalojo, a lo que él contestó lo siguiente: “No sé en este momento, en este momento no tengo instrucciones de hacerlo”.

- ¿Esa instrucciones de detenerla vinieron de parte de la Presidencia?

Mire, la Presidencia es uno de los que ha estado implicado en esto, conversado con nosotros, pero también hay otros funcionarios y de momento no nos hemos puesto de acuerdo. Y ya cuando haya un acuerdo se hará saber.

- ¿Un acuerdo entre Presidencia, Cancillería y asesores de cancillería?

Exactamente.

- ¿Por qué se emitió una orden de desalojo y se suspendió dos semanas después?

“Para que se puede proceder inmediatamente en el momento que se estime pertinente”.

¿Es una orden preventiva?

Ajá.

- El presidente Carlos Alvarado le dio una orden de suspenderla?

Yo conversé con él, él me dio su opinión.

- ¿Cual fue esa opinión?

No, no se lo puedo decir.

Celso Gamboa: No se puede ejecutar el desalojo

El exmagistrado Celso Gamboa, representante del gobierno de Maduro en Costa Rica en una demanda por el delito de usurpación en contra de Faría, atribuyó la acción de la Casa Amarilla como un “error de procedimiento”.

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Gamboa afirma que a raíz de la orden costarricense de expulsar a los diplomáticos de Maduro y el ingreso de un grupo de personas liderada por Faría en la sede de la embajada de Venezuela ubicada al frente de la residencia en Los Yoses, en febrero anterior, el gobierno de Maduro decidió traspasar a Montero Mejía el derecho de posesión de la propiedad para “ponerla a buen resguardo”.

"Siempre han querido, eso no es nuevo para nosotros. Lo que pasa que no saben ni siquiera seguir los procedimientos básicos. Si no saben hacer un desalojo es problema de ellos.

“Está protegida de modo tal que no puede ser entregada a otra persona porque estaría yendo contra el derecho de posesión que ya tienen personas costarricenses que tienen en buen resguardo la residencia (...). No es un tema de derecho internacional, es tema doméstico, no sé si se equivocaron", señaló el exmagistardo.

Gamboa asevero que Maduro ha dado por zanjado ese conflicto, dado que el gobierno de Costa Rica decidió no reconocer su mandato “y Venezuela lo respeta”.

“Pero los bienes venezolanos aquí en Costa Rica también son sujetos de respeto. Si usted tiene una propiedad en algún lugar y quiere desalojar a alguien, aunque sea la Cancillería o un particular, tiene que seguir un procedimiento”, añadió el abogado.

Gamboa atribuye la acción del Gobierno de Costa Rica a un intento de generar una cortina de humo para desviar la atención de “problemas internos".