Un criterio de la Procuraduría General de la República obligó al gobierno a presupuestar el pago del incremento salarial del sector público del 2020, por costo de vida, luego de que lo congeló con el fin de contener el gasto durante la emergencia del coronavirus.
Mediante una nota con fecha del 3 de junio, el Ministerio de Hacienda les informó a todas las instituciones cubiertas por el Presupuesto Nacional que, a raíz de una consulta evacuada por la Procuraduría, el aumento decretado para este año, “aun cuando se encuentra suspendido, forma parte del patrimonio de cada funcionario público, por lo que su pago debe hacerse efectivo”.
Por tanto, Hacienda les pidió a las entidades tomar las previsiones necesarias para que, en el presupuesto del 2021, “se consideren los recursos que permitan financiar el incremento por costo de vida del 2020” respetando el gasto máximo de cada institución.
Esta previsión presupuestaria debe incluirse en el apartado de salarios base del próximo año considerando 24 meses, “con el fin de cubrir lo correspondiente a 12 meses del 2020 y actualizar el 2021”.
El ajuste, a su vez, incidirá en los pluses que aún son porcentuales, así como en el salario escolar, el aguinaldo y las cargas sociales.
El aumento salarial del 2020 es de ¢7.500 para la mayoría de empleados públicos y de ¢9.000 para los que tengan salarios base inferiores a ¢300.000.
Con el congelamiento, que entró a regir en la segunda quincena de marzo, el Ejecutivo espera disponer de unos ¢14.000 millones este año para atender la pandemia.
Elián Villegas, ministro de Hacienda, advirtió de que el componente que debe pagarse es el referente a costo de vida, por lo que pidió el departamento Legal del Ministerio revisar todo lo relativo a este rubro. “Costo de vida no significa todo el aumento”, dijo.
El jerarca, además, señaló que hay una gran diferencia entre el congelamiento salarial del 2020, que se aplicó por decreto en marzo, y la medida extraordinaria que se tendrá que tomar a partir del otro año según la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La regla fiscal establece que, cuando la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurrirá en el 2020, al año siguiente se aplicará la siguiente medida:
“No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”.
En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, las autoridades ya tomaron las previsiones para presupuestar el aumento por costo de vida del 2020, en el presupuesto del próximo año, pero respetando la regla fiscal.
Así lo informó la oficina de Prensa, la cual explicó que el alza salarial les demanda ¢1.800 millones correspondientes al 2020 y ¢2.000 millones correspondientes al 2021.
En consecuencia, para cumplir con el incremento por costo de vida de este año, sin irrespetar el límite el gasto, será necesario tomar recursos de algún otro programa o partida del presupuesto del próximo año.