El Frente Amplio calificó como un acto de "corrupción y chantaje" que el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, le haya ofrecido un puesto de embajadora a la procuradora general, Ana Lorena Brenes, aunque el nombramiento de ella vence hasta mayo del 2016.
Gerardo Vargas, jefe de fracción del partido, informó de que su bancada le pedirá explicaciones al presidente, Luis Guillermo Solís, sobre el caso. Le solicitará aclarar si autorizó o no al viceministro a ofrecerle el puesto a la procuradora y, en caso de que no lo haya hecho, le exigirá explicar qué hará entonces con Daniel Soley.
"Me parece un acto sumamente grave . A ojos de nosotros, es un acto de corrupción y chantaje. Si el presidente no lo autorizó, debe tomar acciones drásticas con el viceministro. Es un acto que contradice los postulados del PAC. Solís le dijo al pueblo que iba a gobernar diferente y eso que hizo el viceministro no tiene nada de diferente de lo que ha hecho Liberación Nacional toda la vida", manifestó el legislador.
Vargas agregó que, si el Partido Acción Ciudadana (PAC) quiere mantener el control del Directorio legislativo en la elección del próximo el 1°. de mayo, esto le está haciendo mucho daño.
"Esto no le ayuda para nada en mantener el Directorio en la Asamblea. Aunque nosotros hemos apoyado el gobierno de Luis Guillermo, no vamos a permitir que cosas como estas se queden calladas, lo vamos a denunciar y le pedimos al presidente que dé explicaciones claras", enfatizó el legislador frenteamplista.
Por su parte, en horas de la mañana, el presidente Solís dio por cerrado el caso al hablar con la prensa, en Guadalupe, tras la inauguración de tres nuevas rutas de bus.
“Sobre eso yo ya me pronuncié de manera contundente, categórica. No hay ninguna intención del Poder Ejecutivo de socavar la autoridad ni la autonomía de la señora procuradora general de la República, no estoy diciendo nada que no haya dicho en anteriores ocasiones”, dijo el mandatario.
“Sobre el tema específico este, yo creo que ya he dado suficientes declaraciones y suficientemente contundentes. El Gobierno respeta la autonomía de los poderes del Estado y continuará haciéndolo y, en lo que toca a la Procuraduría General de la República, el funcionamiento de la misma queda asegurado y su independencia garantizada en los términos en que lo define la ley”, continuó Solís.
Cuando los periodistas le preguntaron si investigaría el caso o si aplicaría sanciones, el gobernante se retiró.
El llamado del Frente Amplio se suma a los que hicieron el diputado del PAC, Ottón Solís, y la fracción del PLN. El Movimiento Libertario, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Alianza Demócrata Cristiana también han cuestionado el accionar del Gobierno en el caso de la procuradora.
En criterio de este diputado del PAC, es un acto de corrupción ofrecer un puesto a una funcionaria que ha resultado “incómoda” para el Ejecutivo, pues se opuso al levantamiento del veto a la ley que entregó la calle 13 bis de San José a un grupo de artesanos y al nombramiento del obispo luterano, Melvin Jiménez, como ministro de la Presidencia.
Colaboró el periodista Luis Miguel Herrera