El Ministerio Público entró a investigar a la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) por un presunto delito de peculado.
La indagación se cierne sobre el intento de cinco directores por autonombrarse en las directivas de tres de las cuatro empresas subsidiarias del BN , lo cual les habría acarreado mayores pagos de dietas.
El pasado 22 de julio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción pidió a la Auditoría Interna del Banco Nacional la información relacionada con el caso.
La solicitud detalla que está abierta una investigación penal por presunto peculado, por lo que se pide copia de las actas 12.502, 12.053, 12.054 y 12.055 del 25 de enero de este año, así como las 12.057 y 12.061 del 15 de febrero.
Fue en esas actas en las que cinco de los siete directores del BN intentaron acaparar las juntas de BN Valores, BN Corredora de Seguros y BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI).
Ana Isabel Solano (presidenta), Jorge Méndez, Víctor Carranza, Jennifer Morsink y Luis Pal modificaron la composición de las directivas de las sociedades anónimas para autonombrarse en estas.
Se opusieron Jeannette Ruiz y Víctor Ramírez; ellos no solo votaron en contra, sino que renunciaron a los cargos que se les asignaron en las subsidiarias.
De ratificarse los autonombramientos, Pal y Méndez habrían participado en cuatro juntas directivas, por ejemplo, mientras que Ana Isabel Solano en cinco, incluida la del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), del cual el BN es socio.
Los directores habrían recibido ¢202.800 por cada sesión de junta en las subsidiarias, que se reúnen al menos dos veces al mes.
La decisión no quedó en firme, pues fue sometida a revisión. Los cinco directores renunciaron a los cargos el 10 de marzo.
La Fiscalía también solicitó información sobre el pago de dietas y sobre la conformación actual de las Juntas Directivas.
Jorge Méndez afirmó que esta investigación es un asunto “muy viejo”, que obedece a que la persona que denunció los nombramientos mandó copia a la Contraloría General, al Ministerio Público y la Asamblea Legislativa.
También consideró que la solicitud de documentos por parte de la Fiscalía es un trámite normal.
“Además, donde hay pretensiones por el poder, luchas por el poder, las denuncias van y vienen, la mayoría quedan en los archivos de la Fiscalía o de la Procuraduría, es una práctica. Lamentablemente, es una mala práctica utilizar las instituciones costarricenses para hacer control con intereses políticos”, declaró.
Luis Pal dijo que sabía principalmente que estaban pidiendo actas de la directiva del Nacional, pero aseguró no conocer mucho de la denuncia.
En febrero pasado, la presidenta del BN defendió los nombramientos con el argumento de que se ajustaban a las mejores prácticas de dirección corporativa, involucrando a los directores en las subsidiarias. No obstante, el artículo 32 del Código de Gobierno Corporativo del Conglomerado Financiero Banco Nacional limita a solo dos puestos la representación de los directores del Banco en las sociedades.