El Ministerio Público achaca un presunto incumplimiento de deberes a la directora jurídica del Banco Nacional (BN), Marietta Herrera Cantillo, en torno al Caso Gallo Tapado, en el que se investiga un aparente robo de ¢3.293 millones en las bóvedas de la entidad.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó a la jefa legal en la causa porque, al parecer, “habría tenido conocimiento de los hechos delictivos y se cree que omitió su deber de denunciar”.
Según consta en el expediente del caso, la inclusión de Herrera surgió a raíz de la entrevista que la Fiscalía hizo a David Hernández Mora, jefe de Seguridad e Investigaciones del Banco, el pasado 24 de octubre. Este funcionario estuvo presente en las diligencias internas hechas el 3 del mismo mes, día en que se detectó el faltante de dinero en las bóvedas.
Hernández declaró al Ministerio Público que realizaron procedimientos de control, conocidos como arqueos, desde las 3 p. m. del martes 3 de octubre hasta las 8 a. m. del día 4. Expuso que había “un desorden completo” en los cofres donde se guarda el dinero en efectivo.
Según explicó, la noche de ese martes, su equipo analizó con la directora jurídica del BN si daban parte a las autoridades, pero no tenían insumos para la denuncia y, por tanto, decidieron “revisar para descartar”.
El funcionario añadió que, dos semanas después, discutieron nuevamente si presentaban la denuncia; sin embargo, “Marietta (Herrera) generó la recomendación de que no hay insumos muy contundentes para establecer una denuncia” y recomendó “revisar primero”.
El jefe de Seguridad subrayó que esa sugerencia fue avalada por la alta gerencia, aunque aclaró que no sabía quién tomó la decisión final. “No sé quién fue, pero son decisiones colegiadas”, declaró.
Esto provocó que pasaran 20 días antes de que el Banco Nacional presentara la denuncia penal el 23 de octubre, cuando ya la Fiscalía y el Ministerio Público actuaban de oficio, lo cual afectó seriamente la labor de investigación.
Para la Fiscalía de Anticorrupción, no poner este delito en conocimiento de las autoridades causó que muchos indicios de importancia para la investigación corrieran el peligro de perderse, “provocando que no se llegue a conocer la verdad real de los hechos y, por ende, la impunidad de los responsables”.
Por ello, el Ministerio Público incluyó a la directora jurídica como investigada el 2 de noviembre e, incluso, ordenó el allanamiento de su oficina.
El ente fiscalizador argumentó que Herrera fue la persona que tomó la decisión de no presentar la denuncia a tiempo, situación que calificó como “completamente anómala” y una omisión a su deber.
El 8 de noviembre del 2023, un juez penal del II Circuito Judicial de San José notificó a Herrera que autorizaba el allanamiento de su oficina para el secuestro de insumos para la investigación.
Ese mismo día, el OIJ y la Fiscalía allanaron la oficina de la jefa legal por el presunto incumplimiento de deberes, al tiempo que, en otros sitios, detuvieron a otros siete funcionarios del Nacional y a un trabajador de seguridad privada, todos sospechosos de facilitar el robo del dinero.
La institución financiera confirmó a La Nación que la directora jurídica fue suspendida del cargo por tres meses, desde el pasado 8 de noviembre, ya que debe investigarse si administrativamente existió alguna falta que deba ser sancionada por el banco. De ser necesario, la pena puede prorrogarse.
Desiste de proceso abreviado
El 8 de noviembre, la Fiscalía informó a Herrera del presunto delito que se le achaca. En ese momento, la funcionaria no contaba con abogado y se representó a sí misma; además, se abstuvo de declarar.
Las autoridades también le indicaron sobre la posibilidad de un procedimiento abreviado para evitar ir a juicio. Aunque el documento de la toma de declaración cita que Herrera manifestó estar de acuerdo con una conciliación, el abogado Rodolfo Brenes, defensor de la funcionaria, declaró a La Nación que esa no es una opción que su clienta vaya a tomar.
“Ese documento es la indagatoria, es un formulario en que se le pregunta a las partes si estarían eventualmente dispuestos a someterse a medidas alternas o procedimiento abreviado, pero nunca se valoró esa posibilidad, está descartado. Doña Marietta no se va a someter a ningún proceso abreviado porque no ha cometido delito alguno”, declaró Brenes.
En el caso Gallo Tapado, el principal sospechoso es un tesorero de procesamiento de efectivo de apellidos Olivas Valle, detenido por su presunta vinculación con el robo.
El expediente se llama así porque, al parecer, Olivas acostumbrada a apostar cuantiosas cifras de dinero en loterías legales y clandestinas.
Según la Policía Judicial, hubo fallos en la seguridad bancaria y en los procedimientos de control que habrían facilitado la millonaria sustracción.