Emilia Navas, fiscala general de la República, urgió a los diputados a frenar la votación del proyecto de ley de Justicia Restaurativa, prevista para este lunes a las 6 p. m.
En conversación con La Nación, Navas argumentó que este plan obligará a las mujeres víctimas de agresión a negociar con sus agresores, con lo que el Ministerio Público no está de acuerdo.
"A nivel nacional e internacional, existe la posición de que los delitos sexuales y los delitos de violencia contra la mujeres no pueden ser sometidos a ningún tipo de medida alterna como la mediación, la conciliación o la justicia restaurativa; y resulta que este proyecto de ley permite que mujeres que han sido víctimas de violencia, por parte de sus ofensores, se sienten a la mesa a negociar y se pongan de acuerdo entre ellos".
El Ministerio Público considera que eso podría ocurrir por una contradicción que contiene el proyecto de ley. El texto especifica que las agresiones contra mujeres no se pueden resolver por la vía de la justicia restaurativa. No obstante, artículos posteriores señalan que la Unidad de Justicia Restaurativa va a atender a las víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales.
Navas considera que, de esa forma, se deja abierta la puerta para que los abogados defensores de los agresores apelen tal ambigüedad y pidan medidas alternativas para sus clientes.
"Si no se arregla, hay posibilidad de que los jueces la apliquen y hay posibilidades de que los defensores reclamen la aplicación de la posibilidad de negociar en asuntos de violencia doméstica o de asuntos de violencia contra la mujer", explicó Navas.
El proyecto de Justicia Restaurativa lo que pretende es que personas acusadas de delitos menores tengan la posibilidad de cumplir medidas alternativas, como trabajos comunitarios o terapias, si la víctima está de acuerdo, en lugar de recibir las penas convencionales.
Emilia Navas dijo que la Fiscalía está de acuerdo con esta idea, pero no para los agresores de mujeres.
"Estas son mujeres vulnerabilizadas. Consideramos que no están en igualdad de condiciones para negociar un acuerdo, para solucionar el conflicto que ameritó la apertura de una investigación penal", declaró la fiscala general.
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Además, añade otras dos razones para oponerse.
Una es que el proyecto, según dijo, exigiría crear programas de atención para los agresores de mujeres con recursos de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público.
"No estamos de acuerdo con que un programa de masculinidad para los ofensores, pese a que tienen muy buena intención porque lo que intenta es que no vuelvan a reiterar su conducta agresiva, esté dentro del Ministerio Público y se vaya a sustentar con los recursos que, por ley, le corresponden a las víctimas de violencia doméstica", dijo.
Según dijo, no es posible que un solo fiscal tenga que atender a la víctima y al agresor.
La otra razón es que el artículo 6 del proyecto dice que habrá una dirección que determinará las tareas del Ministerio Público en cuanto al programa de justicia restaurativa se refiere, lo que en su criterio atenta contra la independencia del Ministerio Público.
"Ni el Ministerio Público ni ninguna dependencia debe de estar por debajo de una oficina ajena a esta institución, esto atenta contra la independencia", enfatizó.
El proyecto, impulsado por la Sala III, está para votarse esta noche en la comisión con potestad legislativa plena primera. Los diputados de ese foro legislativo deben decidir si proceden de una vez con el segundo debate del proyecto de ley, o si lo devuelven a comisión para modificarlo.
La fiscala adjunta, Mayra Campos, en tanto, afirmó que, de no ser así, el Ministerio Público está dispuesto a llevar el caso a la Sala IV o, incluso, solicitar al presidente Carlos Alvarado que vete la iniciativa.
A diferencia de la fiscala general, la magistrada de la Sala III, Doris Arias, insta a los diputados a aprobar el proyecto de una vez, pues estima que el gasto que critica el Ministerio Público será más bien una inversión en prevención, para evitar que los ofensores de la ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres reiteren las agresiones.
La alta jueza, además, sostiene que la creación de la Unidad de Atención en Justicia Restaurativa en la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, se planteó en el proyecto de ley según lo pidió el gobierno anterior, a través del Inamu y de la exvicepresidenta Ana Helena Chacón.
Las razones en detalle
Las críticas de la fiscala son, específicamente, a la forma en la que están redactados dos artículos: uno es el artículo 6, el cual delimita la implementación de la ley en el Poder Judicial.
"Pese a que el artículo dice que las oficinas que ejercen la acción penal quedan fuera del alcance de ese ente rector (la Dirección de Justicia Restaurativa, dependiente de los magistrados), lo cierto es que el Ministerio Público tiene oficinas que no ejercen la acción penal, como lo es la Oficina de Atención a la Víctima del Delito.
"En esa y en otras oficinas que no se ejerce la acción penal, el ente rector tendría la posibilidad de definir el uso de recursos económicos y de nombramiento de personal y disponer sobre la estructura administrativa", señaló el Ministerio Público en un comunicado .
El otro artículo conflictivo, según Navas, es el 55, el cual ordena la creación de una Unidad de Atención en Justicia Restaurativa en la Oficina de Atención a Víctimas del Ministerio Público.
"En los últimos dos renglones del primer párrafo del artículo se establece que se crearán las previsiones presupuestarias para que, del fondo de atención a víctimas, se le dé sostenibilidad a la Unidad de Justicia Restaurativa. Eso implica que el dinero que se ha venido destinando a la atención y protección de personas víctimas de delitos se utilice, por ejemplo, en la creación de nuevas plazas y en la compra de vehículos, sin que el presupuesto para las víctimas aumente", dice el comunicado de la Fiscalía.
Navas pide que esas dos secciones del proyecto se enmienden antes de aprobar la iniciativa.