El Ministerio Público le solicitó al presidente Carlos Alvarado vetar parcialmente la Ley de Justicia Restaurativa que la Asamblea Legislativa aprobó hace tres semanas.
La Fiscalía insiste en que el texto aprobado permitirá que quienes cometen delitos patrimoniales contra las mujeres reciban medidas alternativas en vez de condenas convencionales, a lo cual la entidad se opone.
El proyecto de Justicia Restaurativa permitirá los responsables de delitos menores cumplan reciban medidas “restaurativas”, como donaciones a las víctimas o a instituciones sociales, trabajo comunitario, abordajes socioeducativos para reinserción social o terapias de desintoxicación.
Se podrían resolver por esta vía delitos sin violencia contra las personas, como conducción temeraria, descuido de animales, delitos culposos, hurtos, lesiones leves o estafas menores.
No obstante, la Fiscalía sostiene que el proyecto tienen un error que incluiría también los delitos contra las mujeres.
El Ministerio Público hizo la instancia a Casa Presidencial incluso después de que un grupo de diputados presentara un proyecto para subsanar los errores que, según reconocieron, contiene el texto.
De acuerdo con el Ministerio Público, la propuesta de enmienda que presentaron los legisladores el miércoles es insuficiente para salvaguardar la independencia del Ministerio Público, así como para asegurar que no se van a destinar recursos del Fondo Especial de Ayuda a Víctimas a financiar la Unidad de Justicia Restaurativa.
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La Fiscalía también hizo hincapié en que el segundo proyecto no corrige el portillo que se creó para que se acojan a procesos restaurativos las personas que cometan delitos patrimoniales sancionados por la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
Violencia patrimonial es todo aquel acto en el que un cónyuge o pareja restrinja o violente el derecho de una mujer de administrar libremente los bienes que le pertenecen, como propiedades o incluso el salario.
Para el Ministerio Público, ese portillo transgrede los convenios y tratados internacionales de protección a las víctimas de violencia de género.
La institución, además, asegura que la nueva propuesta de los diputados es "absolutamente omisa" con respecto a la preocupación de la Fiscalía sobre la violación de su autonomía.
En opinión de Emilia Navas, fiscala general de la República, la creación de una Dirección de Justicia Restaurativa bajo la autoridad de los magistrados violenta el principio de independencia que rige al Poder Judicial, pues supondría que los altos jueces puedan dictarle órdenes a funcionarios del Ministerio Público, al cual está adscrita la Oficina de Atención a la Víctima.
"En un Estado de Derecho, garantizar la independencia del órgano llamado a requerir de los tribunales de justicia penal la aplicación de la ley, resulta fundamental, -como lo ha comprendido en los últimos meses el país entero- es por ello, que cuando se subordinan oficinas a cargo del Ministerio Público a entes rectores externos al Ministerio Fiscal, se atenta contra un pilar fundamental de la institucionalidad democrática y su correcto funcionamiento", dice una carta dirigida a Alvarado y divulgada este viernes por la Fiscalía.
Finalmente, la Fiscalía critica que la ley destine dinero del fondo especial para la protección a víctimas y testigos a la nueva Unidad de Atención en Justicia Restaurativa que se crearía dentro de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del delito.
“Señor Presidente, la Ley de Protección de Víctimas y Testigos se creó para mitigar el dolor y muertes de personas que perdieron un ser querido debido a un hecho violento, nos oponemos a que ese fondo creado para desvictimizar, proteger y ayudar a los más vulnerables de esta sociedad se tomen para un proyecto destinado a restaurar imputados”, señaló la Fiscalía en el documento que envió a Zapote.
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El Ministerio Público señaló que las correcciones a la ley deben hacerse antes de que la misma quede en firme, no después.
La Ley de Justicia Restaurativa fue aprobada por los diputados de la comisión con potestad plena primera el lunes 11 de junio, con el apoyo de todas las fracciones legislativas, excepto el Partido Integración Nacional (PIN).
Una vez que la propuesta fue aprobada por los legisladores, fue enviada a Casa Presidencial para que reciba la firma de Alvarado. No obstante, si el mandatario accede a la petición de la Fiscalía, el texto volverá a la Asamblea.
Ahí hay dos opciones: los diputados pueden modificar el proyecto y volverle a dar trámite o mantener su voto inicial, y ratificarlo sin cambios, con lo cual quedaría definitivamente aprobado.