El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, niega que las acusaciones del Ministerio Público contra dirigentes de partidos políticos tengan una dosis de revancha o de cálculo electoral.
Chavarría sube el tono al hablar del tema. Sostiene que la Fiscalía actúa con base en la ley, sin pensar en el tiempo electoral.
Lo dijo después de acusar a figuras del Movimiento Libertario de estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con el cobro de ¢240 millones por cursos ficticios, en el 2010 . Pretende finalizar las investigaciones por presuntas estafas de Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), antes de que empiece la campaña política, el 2 de octubre.
Luis Antonio Sobrado, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ha mencionado que nunca se ha sancionado penalmente un delito electoral. ¿Ha sido un tema secundario?No, es que no se han generado. Que yo recuerde hubo una denuncia de fraude hace unos ocho años y el Ministerio Público hizo la auditoría de los votos y todo lo demás, pero es que no han habido denuncias del Tribunal. Aquí el órgano rector es el Tribunal, el que tiene material probatorio. ¿Estos nuevos casos son gracias al nuevo Código Electoral? Es gracias al nuevo Código Electoral y a que el Tribunal lo puso en práctica.
Ustedes tienen tres investigaciones (PLN, PAC y Libertario) con un común denominador en el delito que se persigue: estafa. ¿Se halló un patrón de comportamiento en los partidos al cobrar la deuda política?
Es un patrón de comportamiento, a través del cual se documentan gastos que no existieron, con el fin de obtener financiamiento estatal.
¿Qué señal envía eso?
Es un tema esencial, es un tema de paz social y de cohesión social. En primer lugar, hay un relajamiento ético a nivel partidario. ¿Cómo puede esperarse un comportamiento ético a nivel gubernamental si, desde el momento en que se plantea la campaña política, se violentan principios éticos y jurídicos como el derecho a la probidad?
Lo que ocurrió aquí es que el TSE aplicó la ley, hizo las investigaciones y las trasladó al Ministerio Público.
Se empieza a hablar de fricciones entre el Ministerio Público y los políticos. ¿Es una revancha?
No, a mí me parece que es parte de las bombetas de distracción. El Ministerio Público no entra en conflicto con ningún ciudadano.
”El delincuente organizado, o el asesino más grande, el violador más grande, o el político más corrupto o el menos corrupto, esas personas están en conflicto con la ley, no con el Ministerio Público. No estamos atizando ningún fuego. Estamos llevando la discusión al tribunal para que se diga si son culpables o no.
Si ellos hacen conflicto al Ministerio Público, es para distraer y tratar de continuar en ese deterioro institucional que pareciera que justifica todo y que el costarricense finalmente resume en que todos los funcionarios de Estado son corruptos.
En este reaccionar, hay otros intereses que están en juego, incluyendo medios de prensa que entran en la cancha política y entran en el deterioro institucional.
”Lo lamentable es que es un problema esencial, es la democracia costarricense. ¿No la quieren? Pues ese no es problema mío. Yo enfrento ante un tribunal a quien crea que ha infringido la ley”.
La primera acusación por estafa, la del Movimiento Libertario, entra casi en tiempo de periodo electoral. ¿Temen que esto le meta bulla al proceso judicial?
Es un problema coyuntural. Los tiempos de investigación nunca coinciden con los tiempos políticos. Los cuatro años de gobierno son pocos y las investigaciones se prolongan mucho. La investigación del Fondo de Emergencias duró ocho años (incluyó al expresidente Luis Alberto Monge).
”El proceso judicial está fuera de los cálculos de tiempo y oportunidad que hacen los políticos. Nosotros actuamos sobre la prueba y sobre las consecuencias de la prueba, no solo lo que está ocurriendo en el entorno.
”Sí contamina, y aquí es donde viene el otro aspecto: esto es también ciudadanos y medios de prensa. En un país maduro, esto no tiene ningún problema. Estamos haciendo un gran esfuerzo, actuando en respeto al principio democrático, y así lo dije yo cuando iniciaron estos casos, para sacar estos casos antes del proceso electoral, lo más alejado posible.
”Al final, el proceso electoral se define en los últimos tres meses. Entonces, queremos sacar las investigaciones antes de esos tres meses, para que el costarricense ya haya tenido tiempo de analizar, digerir qué fue lo que pasó, cuáles son las implicaciones en su respectivo partido, para tomar una decisión.
”Y la discusión jurídica se dará hasta finales del año entrante, o a principios del 2015, que se realizarán los juicios. ¿Por que se está encubriendo a los políticos? No, no, no, hablemos en serio. ¿Por qué los tribunales tienen dos años de atraso?”.
Usted habló de la necesidad de evitar filtraciones del crimen organizado en los partidos políticos. ¿Cómo ve esa posibilidad ?
Dentro del Código Electoral, el artículo 128 es una de las cosas que tiene muy bien hechas. Es el blindaje para evitar la penetración de los partidos políticos. Prohíbe las contribuciones de extranjeros y las de sociedades mercantiles. ¿Por qué Pablo Escobar (narcotraficante colombiano) si va a contribuir con un partido político en la época de los ochenta no va como Pablo Escobar? Lo hace a través de una maraña de sociedades para que nadie sepa, excepto el candidato. Porque su interés es controlar al candidato para que, cuando esté en el Gobierno, me favorezca a mí o a mis negocios.
Varios partidos acaban de presentar un proyecto para eliminar la prohibición de las sociedades...
Tengo que respetar lo que la Asamblea Legislativa decida. Lo que puedo decir es que, técnicamente, una de las cosas que se recomienda es la protección de los partidos. En México es una discusión reciente: cómo blindar los partidos políticos. Cómo evitar la penetración de capitales no deseados. No debe de debilitarse los mecanismos de protección.
¿Hay vacíos en el Código Electoral ?
Debe haber otras soluciones menos drásticas de los conflictos electorales. Algunas infracciones podrían ser calificadas como infracciones administrativas con una multa o suspensión.
”Cuando en un mercado en competencia alguien actúa ilícitamente, por lo general, los demás competidores incurren en la ilicitud porque, si no, se rompe el equilibrio. Eso parece que fue lo que pasó acá. Desde esa perspectiva, uno puede decir: ¿Vamos a terminar metiendo a todos los líderes políticos en la cárcel?, y ¿ cuál es el futuro del país si no hay líderes políticos?”.
Pero si no se hace queda una sensación de impunidad. Usted dijo que no quería que este tipo de investigaciones se prolongaran para evitar una impunidad. ¿Están cerca de ese límite de sensación de impunidad?
No, al contrario, el tiempo (de las investigaciones) se ha reducido.
¿Qué pasa si a todos se les termina metiendo en la cárcel?
En un escenario ficticio, no conviene por hechos que podrían tener una justificación, desde el punto de vista no ético.
”Podría imponerse una sanción administrativa. Por ejemplo, el caso de los dos diputados que estamos acusando, Alicia Fournier y (Antonio) Calderón (por el traspaso del Balcón Verde al PLN). Lo que hubo en el fondo fue el traslado de un bien que le pertenecía al partido, solo que lo manejaba a través de una sociedad. No es lo mismo este tipo de conducta, que tiene una lesividad muy distinta a una contribución del narcotráfico. Habría algunas conductas, donde la lesividad no es muy grande, que pudiesen dárseles un tratamiento de sanción administrativa”.