“Las actitudes del señor Dolanescu hacia mi persona tenían la intención de denigrarme como persona, manipularme y condicionarme con el tema laboral y silenciarme sobre las posibles acciones que riñen con la legalidad y de las cuales le advertí responsable, profesional y éticamente”.

Así describió José Rodolfo Barrantes Corrales la relación que tenía con su jefe, el diputado independiente Dragos Dolanescu Valenciano, en una carta enviada al presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, el pasado 4 de febrero.

Barrantes Corrales, quien ocupa la plaza de “asesor especializado BR” y fungía como jefe de despacho de Dolanescu, describe en la nota la forma de actuar de Dolanescu y le pide a Cruickshank que lo saque de esa oficina definitivamente y lo ubique en “otra área o departamento”, dentro de la Asamblea Legislativa.

El asesor alega que, en el último año, su relación con el legislador independiente se deterioró y que, producto de esa situación, ha sufrido padecimientos como “ataques de ansiedad, estrés, contracturas musculares, problemas estomacales y migrañas”.

“De parte del señor Dolanescu Valenciano recibí, en reiteradas ocasiones, amenazas de despido, maltrato verbal, pues en varias ocasiones, en observancia de mis responsabilidades, buena fe y ética laborales, le señalé posibles acciones o prácticas riesgosas para su persona, porque podrían reñir con la legalidad y su investidura de diputado. Además, eran completamente ajenas a mis principios, valores y aptitudes profesionales”, consignó Barrantes Corrales en la misiva, de la cual este medio tiene copia.

Él asegura que esa fue una de las razones por las que concursó “prácticamente a la totalidad de puestos” que sacó a concurso el Departamento de Recursos Humanos del Congreso, a principios del pasado diciembre.

Incluso, ganó uno de esos concursos y fue designado en la plaza de Profesional 1B, en el Departamento de Comisiones, donde comenzó a laborar el pasado 16 de enero.

Sin embargo, su nombramiento y el de 18 personas más fue revocado, pues el Directorio legislativo los autorizó en contra de una norma que los propios diputados aprobaron, en el Presupuesto Nacional 2021, la cual impide llenar plazas que queden vacantes a lo largo de este año.

Se trata de la norma de ejecución presupuestaria 12, que no solo impide que se creen plazas en todas las instituciones sujetas al Presupuesto Nacional, incluida la Asamblea Legislativa, sino que también niega la posibilidad de hacer nombramientos en plazas que queden vacantes.

Justo eso fue lo que hizo la cúpula legislativa en la sesión celebrada el 14 de enero. Ese día estuvieron presentes Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional; Otto Roberto Vargas, del Republicano Socialcristiano (PRSC), como primer secretario interino; y María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), como segunda secretaria del Congreso.

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En principio, tras la revocatoria del nombramiento, Barrantes Corrales debe volver a la oficina de Dolanescu; no obstante, en esa plaza el legislador alajuelense ya había designado a otra persona, Anabelle Soto de Alba, nominación que también quedó en vilo al existir la prohibición de poder llenar plazas vacantes.

Este medio contactó por teléfono al asesor José Rodolfo Barrantes Corrales, quien confirmó el envío de la carta, pero prefirió, de momento, no ahondar en los detalles de la misma, por recomendación de su abogado.

Por su parte, en un video publicado en su perfil de Facebook, el diputado Dolanescu insistió en que “absolutamente todo” lo que Barrantes dijo en la carta “son puras mentiras”.

“Yo voy a estudiar (la carta) para ver qué medidas legales tomamos al respecto del tema”, agregó el diputado independiente, quien en el audiovisual se hizo acompañar de seis de sus colaboradores en señal de apoyo.

Investigaciones en curso

En la nota de tres páginas, Barrantes Corrales solo detalla que algunas “posibles acciones o prácticas riesgosas” cometidas por Dolanescu depararon en una investigación a lo interno del partido Republicano —del que formaba parte el ahora diputado independiente— y están siendo sujeto de pesquisas en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“El tiempo me dio la razón, porque en una investigación interna realizada en el seno del Comité Ejecutivo Superior del PRSC, se detectaron irregularidades y extralimitaciones del señor Dolanescu, presidente del partido en esa época, en el manejo de la contribución estatal a la que el PRSC tiene acceso, por los resultados obtenidos en las elecciones municipales, de lo cual la prensa informó en su oportunidad. Actualmente, el Tribunal Supremo de Elecciones investiga al diputado Dolanescu”, detalla la misiva.

En el TSE se indaga, entre otras cosas, el hecho de que el Republicano haya usado montajes fotográficos para cobrar al menos dos vallas publicitarias falsas que nunca se habrían colocado durante la campaña electoral del 2018.

Las supuestas fotografías de las vallas se incluyeron en la liquidación de gastos que la agrupación entregó al órgano electoral con el objetivo de que el dinero sea pagado con fondos públicos.

En específico, por esas dos vallas, el Republicano presentó una factura por ¢9 millones.

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Nota del editor: Esta información fue actualizada a las 7:35 p. m. con nuevas declaraciones del diputado Dalanescu.