A las arcas del Estado volverán casi ¢2.000 millones que cuatro partidos no reclamaron tras las pasadas elecciones, a pesar de que tenían derecho a optar por esos recursos. Esa cifra representa más de un 10% de los ¢19.700 millones que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reservó, por concepto de deuda política, para ayudar a las agrupaciones a financiar sus campañas.
El ahorro lo generarán los partidos a escala nacional Liberal Progresista (PLP), Progreso Social Democrático (PPSD) y Frente Amplio (FA), y el provincial Recuperando Valores, de Limón; los cuales, en conjunto, podían solicitar el reembolso de hasta ¢6.845 millones por concepto de gastos de campaña, como salarios, propaganda, publicidad y transportes.
No obstante, ante el TSE, solo liquidaron facturas por ¢3.591 millones, es decir, poco más de la mitad del monto disponible de la contribución estatal.
Por normativa electoral, una suma adicional de ¢1.291 millones se depositará en la reserva de esos cuatro grupos políticos para que, durante los meses no electorales, cuenten con recursos para financiar sus gastos de organización y capacitación. Los ¢1.963 millones restantes que quedaron sin reclamar, por el contrario, volverán de manera definitiva al erario público.
Más de la mitad del ahorro lo generará el Liberal Progresista, el cual dejó sin cobrar ¢1.102 millones. Le sigue Progreso Social Democrático con ¢486 millones, el Frente Amplio con ¢356 millones y Recuperando Valores con ¢19 millones.
Los otros cuatro partidos políticos que obtuvieron derecho a reclamar una parte de la contribución estatal —Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y el provincial Unión Guanacasteca—, sí aspiran a cobrar todos los recursos a los que tienen acceso. Los dos últimos, incluso, presentaron facturas que superan el 100% del monto a su disposición.
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Aumentará su reserva
Según lo dispone la ley, para el proceso electoral del 2022, el Estado presupuestó una deuda política equivalente al 0,085% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2020, es decir, ¢19,7 millones. En cada elección nacional, la contribución se reparte entre los partidos que obtengan al menos un diputado o el 4% de los votos válidos, el día de los comicios en primera ronda.
La normativa obliga a las agrupaciones a reservar un porcentaje del dinero para financiar sus gastos de organización y capacitación durante la época no electoral. Ese porcentaje varía, pues son los grupos políticos los que lo definen en sus estatutos, de previo a que inicie la campaña electoral.
Este monto reservado se aparta de primero, y la suma restante es la que pueden solicitar que se les reembolse por gastos electorales. Para hacer el cobro, los partidos deben presentar las facturas que respaldan cada gasto reportado. El Tribunal inspecciona que dicha documentación esté en orden, y, al final de la revisión, gira el dinero correspondiente.
Si una agrupación liquida gastos por un monto menor al que tenía disponible, tiene derecho a que el remanente se agregue a su reserva, pero este fondo no puede crecer en más de un 100%. Si, una vez duplicada la reserva, sigue quedando un excedente, esos fondos regresan al erario público.
Eso es lo que le ocurrirá al PLP, el PPSD, el FA y Recuperando Valores. El Liberal Progresista, por ejemplo, el 6 de febrero obtuvo votos suficientes para dejarse hasta ¢2.468 millones, de los cuales reservó para organización y capacitación un 10% (¢247 millones).
De los ¢2.221 millones que quedaron para el cobro de gastos de campaña, el PLP solo liquidó ¢873 millones, por lo que el remanente le alcanza para duplicar la reserva, la cual como máximo puede aumentar a ¢494 millones. Por ende, los ¢1.102 millones restantes los perderá, y regresarán a las arcas del Estado.
Al PLN y el PUSC también les quedó un remanente, pues cobraron gastos por menos del 100% que podían liquidar. Sin embargo, la suma adicional se irá en su totalidad las reservas. Liberación Nacional añadirá ¢69 millones a su reserva inicial de ¢1.018 millones; mientras que la Unidad agregará ¢210 millones al fondo de ¢356 millones.
Nueva República y Unión Guanacasteca, por su parte, procuran cobrar el 100% de su monto disponible para gastos electorales, por lo que no les quedará ningún remanente.
No obstante, si el TSE no le reconoce la totalidad de los gastos liquidados a los siete partidos que tienen derecho a acceder a la contribución estatal, podría darse el caso de que más dinero vuelva a las arcas del Estado, o bien, que algunos partidos que aún pueden duplicar su reserva, como el PLN y PUSC, consigan más dinero para el periodo no electoral.
Orgullosos por austeridad
Los dirigentes de los partidos Liberal Progresista, Frente Amplio y Progreso Social Democrático aseguraron que para ellos es motivo de orgullo generarle un ahorro al Estado, pues en la campaña decidieron ser austeros y procuraron hacer una inversión lo más eficiente posible.
“Totalmente satisfecho de que logramos, con poquitos recursos, un resultado cuatro veces superior al que se podía esperar con el nivel de inversión que hicimos, y el mejor uso que se puede hacer de esos recursos es devolvérselos a los costarricenses, porque no podemos olvidarnos de que la deuda política es dinero de los costarricenses”, afirmó el diputado Eli Feinzaig, quien además es presidente del PLP.
Las tres agrupaciones también destacaron que, aunque dejan de percibir una suma de dinero, su reserva para capacitación y organización crecerá significativamente, lo que les brindará solvencia para operar y educar a sus simpatizantes durante los próximos meses.
Patricia Mora, presidenta del FA, aseguró que con la reserva brindarán cursos sobre historia del país y de la izquierda, feminismo y la labor parlamentaria de la agrupación a sus militantes de todo el territorio.
“Esa partida que el TSE muy sabiamente exige que sea gastada en labores de capacitación, nosotros le sacamos el mayor provecho”, resaltó Mora.
En tanto, Roberto Jiménez, tesorero nacional del PPSD, afirmó que los ¢1.000 millones de reserva les permitirán crecer, pues asegura que muchas personas han expresado su interés en unirse al partido con el inicio del Gobierno.
“Eso es un beneficio, pero también es un peligro, porque gente puede creer que como el partido tiene recursos, puede meterse sencillamente para aprovechar el recurso, entonces tenemos que ser muy cuidadosos”, dijo Jiménez.