El Informe Estado de la Nación 2019, publicado este miércoles, determinó que Costa Rica no entró en crisis económica ni política en el último año por una circunstancia especial: “el sistema político pudo dar respuestas oportunas” para evitarlas.

En ese sentido, el Programa Estado de la Nación (PEP), autor del informe, destaca la productividad de la Asamblea Legislativa que se estrenó el 1.° de mayo de 2018 y dice que, gracias a ella, “el país conserva, al día de hoy, su estabilidad económica”.

Pone como referente la aprobación, el 3 de diciembre, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal), que creó nuevos impuestos para aliviar el déficit fiscal e impuso medidas para contener el crecimiento exponencial en pago de sobresueldos de empleados públicos.

El informe también resalta que la primera legislatura o primer año de este Congreso (de mayo a abril) es la legislatura inicial más productiva en los últimos 33 años.

En 12 meses, los diputados aprobaron 36 leyes “sustantivas”, es decir, con impacto sobre el desarrollo humano del país, una cantidad que no se había alcanzado en ningún primer año desde 1986.

“La nueva Administración y un grupo inusual de aliados en el Congreso alcanzaron acuerdos políticos para aprobar leyes enfocadas en paliar los efectos inmediatos del desequilibrio en las finanzas públicas −tales como la reforma fiscal (aprobada en diciembre) y un nuevo endeudamiento a través de eurobonos (que se terminó votando en julio pasado− y atender algunos temas puntuales de la agenda de desarrollo”, señala el Estado de la Nación, fundado en 1994.

El 4 de marzo, incluso, se aprobó una reforma al reglamento legislativo con el fin de evitar el obstruccionismo.

Hasta ahora, la primera legislatura más productiva había sido la de 1994-1995, en el primer año del mandato de José María Figueres Olsen. En ese periodo, el Congreso aprobó 30 leyes sustantivas. Le siguió el primer año de Miguel Ángel Rodríguez (1998-1999), con 22.

En contraste, los primeros periodos menos productivos de los últimos 33 años fueron los que abrieron el segundo mandato de Óscar Arias (2006-2007) y el de Luis Guillermo Solís (2014-2015), en los que se emitieron solo nueve leyes sustantivas. Le sigue el primer gobierno de Arias (1986-1987), con 10.

En el 2018, los legisladores dieron su visto bueno a un total de 117 proyectos.

Según el PEN, esa producción fue inusual no solo por su volumen, sino también porque el porcentaje de normas aprobadas sin fuente de financiamiento fue de un 22%, el más bajo desde 1990, según el informe.

Otro 59% reasignó recursos que ya utilizaba el Gobierno, o señaló la necesidad de buscar financiamiento, pero sin especificar la fuente. El 18% restante creó ingresos frescos.

Pero, el mismo PEN, que pertenece al Consejo Nacional de Rectores (Conare), entidad que agrupa a las cinco universidades públicas, admite que este panorama no era el que se vislumbraba.

En mayo del 2018, todo parecía indicar que el gobierno de Carlos Alvarado sufriría una parálisis en las relaciones con la Asamblea Legislativa, un fuerte bloqueo a sus prioridades políticas y, ante todo, un fracaso en el intento por aprobar con premura una reforma fiscal.

Nunca antes, desde que se promulgó la Constitución Política de 1949, el oficialismo había tenido una fracción tan pequeña, con solo 10 de los 57 escaños del Congreso.

Pronto, se sumaron otros factores negativos: caídas en el respaldo ciudadano y en las expectativas empresariales, así como la crisis fiscal más grave de la década y una escalada en la conflictividad social que no se veía desde hacía 15 años, en el segundo semestre del 2018.

“Era altamente probable que el país entrara en una etapa de crisis económica e inestabilidad política”, reafirma el Informe del Estado de la Nación del 2019.

Por lo complejo de ese pronóstico inicial, el informe califica de “inesperada” la reacción que tuvieron los políticos del gobierno y de la Asamblea Legislativa, quienes conformaron inusuales alianzas y llegaron a acuerdos que, según los investigadores, permitieron mantener la estabilidad política y económica pese a las dificultades.

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El efecto más inmediato de la cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, de acuerdo con el estudio, fue que se evitó un empeoramiento de la crisis fiscal, “gracias a la aprobación de una reforma que proporciona herramientas para sanear las finanzas públicas en el mediano plazo”.

Además de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se aprobaron otras normas sustantivas como la reforma constitucional que permite la destitución de los diputados que cometan faltas éticas y la ampliación del plazo para que los menores de edad abusados denuncien a sus agresores.

Asimismo, el Congreso aprobó la reforma que permitirá que ciertos ofensores primerizos ejecuten planes restaurativos en vez de ir a prisión, así como la ley de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

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Entendimientos favorecieron la gobernabilidad

El Informe Estado de la Nación atribuye la estabilidad política y la gobernabilidad alcanzada en el 2018 a una “inédita y poco ortodoxa estrategia política”, que consistió en la formación de dos coaliciones: una en el Poder Ejecutivo y otra en el Legislativo.

La de Casa Presidencial nació con la alianza entre Carlos Alvarado y el excandidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza, quienes formaron una dupla como mandatario y ministro de la Presidencia, junto a figuras de distintos partidos en el resto del gabinete.

En la Asamblea Legislativa, según el Estado de la Nación, el entendimiento surgió a partir del momento en que el gobierno decidió impulsar la agenda de reforma fiscal.

“Esto facilitó las condiciones para que un conjunto de fuerzas afines a esa iniciativa se articulara en una coalición de facto que incluyó al Partido Acción Ciudadana (PAC) y al Partido Liberación Nacional (PLN) como núcleo central. La suma de estos apoyos fue determinante para que, por ejemplo, en diciembre de 2018 se aprobara la reforma fiscal y la emisión de eurobonos”, concluye el documento.

El PAC con que se topó el PLN

Para Carlos Ricardo Benavides, actual presidente legislativo y jefe de fracción del PLN en la legislatura 2018-2019, los diputados de este periodo constitucional asumieron una cultura que priorizó el diálogo, la urgencia de hacer reformas y la disposición para que los proyectos avancen, en vez de acudir a la tradicional técnica del bloqueo.

A dichos factores, según el congresista verdiblanco, en el primer año se sumó una mayor fiscalización por parte de los ciudadanos y los medios de comunicación, así como un Poder Ejecutivo al que le urgía una reforma tributaria.

“Un PAC, que normalmente se hubiera opuesto a todo, se encontró con las arcas vacías, necesitando más bien abrazar la agenda de Liberación Nacional y otros partidos políticos, y esa extraña coincidencia histórica ha generado una mayor unidad de propósitos”, afirmó Benavides.

Según el presidente legislativo, no obstante, la decisión de asumir dicha actitud representó un reto para la coordinación de su bancada.

“Recuerdo momentos muy difíciles al frente de la fracción legislativa, porque llegábamos a entendimientos y, de repente, el fin de semana, algunos diputados se iban para sus comunidades y regresaban ‘carboneados’ por gente que les decía que lo que había que hacer era oponerse, a la usanza antigua, y había que volverlos a convencer de que esa no era la idea”, relató Benavides.

Carolina Hidalgo, la diputada del PAC que ocupó la presidencia legislativa durante el primer año, considera que el liderazgo femenino que tuvo el Congreso en esos meses influyó en la productividad alcanzada. También mencionó que los legisladores tomaron sus curules el 1.° de mayo luego de un proceso de negociación de una agenda de consenso, lo cual facilitó el avance de los proyectos.

Hidalgo dijo que, además, ella instauró mecanismos que obligaron a las distintas fracciones a negociar permanentemente, por ejemplo, para definir la agenda de proyectos que se discutió cada día en el plenario.

De acuerdo con la diputada, el trabajo conjunto que permitió sacar adelante la reforma fiscal, trascendió y permitió que caminaran otras iniciativas clave, como los 13 proyectos de ley para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se tramitaron en tiempo récord.

“Creo que el efecto de sacar adelante la reforma fiscal como que envalentonó, como que de alguna manera dio claridad a esta Asamblea Legislativa que es capaz de, que puede resolver, que se puede poner de acuerdo, que puede avanzar, que puede sacar otras cosas más gruesas”, afirmó Hidalgo.