La Procuraduría General de la República (PGR) estimó que el aumento al salario base de ministros y viceministros, decretado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, no incumple con las restricciones impuestas por la regla fiscal.
El órgano asesor se pronunció sobre el tema a raíz de unas consultas planteadas por la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), en relación con la legalidad de la medida acordada por el Poder Ejecutivo.
La duda de la congresista surgió porque la norma establece que cuando la condición de endeudamiento sea igual o superior al 60% del producto interno bruto (PIB), es prohibido realizar “incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales” de los funcionarios públicos. Ese es el escenario actual del país.
Al respecto, el órgano señaló que dicha norma, contenida en el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “no contempla como una medida extraordinaria, para el caso de que se apliquen las condiciones del escenario d del artículo 11 (deuda igual o superior al 60%), la imposibilidad de otorgar un ajuste al salario base de ministros y viceministros, sino que tan solo regula la improcedencia de realizar incrementos por costo de vida en el salario base, y en los demás incentivos salariales”.
Es decir, la Procuraduría estima que el aumento al salario de los jerarcas del Gobierno no es un ajuste por costo de vida, sino que se trata de “revaloraciones distintas” que no están prohibidas por dicha legislación.
Rodrigo Chaves firmó, el pasado 15 de junio, un decreto ejecutivo para aumentar el salario base de los ministros de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones, y el de los viceministros de ¢1,3 millones a ¢2,5 millones al mes.
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Al duplicar el salario de los jerarcas del Gobierno, el mandatario alegó que “es difícil reclutar gente” para esos cargos con las remuneraciones actuales. “Son salarios insostenibles en comparación con el mercado”, señaló durante la conferencia de prensa.
Los salarios base de los ministros habían estado congelados en ¢1.357.000 desde la administración de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), cuando se tomó la decisión a la mitad de su periodo. En tanto, la remuneración base de los viceministros se ha mantenido en ¢1.302.650.
Aquella medida siguió vigente por decisión de los siguientes mandatarios, porque tanto Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) como Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) firmaron los respectivos decretos ejecutivos para extender el congelamiento salarial, a raíz de la crisis fiscal que desde entonces afronta el país.
El ajuste en las remuneraciones de los jerarcas rige a partir del 1.° de junio del presente año. Después de sancionarlo, el mandatario envió el decreto ejecutivo a la Imprenta Nacional para su respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta.