Los diputados tienen el camino libre para aprobar una reforma al reglamento legislativo que les permitirá sesionar y votar leyes virtualmente si el país atraviesa situaciones excepcionales como la actual pandemia de covid-19.
Este martes, la Sala IV evacuó una consulta de constitucionalidad que habían planteado 11 legisladores sobre el proyecto de la congresista Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Los magistrados no encontraron vicios de inconstitucionalidad en el plan.
Según informó el alto tribunal, la reforma está dentro de la potestad de autorregulación del Congreso, y resulta razonable en atención al principio de eficiencia, tomando en consideración la pandemia que actualmente enfrenta el país.
“La Sala destaca, además, que muchos parlamentos han adoptado las sesiones virtuales para seguir funcionando, y que esta es una medida excepcional frente a circunstancias de calamidad pública o estado de emergencia nacional declarada por autoridad competente conforme a la ley”.
“El mismo proyecto ofrece garantías para la aplicación de tal medida excepcional (...). Se garantiza el carácter público de los debates, así como la identificación plena de los diputados, la confiabilidad de la información, la conservación de lo actuado y el ejercicio pleno de los derechos de participación, deliberación y voto”, indicó la Sala Constitucional.
El expediente legislativo es el 21.903, el cual adiciona los artículos 32 bis y 32 ter al reglamento.
El 32 bis diría así: “Cuando concurran circunstancias de conmoción interna, calamidad pública o estado de emergencia nacional, declarada por autoridad competente conforme a la ley y que estas impidan o pongan en riesgo la participación presencial de los diputados y diputadas, la Asamblea Legislativa podrá habilitar de forma excepcional el desarrollo de sesiones virtuales del plenario, las comisiones legislativas plenas, comisiones permanentes y especiales, así como las reuniones del Directorio legislativo, de los jefes y jefas de fracción y de las diferentes fracciones legislativas”.
Para habilitar las sesiones virtuales, se requeriría de la aprobación de, al menos, dos terceras partes del total de diputados, mediante moción de orden.
En el texto, se establece que las sesiones virtuales deben poseer las mismas posibilidades que tienen las presenciales para garantizar los debates públicos, la identificación plena de los diputados, la confiabilidad de la información y el ejercicio de participación, así como la deliberación y el voto.
Cuando un diputado no esté debidamente conectado al medio tecnológico o no esté visible, disponible y atento, se le considerará ausente.
“Los diputados ejercerán su voto en todo asunto a través del medio tecnológico definido por la administración y, cuando esto no fuere posible, cada uno podrá ejercerlo expresando su voluntad con su voz”, añade el proyecto.
Además, los documentos que se discutirán en una sesión virtual deben ser puestos a disposición del público con, al menos, 24 horas de antelación.
Por otra parte, el artículo 32 ter tendría la información referente a cómo sería la sesión legislativa en caso de tener que realizarse vía plataformas virtuales.
“Cuando por motivos técnicos se pierda la interacción en tiempo real entre los participantes de la sesión, superior a diez minutos, se considerará interrumpida la participación de ese o esos diputados. Dicha circunstancia deberá consignarse en el acta. No obstante, se mantendrá la sesión mientras permanezca el cuórum”, explica.
Los firmantes de la consulta a la Sala IV fueron los diputados Ana Lucía Delgado (proponente de la reforma), Luis Fernando Chacón, Roberto Thompson y Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN); así como Enrique Sánchez y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
También, firmaron Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); Jonathan Prendas, del bloque Nueva República (PNR); Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); y la independiente Ivonne Acuña.