Los diputados avalaron que el Gobierno llene las plazas que estén vacantes en el primer semestre del 2023. Para hacerlo, el Gobierno deberá contar con una autorización de la Autoridad Presupuestaria que verifique el cumplimiento de la regla fiscal.
Así lo aprobó una mayoría de legisladores de la Comisión de Hacendarios en el dictamen del Presupuesto Nacional 2023. La medida cubre a la Presidencia, los ministerios y sus órganos desconcentrados.
Entre 20 normas incorporadas al proyecto de Presupuesto, la número 10 establece que el Poder Ejecutivo podrá utilizar las plazas que queden libres antes del 1.° de enero próximo, siempre que cuenten con contenido presupuestario.
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Si el Gobierno no las utiliza durante el primer semestre del próximo año, entonces deberá descontarlas del Presupuesto mediante un plan extraordinario en el Congreso.
En caso de que eso ocurra, a esas plazas se les eliminaría su contenido presupuestario, no así su código en el Presupuesto Nacional, explicó la diputada liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios.
Es decir, se elimina el financiamiento, pero no se anula la plaza.
Estos ajustes constituyen flexibilidades en comparación con la norma de control presupuesto sobre plazas vacantes, que generó ahorros durante los últimos tres años.
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Durante el 2020, por ejemplo, los diputados aprobaron eliminar toda plaza vacante en el Gobierno, con excepción de los puestos relacionados con la atención a la pandemia.
La norma permitió que, para finales del 2020, el Poder Ejecutivo eliminara 2.200 plazas congeladas. Esta medida propició un ahorro de ¢5.000 millones, pero al mismo tiempo creó problemas de nombramientos en ministerios como el de Educación Pública (MEP).
Los diputados flexibilizaron la norma durante 2021 y parte del 2022, abriendo espacio para llenar plazas del MEP, por ejemplo.
Para el 2023, la norma 10 mantiene la prohibición de que el Ejecutivo cree nuevos puestos, salvo si existe un criterio de la Autoridad Presupuestaria que lo permita.
“No se pueden crear excepto por autorización”, sentenció Ramírez.