Los diputados aprobaron un proyecto de ley para otorgar al Ministerio de Planificación (Mideplán) la rectoría sobre los proyectos de inversión pública del Poder Ejecutivo. De esta forma, proyectos de infraestructura como carreteras y centros educativos requerirán la aprobación de Mideplán para avanzar, de acuerdo con su viabilidad.
Según la legislación aprobada el pasado 9 de enero por 42 legisladores en primer debate, Planificación será la entidad encargada de orientar la inversión pública de los diferentes ministerios y entidades bajo su dirección. Además, deberá elaborar metodologías para evaluar los proyectos, además de administrar un banco de planes sobre la materia, emitir opiniones vinculantes y llevar a cabo programas de capacitación.
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La ministra de Planificación, Laura Fernández, destacó que Mideplán ha supervisado los planes de inversión pública durante muchos años, respaldado por la Ley de Planificación Nacional y la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, potestad que luego fue reforzada por decreto.
Estas leyes le confieren la autoridad de supervisar los programas de inversión, incluso aquellos del sector descentralizado, con el objetivo de asegurar su alineación con el Programa Nacional de Desarrollo.
Fernández añadió que, con la reciente legislación aprobada, se refuerza el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y se actualiza la normativa para alinearse con las mejores prácticas. La ministra aseguró que los instrumentos que emita Mideplán no comprometerán la autonomía de las instituciones autónomas.
La propuesta de Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, presentada por la administración de Carlos Alvarado, busca estandarizar la normativa relacionada con la inversión pública para todo el sector público, excluyendo a las empresas públicas en competencia y a los entes públicos no estatales como los colegios profesionales.
Los legisladores reincorporaron al proyecto a las universidades públicas, que habían sido excluidas en la etapa de ajustes.
A pesar de esto, la rectoría de Planificación se limita al ámbito del Poder Ejecutivo. Los poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como las entidades autónomas como las municipalidades, se regirán por sus principios generales.
El sector descentralizado deberá cumplir, también, con las tres fases del ciclo de vida del proyecto, las buenas prácticas internacionalmente reconocidas en el ámbito de la inversión pública y la provisión de información requerida por Mideplán para sus estudios, registros y seguimiento en el banco de proyectos de inversión pública.
Proyectos tendrán tres fases
La primera fase es la de preinversión, que abarca la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad; se llevará a cabo una evaluación antes de los proyectos, y se emiten los avales técnicos y sectoriales correspondientes.
La fase de inversión comienza una vez que se ha aprobado la conclusión de la fase de preinversión a nivel institucional y se cuenta con la declaratoria de viabilidad correspondiente.
Esta fase incluye cinco elaboración del diseño final y especificaciones, así como financiamiento, licitación y adjudicación, preejecución y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública.
Durante esta fase, se presenta el informe de cierre y la evaluación final.
La última fase es la de posinversión, que comprende preoperación y operación del proyecto de inversión pública.
Durante esta fase, los proyectos pueden ser sujetos de evaluación posterior, según lo determine el reglamento de la ley, con el objetivo de generar evidencias para la toma de decisiones en futuros proyectos, rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, y valoración de los resultados y efectividad de los proyectos.
Las entidades responsables de los proyectos que ingresan a la etapa de operación deben planificar y presupuestar los recursos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de los mismos.
El objetivo del plan es elevar la calidad de las inversiones públicas, asegurando así una mayor durabilidad. Se busca, de manera integral, garantizar la cohesión social, mejorar la competitividad y evitar impactos negativos en las finanzas públicas.