Con el voto afirmativo de 33 diputados, la Asamblea Legislativa aprobó una moción para mantener con vida el proyecto de ley que cerraría los regímenes de pensiones exclusivos que cinco instituciones públicas pagan a sus funcionarios, con dinero estatal.
Se trata de regímenes existentes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Estos sistemas exigen un aporte de ¢58.300 millones anuales a las cinco instituciones, de acuerdo con una estimación que había aportado el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el 2020.
El jueves, los legisladores decidieron ampliar por otros cuatro años el plazo del expediente legislativo 21.824, luego que no se lograra votar la iniciativa durante el primer cuatrienio de su trámite. De no haberse aprobado la moción, la propuesta de ley se habría tenido que archivar.
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La moción sumó cinco votos en contra, todos provenientes de la fracción del Frente Amplio (FA). Se pronunciaron de esta forma los legisladores: Jonathan Acuña, Priscilla Vindas, Rocío Alfaro, Ariel Robles y Antonio Ortega.
El proyecto plantea una liquidación de los fondos en un plazo de 35 años, pues existen ya personas pensionadas.
En cuanto a los trabajadores activos, podrían retirar la totalidad de sus recursos, incluyendo aportes personales, patronales y rendimientos, en un plazo no mayor a los 18 meses. Los que no retiren sus fondos podrán trasladarlos al ROP.
La diputada de Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez, presidenta de la Comisión de Sociales del Congreso, defendió el proyecto por considerarlo un complemento a los esfuerzos para regular el gasto en pensiones. Ella instó al resto de legisladores a respaldar la ampliación del plazo.
Destacó que la propuesta presentada desde marzo del 2020, tramitada en la Comisión de Sociales, pretende “lograr una mayor equidad” en las pensiones y generar “ahorros estatales”.
Álvarez argumentó que el país afronta un cambio en su pirámide generacional, por lo que se deben tomar decisiones importantes sobre cómo se van a financiar las jubilaciones. Dijo que, eventualmente, la cantidad de personas por pensionarse será mayor que la de jóvenes cotizando.
La diputada del PLN explicó que, desde la Comisión de Sociales, se ha procurado que el proyecto “vaya lo más blindado posible”, de ahí su lento avance en la corriente legislativa.
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Una parte importante de las discusiones se enfocó en presionar a las instituciones administradoras de los cinco fondos de pensiones, para que entregaran los estudio actuariales necesarios para proceder con el cierre de los regímenes.
El expediente fue presentado por la exdiputada del PLN, Yorleny León (2018-2022), actual presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
¿En qué consisten estas pensiones?
Estas son pensiones adicionales a las que los funcionarios recibirán en el régimen de Invalidez, Vejez o Muerte (IVM) o en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Responden a sistemas creados en el pasado por leyes especiales o por reglamentos internos. Los aportes patronales son costeados con los presupuestos de las mismas instituciones; finalmente, con fondos públicos.
En los casos del ICT y de la CCSS, los empleados no hacen aporte alguno para esta pensión complementaria, mientras que los trabajadores del BCR entregan el 0,5% del salario; los del ICE dan el 1% y los del BN, el 5,5%.
El resto de la ciudadanía aporta mucho más dinero para las jubilaciones de estos funcionarios, por medio del presupuesto de las instituciones.
El BN y el BCR contribuyen con el equivalente a un 10% de cada salario mensual; mientras que el ICT destina un 5%. En tanto, el ICE aporta un 4,5% y la CCSS un 2%.
Además del ICT y de la CCSS, en donde el funcionario no cotiza nada, la relación más desigual es la del BCR. Este banco público aporta ¢20 por cada ¢1 que cotiza el empleado.
Los aportes para estas pensiones son adicionales a las cotizaciones que hace el sector público, en su doble condición de patrono y Estado, para las jubilaciones del IVM y del ROP.
Estado actual del proyecto
El proyecto de ley se encuentra en el plenario legislativo, luego superar el trámite en la Comisión de Sociales.
La propuesta está a la espera de que se inicie el segundo día de mociones de fondo, vía artículo 137, las cuales permiten a cualquier parlamentario proponer cambios al texto. Estas modificaciones son analizadas en el seno de la Comisión.
Una vez superada esta etapa, la propuesta aun debe pasar por el proceso de mociones de reiteración, en el que los diputados pueden solicitar que, nuevamente, se sometan a votación las mociones vía 137 que fueron anteriormente rechazadas, pero esta vez en el plenario.
Finalizado este trámite, la propuesta puede ser puesta a discusión en primer y segundo debate. Para ser aprobada, la iniciativa tendrá que sumar 38 votos, según indicó el departamento de Servicios Técnicos del Congreso, en su informe jurídico.