Una mayoría calificada de 39 diputados aprobó dispensar de todos los trámites un proyecto de ley que cerraría la posibilidad de que el presidente de la República nombre discrecionalmente al procurador general.
Se trata de una reforma a los artículos 10 y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que busca modificar el mecanismo de nombramiento del jerarca de la PGR, que es un órgano que funge como abogado del Estado.
La norma establece que el procurador es propuesto por el Consejo de Gobierno, pero debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa para ejercer durante seis años. No obstante, la ley agrega que, si el Congreso rechaza dos veces los nombres propuestos por Casa Presidencial, en la tercera ocasión el órgano encabezado por el mandatario podrá nombrarlo directamente sin ratificación legislativa.
De ser aprobado el proyecto de Danny Vargas, de Liberación Nacional, y Eliécer Feinzaig, de Liberal Progresista, se eliminaría esa última posibilidad y la ratificación se mantendría como requisito.
Con la dispensa aprobada por los diputados, el proyecto de reforma se podrá discutir directamente en el plenario legislativo, sin que tenga que pasar por el examen de una comisión dictaminadora.
La iniciativa llegará para debate en momentos en que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aún no remite una segunda postulación para el cargo de procurador general, luego de que hiciera un primer intento con el abogado Cristian Arguedas.
Arguedas, abogado penalista, rechazó la designación de Chaves un día después de que trascendiera que había corrido a borrar un conjunto de tuits racistas, soeces y homofóbicos.
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El cargo de procurador general está vacante desde la jubilación de Julio Jurado, en mayo del 2022. A cargo de la PGR está la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas.
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En contra de acelerar el trámite de la iniciativa de reforma votaron los nueve diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que estaban presentes en el plenario durante la votación.
A favor de la dispensa estuvieron las restantes cinco fracciones legislativas presentes: Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).
El liberacionista Danny Vargas explicó que resulta necesario solucionar la ley vigente, pues se trata del único caso en que, ante una eventual falta de ratificación legislativa, la Presidencia puede hacer el nombramiento a discreción.
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), comentó que la legislación es “muy curiosa”, pues el caso de la Procuaduría es único entre todos los nombramientos que hace el Ejecutivo con requisito de ratificación del Congreso.
Agregó que carece de sentido ese aval para un nombramiento discrecional en última instancia, por lo que buscarán unificar la legislación en procesos de ratificaciones que correspondan a la Asamblea Legislativa.
“La idea es enmendar ese, a mi juicio, error en la legislación. Les pido su voto por el fondo para después, también”, dijo el jefe del PLP.
En la exposición de motivos, Vargas y Feinzaig sostienen que la Procuraduría es un órgano fundamental e indispensable para el funcionamiento de nuestro estado de derecho y para la defensa de nuestra democracia. Por tanto, “debe estar libre de influencias partidistas”, dicen.
Agregan que lo que cambia con el plan de ley “es que se crean condiciones jurídicas para garantizar que la persona llamada a dirigir la Procuraduría General de la República cumpla con un criterio de Estado, por encima de intereses coyunturales”.
Indican, además, que su iniciativa busca estandarizar el procedimiento de ratificación del procurador general, adoptando el que se sigue con otras instancias como son el superintentente de Telecomunicaciones; el regulador general de servicios públicos o los comisionados de la Comisión para Promover la Comptencia (Coprocom).
Las funciones de la Procuraduría la tornan una institución clave en el engranaje público.
Creada en 1948 por la Junta Fundadora de la Segunda República, a la Procuraduría General se le conoce como el abogado del Estado, porque, precisamente, esa es una de sus principales funciones otorgadas por ley.
Además, es es el órgano superior consultivo, técnico y jurídico de la Administración Pública.
Posee independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones y, además, tiene como objetivo defender los derechos humanos de los habitantes de la República.