Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, la Ley de Voluntades Anticipadas, que permitirá a los pacientes confeccionar una declaración médica para que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad grave repentina, puedan solicitar no ser conectados a máquinas para prolongar la vida de forma artificial, o no ser sometidos a procedimientos médicos dolorosos.
En ese mismo documento, que debe contar con validez legal, las personas también podrán solicitar, por el contrario, ser sometidos a procedimientos médicos extraordinarios para intentar permanecer con vida, en los momentos más críticos de su internamiento en centros hospitalarios. En ninguno de los extremos, se autoriza la eutanasia en Costa Rica.
La iniciativa impulsada por la diputada independiente Paola Vega, fue aprobada con 36 votos a favor y solo cuatro en contra. La legisladora aseguró que el propósito de la nueva legislación es que se respete la autonomía de las personas, por encima de los deseos de familiares, amigos o terceros.
“Es un paso enorme para el país en el marco de la autonomía de la libertad, de garantizar derechos para que las personas puedan finalmente ser decisoras sobre su propia voluntad, sobre su propio cuerpo.
“Este proyecto aporta al marco jurídico un elemento novedoso que es conocido internacionalmente como el testamento vital, mediante el cual una persona manifiesta de manera adelantada qué sucede si entra en un estado de salud donde no puede tomar decisiones sobre tratamientos como transfusiones, como permanecer conectado a un respirador artificial por muchísimo tiempo, en caso de no tener vida cerebral, vida orgánica”, dijo Vega.
Contrario a la discusión del proyecto de ley en primer debate, donde se aprobó de forma unánime, en la segunda discusión cuatro legisladores votaron en contra. La congresista independiente, Shirley Díaz, explicó en el plenario legislativo los motivos por los cuales cambió su voto.
También votaron en contra los fabricistas Harllan Hoepelman y Marolin Azofeifa, así como Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional (PRN).
“Lo he analizado a profundidad y considero que en este segundo debate lo voy a votar en contra. Básicamente podría ser que una persona que firma el documento, que hace su testamento, pueda cambiar sus voluntades en algún momento, pero que ya no tenga condiciones para expresarlo.
“No es obligatorio en Costa Rica que las personas lleven adelante sus tratamientos si no los quieren o si consideran que no se pueden someter a ellos”, manifestó Díaz.
La Ley de Voluntades Anticipadas, que deberá ser firmada por el presidente de la República para su entrada en vigor, establece que el documento de voluntades anticipadas solo tendrá validez cuando el paciente no esté en capacidad para expresarle sus decisiones directamente a su médico.
Además, establece que los médicos no podrán cumplir las voluntades anticipadas del paciente cuando sus deseos representen un peligro para la salud pública. Asimismo, el personal médico podrá ejercer su objeción de conciencia; sin embargo, los hospitales deberán garantizar el respeto a las voluntades del paciente.
La Ley de Voluntades Anticipadas establece que la declaración solo tendrá validez cuando el paciente no esté en condiciones de expresarle sus decisiones médicas directamente al personal de salud. En caso de que sí pueda hacerlo, prevalecerán los deseos inmediatos del paciente.
Además, la legislación señala que el documento debe actualizarse cada cinco años para que sea válido. Asimismo, establece una serie de mecanismos para darle legalidad a la declaración.
El decreto ahora debe ser firmado por el presidente de la República para su entrada en vigencia. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para reglamentar la nueva legislación.