Los gastos de las municipalidades dejaron de estar sujetos a la regla fiscal en mayo pasado, pero los diputados tramitan otro proyecto que excluiría de forma total a los gobiernos locales de esta norma añadida por la reforma fiscal.

Ahora, se trata del expediente 21.430, el cual crearía una excepción adicional a la regla fiscal para las transferencias que gira el Gobierno Central a los municipios.

La regla fiscal es un mecanismo que toma en cuenta el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y el porcentaje de deuda pública para limitar el crecimiento del gasto corriente en todo el sector público, lo que incluye salarios, intereses y transferencias.

La propuesta también pretende excluir a las municipalidades de las disposiciones salariales creadas por la reforma fiscal (Ley 9.635), la cual impuso freno al crecimiento de pluses salariales como prohibición, dedicación exclusiva y anualidades.

El asunto de los salarios ya ha generado conflicto entre la Ley 9.635 y las municipalidades, pues la Contraloría General de la República (CGR) había recibido en febrero al menos nueve presupuestos de gobiernos locales que seguían pagando anualidades superiores a lo establecido en la legislación.

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Este texto, llamado Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal, fue propuesto por ocho diputados: Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); Aracelly Salas y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); José María Villalta, del Frente Amplio; los fabricistas Carmen Chan e Ignacio Alpízar; y el independiente Dragos Donalescu.

El expediente se encuentra en trámite en la Comisión de Asuntos Municipales desde julio del 2019.

Rechazo contralor

La nueva propuesta fue duramente criticada por la CGR, en un criterio enviado al Congreso el 19 de octubre.

“No se observa en el proyecto de ley, la existencia de criterios técnicos que reflejen la razonabilidad de establecer, a favor del régimen municipal, exoneraciones respecto a la cobertura -en este caso- de la referida regla fiscal”, aseveró el ente contralor.

La rebeldía contra la regla fiscal ha sido reprobada por la misma CGR, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, entidades que se opusieron al proyecto que libró a las municipalidades de esta disposición.

En aquel momento, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, aseveró que si la indisciplina fiscal ya es perjudicial en tiempos normales, lo es aún más en época de crisis.

La CGR aseveró que las municipalidades buscan eliminar límites a sus presupuestos, cuando su gestión “se caracteriza por la recurrente existencia de déficit presupuestario, elevados índices de morosidad, crecimiento de inversiones transitorias con recursos del superávit, acumulación de recursos en la Caja Única del Estado y la tendencia a buscar financiamiento mediante el endeudamiento”.

El criterio detalla que la autonomía constitucional de la que gozan las municipalidades no justifica un escape a las políticas que buscan establecer orden presupuestario.

El argumento de la autonomía municipal está bajo la revisión de la Sala IV, la cual desde el 2019 tramita una acción para que se declare inconstitucional la inclusión de los gobiernos locales en las disposiciones salariales de la reforma fiscal.

Frente a esto, la CGR censuró la presentación de nuevos proyectos que buscan complicar el control constitucional.

“El criterio de la Sala Constitucional puede traer seguridad jurídica y cohesión en diversos aspectos en el tanto exista interés actual, el cual podría decaer de optar por ‘exclusiones’ de leyes específicas que más bien fragmentan el sistema, lo debilitan y no son solución a las discrepancias que pueden presentarse”.

“Las divergencias se superan discutiendo argumentos, no evadiendo normativa, como se ha pretendido hacer con otras leyes indispensables para el país, en las cuales su ámbito de aplicación cada vez se reduce más”, afirmó la CGR.

Para la Contraloría, este tipo de iniciativas son una respuesta inapropiada al problema fiscal del país y de las finanzas municipales, pues más bien podrían volver insostenibles las situaciones deficitarias de dichas entidades.

“El Órgano Contralor estima que el proyecto es inconsistente y parece desconocer el contexto actual de vulnerabilidad financiera, al dejar de lado los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia en la administración del gasto público, lo cual podría provocar incluso su inconstitucionalidad”, concluyó el criterio.