Diputado del PUSC llevó a investigados por narco al ICT en busca de permiso para usar polémico terreno

Sospechosos pretendían desarrollar complejo turístico Beitos Place en costa de Limón. Ante negativa del Instituto, uno de ellos denunció a la exministra María Amalia Revelo

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El diputado Óscar Mauricio Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no solo consiguió una cita sino que acompañó a dos hombres que ahora son investigados por presunto narcotráfico a una reunión en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) con la entonces jerarca, María Amalia Revelo, en enero del 2019.

La intención de la visita era obtener un permiso para construir un complejo turístico de $12 millones (¢7.450 millones), denominado Beitos Place, en un terreno con problemas de posesión, en la costa de Limón, en vista de que una ley de 1961 le otorgó al ICT una franja en esa zona.

Así lo confirman el Instituto y un documento que uno de los investigados, de nombre Luis Cartín Herrera, entregó en la oficina de la legisladora independiente Ivonne Acuña, el 23 de julio del 2019.

Entre la comitiva que visitó a Revelo, el diputado del PUSC por Puntarenas llevó a Cartín Herrera y a su hijo Alejandro Cartín Ramírez, quien fue detenido el martes 25 de mayo como sospechoso de formar parte de una banda dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero.

Cartín Herrera, por su parte, falleció el pasado 6 de mayo.

Según informó la Asesoría Legal del ICT, los Cartín expusieron su intención de desarrollar el complejo turístico entre Portete y Moín y, de acuerdo con el documento que el propio Cartín Herrera le entregó a Ivonne Acuña, necesitaban un permiso.

Los Cartín aseguraban haber obtenido dos propiedades colindantes en esta franja frente a la costa.

Dijeron que un terreno correspondía a la compra de un derecho de posesión a Michael André Bell Montoya y que la otra se la compraron a un hombre de apellidos Sarquis Saed.

Cartín Herrera añadió que habían invertido $1,5 millones en un camino adoquinado de casi un kilómetro de largo y 14 metros de ancho, así como en un parqueo de 500 metros cuadrados frente a la costa.

No obstante, en todas sus respuestas, el ICT le reiteró a Cartín que únicamente le había cedido terrenos en ese lugar, por donación, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por lo que no podía autorizarle ningún traspaso o permiso a él.

Cartín insistió en que el Instituto le traspasara el lote a una de sus empresas, de nombre Urbanizadora Acre de Heredia, para construir el proyecto Beitos Place.

Según dijo Cartín Herrera en el documento que les compartió a Acuña y a otros diputados, el legislador Óscar Cascante contactó al entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, vía telefónica en la propia oficina de la ministra Revelo.

Afirmó que Piza le informó que podría reunirse con los tres en la Asamblea Legislativa, pues acudiría la tarde de ese 16 de enero al Congreso, en su función de jerarca de la Presidencia.

De hecho, Luis y Alejandro Cartín entraron a las instalaciones legislativas ese día, poco antes de las 3 p. m., con rumbo al despacho del socialcristiano Cascante, según los registros de la Unidad de Seguridad del Parlamento,

La Nación intentó conversar con Piza, para conocer si la reunión se produjo, pero al cierre de esta información no había respondido las llamadas.

Documentos aportados por la Asesoría Legal del ICT indican que, entre enero y mayo del 2019, Cartín envió varios oficios exigiendo el traspaso de la propiedad para su supuesto desarrollo hotelero.

Incluso, Cartín Herrera le pidió una reunión al diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, en febrero del 2019, para exponerle el tema, argumentando que el proyecto traería desarrollo, turismo y sobre todo empleo a la provincia de Limón.

“Sin embargo, según él mismo indicó, el proyecto estaba detenido por trámites en la Municipalidad de Limón. Mis colaboradores hicieron las consultas y determinaron que las objeciones eran insoslayables, por lo que el asunto quedó ahí”, recordó Cruickshank.

El ICT se mantuvo en su posición de que no podía otorgar permiso alguno.

Allanamiento y contrademanda

Cuatro meses después de la reunión con la ministra Revelo y a raíz de denuncias anónimas que ligaban a una serie de terrenos con sospechas de usurpación en zona marítima, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón realizaron allanamientos en varias propiedades.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en la propiedad que Cartín decía poseer en Portete, a través de Urbanizadora Acre de Heredia.

Esos allanamientos se realizaron el 22 de mayo del 2019, según reportó la prensa en ese momento. También lo menciona el propio Cartín Herrera en un documento que le entregó a varios diputados y en el cual se quejó por las actuaciones del ICT y de sus funcionarios.

En ese allanamiento participaron también la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el ICT, bajo la presunción de que hubo usurpación de bienes de dominio público, pero solo se detuvo a los empleados que trabajaban en el lugar, no a los dueños.

Antes de estas diligencias judiciales, Luis Cartín Herrera amenazó varias veces a la exministra Revelo con demandas judiciales.

Finalmente, el investigado por narcotráfico presentó una denuncia penal en contra de Revelo, a quien responsabilizó por el allanamiento que el OIJ realizó en la propiedad donde esperaba realizar el desarrollo Beitos Place.