El diputado del PLN, Juan Marín, presentó un proyecto de ley para que el Gobierno tenga que entregarle el 10% de su presupuesto a las municipalidades, sin que estas asuman nuevas responsabilidades. Hoy, la cifra equivaldría a casi ¢800.000 millones.
Se trata de una reforma al artículo 170 de la Constitución Política, el cual fue modificado en el año 2001.
En aquel momento, se estableció que el Ministerio de Hacienda debía distribuir un 10% del Presupuesto Nacional entre los ayuntamientos siempre que la Asamblea Legislativa aprobase leyes para transferirles competencias del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales.
Ahora, Marín pretende eliminar el párrafo que ordena pasar responsabilidades, de manera que el Gobierno solo transfiera el dinero.
La reforma del 2001 establecía que el traslado de dinero sería gradual a razón de un 1,5% anual durante siete años, al tiempo que se aprobaban los traslados de funciones.
Sin embargo, a la fecha no se ha concretado ninguna transferencia de funciones. El traslado de recurso dejaría al Gobierno central con menos recursos para financiar sus gastos.
Actualmente, el gobierno de Luis Guillermo Solís apoya un proyecto de ley que pasaría a las municipalidades el 15% del impuesto único a los combustibles para que financien la atención de vías cantonales, una función que ya tienen. El Ministerio de Hacienda perdería, de esa manera, más de ¢60.000 millones.
El diputado Juan Marín, exalcalde de Hojancha, alega que quiere eliminar el traslado de competencias porque la reforma del 2001 "no fue la más feliz". Argumentó: "Su contenido y redacción han sido contraproducentes para hacer realidad, lo que demandan y esperan los ayuntamientos”.