El Poder Ejecutivo impulsó en el Congreso un plan de ley para fortalecer los municipios, sin contar con una fuente de financiamiento para sostenerlo.
Se trata del expediente 18.001, que fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales a mediados de abril.
El texto plantea un cambio en la disposición de los recursos que se recaudan con el llamado impuesto a la gasolina, establecido por la Ley 8.114.
El proyecto, redactado por el Ministerio de Planificación (Mideplán), propone triplicar el dinero que esa legislación obliga a dar a las municipalidades, pasando del actual 7,5%, a un 22,5%, lo cual se haría de forma escalonada durante tres años.
El segundo porcentaje equivaldría a unos ¢62.750 millones, explicó Leonardo Campos Castillo, coordinador de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
No obstante, ni los jerarcas del Poder Ejecutivo encargados de enviar el proyecto al Congreso, ni los diputados que lo dictaminaron en la Comisión de Municipales, tuvieron en cuenta un pequeño detalle: los fondos ya son usados por el Estado.
Por eso, en la sesión del 15 de abril, tanto la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, como el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, hicieron ver a los diputados la necesidad de aprobar impuestos para poder financiar el nuevo plan de ley.
Explicaron que pasarlo así crearía un agujero en la caja única del Estado, que se nutre en buena parte con recursos provenientes del impuesto a la gasolina.
Cuchillo. A pesar de que la iniciativa fue redactada por el Mideplán en febrero y enviada al Congreso en marzo, fue hasta mediados de abril –una semana antes de que los diputados lo dictaminaran– que Sánchez y Pacheco previnieron sobre la obligación de más impuestos para cubrir los desembolsos.
“No aprobar algún tipo de ingreso termina siendo, en términos muy coloquiales ‘cuchillo para su mismo pescuezo’”, dijo el viceministro a los legisladores.
Pese a la advertencia, el plan fue dictaminado en comisión.
Este proyecto es una de las iniciativas especiales de ley para dotar a los municipios de más recursos a través de la transferencia de competencias, establecida en el artículo 170 de la Constitución Política, luego de una reforma aprobada en el 2001.
Dudas. Para la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, es preocupante que el proyecto avance si no hay claridad de que sea viable en el futuro.
La representante criticó que el plan fuera de conocimiento de un consejo consultivo, conformado por representantes del sector municipal y del Gobierno, y que no conocieran de los riesgos.
“Nos hicieron una propuesta muy atractiva, porque triplica lo que las municipalidades reciben para el mantenimiento de la red vial cantonal (...). Cuando ella (la ministra Sánchez) lo presenta, lo primero que pregunté fue que si Hacienda y el MOPT estaban de acuerdo, y ellos estaban allí (y no hubo objeción)”, afirmó.