Los recursos de créditos externos aprobados por la anterior Asamblea Legislativa para que el Gobierno abonara a la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fueron tramitados con el espíritu de que se acreditaran a la deuda general, recordaron exdiputados.
La aclaración es distinta a la interpretada por la CCSS, de que solo se puede descontar con ese dinero el acumulado del Gobierno por obligaciones de leyes especiales o atención a personas vulnerables. Por ello, el año pasado, la institución rechazó descontar de la deuda histórica del Estado ¢17.740 millones que le transfirió Hacienda, por cargas sociales atrasadas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Para los exlegisladores, sin embargo, los abonos que realice el Ministerio de Hacienda de esos dineros podrían disminuir la deuda del Estado de cualquier rubro.
Así lo aclararon los exlegisladores Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN); Laura Guido, del Partico Acción Ciudadana (PAC); y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Los tres integraron la comisión de Hacendarios donde se dictaminaron una serie de empréstitos de apoyo fiscal, en 2020 y 2021, de los cuales destinaron el 10% al abono de la deuda estatal con la Caja y el 90% al canje de deuda.
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“En realidad, fue un acuerdo de jefaturas de fracción porque los créditos, en su momento, no tenían viabilidad política. Dado que estábamos en los efectos más pronunciados de la pandemia, decidimos apoyar el pago de la deuda con la CCSS para que tuviera recursos para atender la emergencia.
“Es una sola deuda. Incluso, creo que así se dijo en actas. El Estado es uno solo y la deuda obedece a la falta de pago de diversas causas”, aclaró el liberacionista.
Por su parte, Guido, exjefa de bancada del PAC, añadió: “La norma no especifica, pero había interés de poder saldar la deuda con la Caja en todos sus componentes y, por supuesto, con un especial interés en entrarle a la de las cuotas obrero patronales”.
El exdiputado del Republicano, Otto Roberto Vargas, en tanto, dijo que, al revisar el debate que se dio en su momento, “la realidad es que es una sola deuda general del Estado con la Caja”.
“(El dinero aprobado) se puede usar para cubrir el pago de cualquier institución, incluyendo al MEP”, explicó.
Viales recordó que, en su momento, no se consideró necesario introducir en la aprobación de cada crédito una explicación más detallada sobre el tipo de deuda que se debía pagar.
“No, porque lo que prevaleció fue un acuerdo legislativo. Y nadie nunca señaló de que la deuda debía separarse porque el espíritu es que el Estado es uno y la deuda es una y el crédito es del Estado y lo pagamos todos”, reiteró.
La única ley que contiene una aclaración es la N°. 9895, que aprobó un crédito de $500 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020. El convenio de pago entre el Gobierno de la República y esta institución dice que el 10% será transferido por Hacienda “para amortizar a la deuda del Estado con la CCSS, en cumplimiento al convenio de pago entre el Gobierno de la República y esta institución”
Interpretación de la CCSS
Frente a los nuevos diputados del foro de Hacendarios, Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, declaró que lo aprobado por los anteriores diputados, de créditos externos, eran giros correspondientes al acumulado del Gobierno por obligaciones incumplidas con personas vulnerables como niños atendidos sin seguridad social, aseguramiento de adultos mayores o protecciones generadas por leyes especiales.
La deuda del MEP, que ascendió a ¢163.941 millones, en cambio, corresponde a cuotas obrero patronales no pagadas por la omisión de un incentivo salarial de Educación a la hora de pagar las cargas sociales, las cuales no son parte de los abonos, según interpretó el gerente de la entidad aseguradora.
Viales aclaró que el MEP no genera ingresos para pagarse su presupuesto. “Todo es aprobado por el Congreso de manera que el crédito tiene como sentido abonar a toda esa deuda general. Lo fundamental es solicitar un criterio de la PGR (Procuraduría General de la República) y, si es necesario, ajustar la redacción en la aprobación de cada crédito sobre ese 10%”, sugirió el exdiputado del PLN.
De momento, los diputados dudan en aprobar dentro del segundo presupuesto extraordinario, ¢85.000 millones proveniente de cinco créditos internacionales para cancelar esa deuda.
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Los legisladores excluyeron de momento los recursos del proyecto, mientras arreglan vacíos legales, entre estos aprobar una interpretación auténtica para dejar claro el destino del dinero, según explicó el jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, recordó que el espíritu de destinar una porción de los créditos de apoyo al presupuesto, a cancelar las deudas del Estado con la Caja debidamente acreditada.
“La única deuda debidamente acreditada por la Caja era la deuda del MEP, que es una deuda reconocida por el MEP en un convenio con la Caja, en la que participa el Ministerio de Hacienda. No existe ninguna otra deuda que haya sido debidamente reconocida por el Estado”, indicó.