Una denuncia penal interpuesta por el ahora ex superintendente general de Entidades Financieras, Javier Cascante, fue la prueba "pilar" para el arresto del empresario Juan Carlos Bolaños y seis miembros de la cúpula del Banco de Costa Rica (BCR), por el financiamiento otorgado para la importación de cemento chino.
Así la catalogó el juez Hugo Porter en la resolución del Tribunal Penal de Hacienda, del pasado viernes, en la que confirmó la resolución de la jueza Ana Cecilia Carballo, del Juzgado de Truno Extraordinario, que les impuso tres meses de prisión preventiva a los siete imputados.
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En el voto 421-2017, del cual La Nación tiene copia, Porter calificó "el uso del informe de la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) como elemento de prueba suficiente para la iniciación del proceso y como pilar de la fundamentación probatoria del fallo en cuestión".
Según escribió el juez, en la denuncia Cascante detalla "eventuales actos ilícitos" en las dos líneas de crédito, con un tope de endeudamiento de $30 millones, que el BCR le concedió a la empresa Sinocem Costa Rica, del empresario Juan Carlos Bolaños, para traer cemento desde China.
"El señor superintendente denuncia ante Ministerio Público los créditos que se le otorgaron al acusado Bolaños como presuntamente delictivos, y quiénes llevaron a cabo tales actuaciones y sus consideraciones del porqué de su determinación", añadió el juez penal en la resolución.
Javier Cascante presentó la denuncia en la primer semana de octubre ante la Fiscalía General. Esta se incluyó en el expediente 16-13-33-TP, donde se investiga el otorgamiento de esos financiamientos.
Inconsistencias entre giros e importaciones
En el voto del pasado viernes, Hugo Porter menciona que una de las aspectos que se investiga es el hecho de que el BCR le girara recursos a Sinocem aunque la empresa no importara la cantidad de cemento chino prevista en el plan de inversión.
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"Si leemos con detenimientos los acontecimientos históricos que se imputan a los acusados, vemos que los mismos se han mantenido incólumes desde las primera solicitud, que se trata de la investigación de tres aprobaciones crediticias aprobadas directa o indirectamente por personeros del BCR, especialmente su gerente general (Mario Barrenechea) y los miembros de la Comisión de Crédito, en favor de un sujeto de derecho privado, los cuales generaron una perdida institucional por determinar al Estado y, por ende, a la sociedad; y por otro lado, con reingreso de dineros entregados por el Banco sin mediar la compra de cemento", señala en voto.
Durante el 2016, el BCR le desembolsó $38,9 millones a Sinocem Costa Rica para que importara cemento chino; sin embargo, en el mismo periodo, al país solo ingresaron importaciones de este producto por $9,7 millones, según registros oficiales.
Con el dinero facilitado, la firma de Juan Carlos Bolaños habría podido traer 368.000 toneladas de cemento, pero solo trajo poco más de 93.000 toneladas y quedó debiendo $25 millones al banco.
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La defensa de los siete imputados trató de desacreditar el texto de la Sugef, alegando que se trataba de un informe que aún no estaba en firme, que algunas de las aseveraciones eran inexactas y que faltaba tomar en cuenta la respuesta del BCR a dicho documento. Sin embargo, esos alegatos fueron rechazados porque, además del informe presentado al BCR, el superintendente presentó una denuncia formal a la Fiscalía General.
"No es un informe técnico, como se pretendió identificar por todos y cada uno de los acusados y defensores, sino por el contrario es una denuncia penal, denuncia penal que presenta ante el Ministerio Público el señor Javier Cascante Elizondo, en su condición de superintendente general de la Sugef", se puede leer en el fallo.
Cascante dejó la Sugef el pasado miércoles 15 de noviembre.
En una entrevista concedida en octubre por Mario Barrenechea, gerente general del BCR, este respondió así ante el hecho de que Bolaños no hubiese utilizado el dinero girado en la compra de cemento: "El cemento este es especial para Costa Rica. No es un cemento de calidad internacional, tiene algunas características que lo hacen especial en cantidades pequeñas. Esto requiere que un fabricante pare la planta, requiere limpiar silos, producir el cemento, no es que se agarra de las bodegas. Eso hace que el tiempo en que se pone una orden y se embarca el cemento –para su venta– no es corto y requiere ser amarrado".
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“Es decir, si pido una orden se requiere un flujo de producción y amarrar un programa, es decir, que si recuerdo son 11 meses de producción (...). ¿Qué hizo él (Bolaños) con esa plata? No lo sé, me imagino que tenía problemas de caja y jineteó. ¿Hizo negocio? No, porque estaba pagando intereses por esos montos”.
Las pesquisas en el Ministerio Público están a cargo de la fiscala general, Emilia Navas. Juan Carlos Bolaños es investigado por cuatro presuntos delitos: peculado, tráfico de influencia, denuncia calumniosa y simulación de delito.
Ante la comisión legislativa que investiga los créditos bancarios, el fiscal general suspendido, Jorge Chavarría, había relatado precisamente que el superintendente presentó una denuncia.
A los seis altos mandos del BCR se les atribuye un supuesto peculado, bajo la hipótesis de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con el otorgamiento del financiamiento a Bolaños.
Los jerarcas bancarios son Mario Barrenechea Coto, Marvin Francisco Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos; y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.
Ellos integraban el Comité de Crédito del Banco y actualmente se encuentran suspendidos de sus cargos.