Un criterio de la Dirección de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, emitido el 14 de julio del 2021, a solicitud del director ejecutivo, Antonio Ayales, sirvió de portillo para el gasto millonario en gasolina que algunos diputados hicieron en los meses pasados y que ha generado una fuerte polémica.
Así consta en el oficio AL-DALE-PRO-0137-2021, donde el director a. í. de la Asesoría Legal, Freddy Pacheco, concluyó que los congresistas tienen derecho a utilizar los saldos millonarios disponibles en sus tarjetas del Banco de Costa Rica (BCR), “conforme con los depósitos efectuados con sustento en la Ley de remuneración de los diputados, incluyendo los saldos de meses anteriores sin utilizar”.
En ese criterio también se planteó que cualquier limitación al uso de combustible ya asignado de conformidad con la ley 7352 “debe de ser corregido por la administración, por tratarse de una limitación operativa y/o funcional, y no de naturaleza jurídica”.
El documento, de ocho páginas, fue en respuesta a una solicitud de Ayales para analizar una cadena de correos referida al uso de los combustibles de los legisladores, que antes de julio del año pasado tenían, por convenio con el BCR, un límite de uso mensual de ¢500.000.
Esa cadena de correos se originó porque, en mayo del 2021, el diputado Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), tuvo problemas para pagar combustible, debido a que ya había consumido, ese mes, ¢472.810 y solamente tenía a disposición ¢27.190.
El documento de Asesoría Legal detalla que, en la cadena de correos, se comunicó una ejecutiva de cuenta del BCR, la tesorera de la Asamblea y la jefa de despacho de Morales Mora, a quien se le explicó el límite de uso mensual que establecía el convenio para uso de combustibles.
Aunque Silvia Castro, asesora de Morales Mora, se dio por satisfecha con las explicaciones sobre el mecanismo para usar el combustible, la administración del Congreso avanzó en buscar la ruptura de ese límite de uso de la tarjeta.
“Quedamos claros, ya he compartido la información con el señor diputado y no tenemos observaciones o dudas adicionales respecto a este asunto”, respondió el despacho de Morales.
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Decisión administrativa
Pese a ello, el director a. í. de la División Administrativa, Francisco Araya, opinó que la ley no establece restricción ni límite para usar la cuota de combustible si los diputados tienen saldos o remanentes, y pidió indagar por qué se había fijado un tope mensual.
Cuando Francisco Araya emitió esa opinión, el Departamento Financiero le preguntó a la tesorera institucional si se podía eliminar el límite de consumo, por tratarse de una “limitación de naturaleza administrativa”.
En su respuesta, la tesorera enfatizó que el límite de consumo se estableció en el convenio suscrito con el BCR y manifestó que si la decisión era liberar el uso de la gasolina, tenían que elevar a la presidencia legislativa la solicitud formal para tramitarla con el banco.
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De hecho, la tesorera institucional advirtió de que ese límite era una forma de regulación que se había fijado a través del convenio entre BCR y la Asamblea; también, recordó que ya antes se había liberado en el 2015, a solicitud de una diputada, pero tramitado por el presidente legislativo de aquel momento, como representante legal y representante del Congreso para la firma de dicho convenio.
No obstante, esa discusión nunca tuvo lugar en el Directorio legislativo, ni tampoco se tramitó la solicitud por medio de la presidenta, Silvia Hernández, como lo confirmó La Nación a con una revisión de las actas de ese órgano.
“Nunca ha ido al Directorio ese tema. Yo fui a buscar y llamé a Legal y me dijeron que, en efecto, eso nunca se ha visto en el Directorio”, explicó la jerarca legislativa.
Por separado, Freddy Camacho, director a. í. de Asesoría Legal y director ejecutivo interino en el momento de la consulta; y Rodney López, director a. í. del Departamento Financiero, confirmaron que las gestiones se hicieron a lo interno de la administración legislativa.
Saldos millonarios
Aunque la única regulación que contenía ese convenio era el límite mensual de los ¢500.000, con la ruptura de este por decisión administrativa, los diputados tuvieron acceso a saldos millonarios que permitieron, por ejemplo, que la independiente Ivonne Acuña pagara, en una sola compra, ¢3 millones en una gasolinera en Escazú, antes de irse del país hacia Estados Unidos, de donde no ha regresado.
También, eso permitió que la jefa de Liberación Nacional, María José Corrales, pagara combustible por más de ¢2,1 millones en cuatro días, entre diciembre y enero.
De hecho, el gasolinero que recibió el pago de Ivonne Acuña confirmó que alguien consume ese combustible, pero que él solo revelaría los datos si un juez lo exige.
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Luego del criterio de la Asesoría Legal emitido el 14 de julio del 2021, el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, le envió el oficio AL-DREJ-OFI-0712-2021 a Francisco Araya, de la División Administrativa, donde le pidió coordinar “acciones correctivas y controles necesarios” para eliminar el tope de uso de la tarjeta.
Finalmente, el 19 de julio, Francisco Araya giró instrucción a Rodney López, director de Financiero, para “garantizar que las señoras y señores diputados puedan utilizar (...) los saldos disponibles en sus tarjetas de combustible, incluyendo los remanentes de meses anteriores”.
Si bien algunos diputados han defendido que pueden utilizar el combustible “a su antojo”, o bien, que ese combustible es parte de la remuneración de los congresistas, no es así.
La ley establece una ayuda técnica de 500 litros mensuales de combustible para cada legislador que se hace efectiva a través de un depósito en dinero en una tarjeta de débito. Según los precios de este marzo, el depósito sería de ¢411.000.
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