La crisis económica provocada por la pandemia disparó los retiros del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), entre abril y junio del 2020, en las operadoras de pensiones complementarias (OPC) del sector público.

Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República (CGR) el pasado viernes, en un informe sobre el comportamiento de los ingresos de estas OPC.

Entre abril y junio, se procesaron 194.960 solicitudes de retiro, por un monto total de ¢36.142 millones.

Esta cantidad de asalariados equivale al 18% de los empleos formales del país.

De este monto, casi un 60% obedeció situaciones laborales extraordinarias provocadas por la pandemia: reducciones de jornadas y suspensiones de contratos de trabajo.

Un 46,6% (¢16.845 millones) correspondió a retiros por reducciones de jornadas y un 12,9% (¢4.668 millones) a suspensiones, mientras que el 40,5% (¢14.629 millones) restante obedece a ceses laborales.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), la cantidad de dinero retirado del FCL se triplicó entre abril y junio del 2020 en comparación con el mismo periodo del 2019, incluyendo los datos de las operadoras privadas.

La cifra subió de ¢14.248 millones a ¢45.257 millones.

El aumento se dio de la mano con la aprobación el 3 de abril, en la Asamblea Legislativa, de una ley para que los trabajadores con jornadas reducidas o suspendidas, por la crisis de la covid-19, puedan retirar su FCL para afrontar el golpe económico de la pandemia.

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Este fondo se nutre con un aporte patronal equivalente al 3% del salario de cada empleado. El 50% de este dinero permanece en el FCL, mientras que la otra mitad se deposita una vez al año en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

En condiciones normales, el FCL solo se puede retirar al finalizar una relación laboral o al cumplir cinco años seguidos de trabajo con un mismo patrón.

Según la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el segundo trimestre de este año el país sufrió una drástica caída de cerca de 463.000 puestos de trabajo respecto al primer trimestre del 2020. De ellos, cerca de 346.000 (tres de cada cuatro) fueron trabajos informales y 117.000 formales.

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OPC con menos ingresos

En su informe, la CGR también detalló que, al 30 de junio del 2020, los ingresos de las OPC públicas, en conjunto, tuvieron un crecimiento neto del 3% con respecto a los primeros seis meses del 2019, al pasar de ¢19.652 millones a ¢20.293 millones.

Se trata de un porcentaje de crecimiento interior al 15% registro en el mismo periodo del 2019 y al 11% del 2018.

El reporte señala que BCR Pensiones registró un crecimiento del 7% (¢248,5 millones) y BP Pensiones uno del 2% (¢216,5 millones).

Por su parte, BN Vital reportó un 16% (¢803,2 millones) y la operadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un 15% (¢302,6 millones).

La mayoría de los ingresos provinieron de las comisiones que recibe cada operadora por administrar los fondos de pensiones y de capitalización laboral.

Según los datos presupuestarios del periodo 2020, las comisiones representan entre el 89% y el 93% de los ingresos, seguidas por los intereses de títulos valores, que representaron entre un 5% y un 9%.

La CGR comentó que, en cuanto a los ingresos por intereses, “se observa que estos han presentado una tasa de variación del 24,8% al 30 de junio de 2020 en relación con el primer semestre de 2019; situación que ha permitido, según lo señalado en los citados informes, un equilibrio producto de la disminución de otros ingresos tales como los ingresos por comisiones”.

“Asimismo, se observa una disminución en los gastos relacionados principalmente con la adquisición de materiales, suministros y bienes duraderos en el primer semestre 2020 respecto al primer semestre 2019; siendo la disminución más importante la registrada por la OPC-CCSS de un 49,2% y 21,4%, respectivamente”, detalla.

Por otro lado, aumentó en un 6% el pago de comisiones y gastos por servicios financieros, correspondientes al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), plataformas de procesamiento y el uso de Sinpe para el pago de servicios de trámites de retiros.