Costa Rica duda de voluntad de diálogo del gobierno de Ortega

Embajadora Montserrat Solano afirmó en la OEA que régimen debe permitir regreso de organismos defensores de derechos humanos, para recuperar confianza de países del continente

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El Gobierno de Costa Rica afirmó, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que duda de la voluntad de diálogo del presidente nicaragüense Daniel Ortega, por considerar que las acciones del régimen muestran una posición distinta.

"La decisión del Gobierno de Nicaragua de perseguir a los defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, entre otros, y de expulsar a todos los organismos internacionales de derechos humanos hacen difícil de creen en la voluntad de diálogo”, manifestó este viernes la embajadora Montserrat Solano, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización.

El organismo sesionó para analizar la situación de Nicaragua y el diálogo entre Gobierno y oposición.

Durante la cita, Solano presionó al gobierno de Ortega para que permita el regreso del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de otros organismos internacionales de protección de derechos humanos.

La embajadora afirmó que dicha acción es un requisito para recuperar la confianza de la OEA.

Meseni y otra misión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron expulsadas de Nicaragua en diciembre del 2018 por el régimen nicaragüense, el cual las acusó de “injerencistas” y de ser parcializadas en su evaluación de la situación del país.

Solano reconoció los acuerdos alcanzados durante las conversaciones que se cerraron el miércoles, pero los calificó como insuficientes.

“Persisten patrones de violaciones de Derechos Humanos cuando el Gobierno de Nicaragua se niega a considerar temas fundamentales fuera de la agenda, algunos de ellos aprobados anteriormente por el mismo gobierno, como son las reformas electorales”, dijo Solano.

Al cierre del diálogo, el gobierno de Ortega se comprometió a liberar a los cientos de opositores presos y restituir garantías constitucionales suprimidas durante la crisis, incluido el derecho a la protesta.

Una de las personas que permanece en prisión es la periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda, quien este domingo cumplió 100 días de arresto.

No obstante, los opositores reclaman que el régimen no aceptara el adelanto de las elecciones.

“A pesar de los acuerdos y de las liberaciones a cuenta gotas, siguen privados de libertad cientos de presos políticos, las organizaciones de la sociedad civil siguen sin contar con su personalidad jurídica, los medios de comunicación se mantienen bajo censura y los exiliados no pueden regresar con seguridad a su país”, criticó la embajadora costarricense ante la OEA.

Durante la sesión de este viernes, Solano reiteró que la crisis de Nicaragua llegó al punto de ruptura del orden democrático y aseguró que el tiempo apremia para implementar una solución.

“Costa Rica sigue abogando por la solución pacífica a la crisis en Nicaragua, pero al pueblo nicaragüense se le acaba el tiempo, la paciencia y la esperanza. Nicaragua y su pueblo necesitan que se detengan las constantes y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno”, advirtió Solano.