La próxima semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hará la deliberación final del caso contra Costa Rica que llevaron hasta esa instancia 17 condenados penales, incluidos cinco exdirectivos del Banco Anglo, por una supuesta violación de sus derechos.
Luego de deliberar, los jueces tomarán su decisión y dictarán una sentencia.
El caso Amrhein y otros vs. Costa Rica ingresó a la jurisdicción de la Corte IDH en noviembre del 2014, luego de pasar un primer filtro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los 17 recurrentes alegan que el Estado costarricense violentó su derecho de acceder a un recurso que les permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales que se les impusieron por diversos delitos.
El Estado rechaza esa postura y sostiene que los condenados omitieron acudir a los recursos legales vigentes para solicitar la revisión de condenas.
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En el caso de los cinco exdirectivos del Banco Anglo, la entidad financiera que cerró en 1994 como consecuencia de un descalabro financiero, la condena que se les impuso fue de 15 años de prisión por el delito de peculado.
Otros demandantes consideran que el Estado vulneró su derecho a las garantías judiciales durante los procesos penales, así como que permanecieron en prisión preventiva durante periodos excesivos y que cumplieron sus condenas en medio de malas condiciones en los centros penitenciarios.
En agosto del año pasado, cuando las partes asistieron a la audiencia final del caso, la magistrada penal Doris Arias, presidenta de la Sala Tercera, manifestó que una condena para Costa Rica sería "catastrófica", pues podría obligar al Estado a revisar hasta 110.000 sentencias, muchas de las cuales ya datan de varias décadas.
La deliberación del caso Amrhein forma parte de la agenda de sesiones ordinarias que sostendrá la Corte IDH entre el 23 y el 27 de abril, en la sede del alto tribunal de derechos humanos, ubicado en Los Yoses, San José.
Según informó el departamento de prensa de la Corte, la decisión podría tomarse en esos mismos días. No obstante, el fallo será público hasta que se notifique al Estado, para lo cual no hay un plazo definido, puede tomar incluso semanas.
Según lo dispone el reglamento de la Corte, la jueza Elizabeth Odio no participa en el conocimiento del caso, por ser ella de nacionalidad costarricense.