La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al gobierno actualizar el Presupuesto Nacional para que refleje la caída de ¢1 billón en los ingresos tributarios que, según el Ministerio de Hacienda, provocará la pandemia de covid-19.

“Retardar este ajuste implica no contar con información oportuna sobre la situación fiscal y podría acarrear el riesgo de caer en la imposibilidad de ejecutar el presupuesto de egresos, ante la eventualidad de no contar con la autorización necesaria para recurrir al financiamiento alternativo requerido”, explicó Marta Acosta, contralora general.

La observación la hizo en el marco de la discusión del segundo presupuesto extraordinario planteado por el Poder Ejecutivo.

Este segundo presupuesto destina ¢183.000 millones a la amortización de deuda pública con recursos provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Lo anterior permite reducir la necesidad de obtener recursos prestados en el mercado interno, donde son más caros.

De ese mismo crédito, se destinarían ¢34.334 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de compensar la decisión de reducir la base mínima contributiva por la pandemia.

Adicionalmente, se contempla una transferencia de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) a los bonos Proteger, creados por el gobierno para ayudar a las personas económicamente afectadas por la crisis.

Por último, se reducen los gastos en ¢62.453 millones, principalmente por disminución en el pago de intereses de deuda gracias a un canje de financiamiento interno por externo.

El pasado mes de mayo, en una carta enviada a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, expuso que el gobierno necesita conseguir ¢4,4 billones prestados para cubrir los gastos del 2020.

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Al justificar la necesidad de endeudamiento, Chaves argumentó que los ingresos recolectados por impuestos caerán en ¢975.000 millones este año, lo que equivale a más del 9% del presupuesto nacional por ¢10,5 billones del 2020.

La disminución en los ingresos obedece, según alegó, a la contracción económica por la crisis del nuevo coronavirus y a la moratoria de impuestos impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso, al inicio de la pandemia.

En la misma carta, Chaves afirmó que el Gobierno Central estima gastar ¢7,25 billones de mayo a diciembre del 2020, cifra que incluye los ajustes hechos con el primer presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa el 24 de abril.

Los ¢7,25 billones que el Poder Ejecutivo estima gastar se dividen así: ¢2,2 billones en transferencias a otras instituciones, ¢1,6 billones en salarios, ¢1,4 billones en amortizaciones, ¢1,2 billones en intereses, ¢567.000 millones en gasto de capital y ¢197.000 millones en bienes y servicios.

Recomienda condicionar aprobación

Por otro lado, la contralora general recomendó a la Asamblea Legislativa condicionar la aprobación del segundo presupuesto extraordinario y de otros proyectos de igual naturaleza, al envío por parte de Hacienda de información sobre cuál es el límite del crecimiento del gasto corriente.

El objetivo de esa medida, expuso, es conocer el cumplimiento de la regla fiscal partiendo de que, a raíz de la pandemia, el gobierno aplicó la cláusulas de escape previstas en la ley de reforma fiscal.

“Se requiere una definición taxativa del límite de crecimiento porcentual del gasto corriente del Gobierno Central en su conjunto, que considere los acontecimientos que han motivado la aplicación de cláusulas de escape previstas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

“Este aspecto es competencia del Ministerio de Hacienda y no ha sido definido claramente hasta el momento; y cuanto más tiempo persista esta situación, tanto más riesgo se acumula de ejecutar y liquidar el presupuesto sin manera de determinar si se cumplieron los principios de la regla fiscal”, expuso Acosta.

Ese mismo llamado lo había planteado la contralora general en otra comparecencia en la Comisión de Hacendarios, en abril pasado, cuando ese foro discutía el primer presupuesto extraordinario del 2020.

Silvia Hernández, diputada del PLN y presidenta de Hacendarios, lamentó que el gobierno no haya cumplido con el ajuste presupuestario ni con la entrega de información relacionada al cumplimiento de la regla fiscal.

“Ambas acciones siguen sin presentarse. ¿Cómo es posible que a esta altura el gobierno no haya indicado en el presupuesto la disminución de los ingresos? El anterior ministro Rodrigo Chaves indicó que vendría en el segundo presupuesto extraordinario y no se presentó”, cuestionó la verdiblanca.

Su compañera de fracción y también integrante de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, coincidió con la Contraloría sobre la necesidad de tener información clara sobre el cumplimiento de la regla fiscal.

“Desde el 22 de abril, se mandó el oficio por parte de esta comisión al ministro de ese momento, para que pudiera determinarlo y enviarlo de forma inmediata. Me parece que no solo hay que exigir esa información, sino que es necesaria para cualquier análisis”, expuso.

Hace dos meses, la administración Alvarado comunicó al Congreso que suspendía la aplicación de la regla fiscal en cuatro instituciones que están a cargo de la atención directa de la pandemia.

Se trata del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Trabajo, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y el Cuerpo de Bomberos.

Con la suspensión de la norma, el gobierno puede aumentar el gasto corriente en esas instituciones.

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La medida se amparó en la cláusula de escape definida en el artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Dicho enunciado establece que la regla se puede activar en caso de que Costa Rica experimente una emergencia nacional, cuya atención requiera recursos equivalentes o superiores al 0,3% del producto interno bruto (PIB).

La regla fiscal es una norma que limita el crecimiento del gasto corriente del sector público, el cual incluye transferencias, salarios, servicios e intereses.

Para este año, el primero en que se aplica, el gasto corriente tiene un límite de crecimiento del 4,67% con relación al 2019.

El pasado 14 de abril, la Contraloría estimó que, debido al uso de la cláusula en esas cinco instituciones, el gasto corriente del Gobierno Central crecería este año en, al menos, un 5,7% con respecto al 2019, en lugar del 4,67% previsto originalmente.

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En esa ocasión, Acosta pidió al Poder Ejecutivo definir los parámetros sobre el manejo del gasto público a los que se someterán las próximas decisiones.

“Se debe detallar la justificación del levantamiento de la regla fiscal a las instituciones, así como la definición taxativa del nuevo límite permitido para el Presupuesto de la República”, indicó la jerarca a los legisladores.