Política

Gasto corriente del Gobierno Central subiría un 5,7% en 2020 por emergencia del covid-19

Crecimiento estimado con respecto al 2019, según cálculo de la Contraloría a partir del presupuesto extraordinario aprobado para dar subsidios a familias afectadas. Supera el alza de 4,67% que imponía la regla fiscal.

La Contraloría General de la República (CGR) estima que el gasto corriente del Gobierno Central crecerá este año al menos un 5,7% con respecto al 2019, en lugar del 4,67% previsto originalmente, como consecuencia de la pandemia de covid-19.

El incremento se debe al levantamiento de la regla fiscal en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Trabajo, el Cuerpo de Bomberos y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Esas instituciones tienen a cargo la primera fase de atención de la emergencia, para lo cual requieren aumentar sus fondos por encima de lo que permitiría la regla en condiciones normales. En respuesta, la semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó un primer presupuesto extraordinario que inyecta fondos para subsidiar a las familias afectadas económicamente por la crisis.

De acuerdo con el órgano contralor, la suspensión de la regla fiscal y esa primera modificación presupuestaria implicarán que en vez de alcanzar un máximo de ¢7,45 billones, los gastos corrientes del Gobierno Central subirán a, al menos, ¢7,53 billones.

El aumento es de ¢76.034 millones.

Se consideran gastos ordinarios aquellos destinados a pagar transferencias, salarios, servicios e intereses de la deuda pública. En este caso, son los recursos que girará el Ministerio de Trabajo a las familias golpeadas por la crisis.

Marta Acosta, contralora general de la República, comunicó los datos a la Comisión de Asuntos Hacendarios el 14 de abril, en una reunión virtual de asesoría sobre el presupuesto extraordinario.

La modificación destina ¢150.000 millones a un fondo de subsidios para los trabajadores afectados por la emergencia. Otros ¢273.000 millones se reservaron para mejorar el perfil de la deuda pública.

De acuerdo con el Área de Administración Financiera de la CGR, el incremento en los gastos corrientes no será mayor porque la mitad del fondo de subsidios se financiará con dineros que ya estaban en otros rubros del Presupuesto Nacional. Por ejemplo, en plazas vacantes en el Ministerio de Educación Pública.

Según indicó el Poder Ejecutivo a los diputados, la primera etapa de atención de la emergencia requerirá de ¢227.509 millones, equivalentes al 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Urge definir nuevo límite

En su presentación ante los diputados, Acosta aseguró que pese al estado de emergencia nacional, es urgente definir los parámetros sobre el manejo del gasto público a los que se someterán las próximas decisiones.

“Se debe detallar la justificación del levantamiento de la regla fiscal a las instituciones, así como la definición taxativa del nuevo límite permitido para el Presupuesto de la República”, dice la presentación que la jerarca le mostró a los legisladores.

La CGR sostiene que la atención de los sectores más vulnerables no debe implicar un descuido de los esfuerzos por mejorar las finanzas públicas. El órgano aboga por generar ahorros en instituciones con duplicidades, ineficientes o que perdieron su razón de ser.

“Se debe atender simultáneamente la protección del bienestar social así como la visión de mediano y largo plazo que permitan salir de la crisis sanitaria con la mayor salvaguarda posible de la sostenibilidad”, indica el criterio de la Contraloría sobre el plan aprobado.

La situación financiera del Estado costarricense era delicada antes de la emergencia, y empeora conforme la pandemia hace estragos en la economía nacional.

El gasto corriente tiene un gran peso en el manejo de las finanzas públicas, pues consume un 74,5% del Presupuesto Nacional y equivale a un 20,3% de la producción.

Las erogaciones, además, juegan un rol importante en el déficit fiscal, es decir, el desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno.

Tras la implementación de la reforma tributaria, el déficit mostró señales de mejoría, no obstante, los embates de la pandemia interrumpirán el avance. Antes de la emergencia el Banco Central previó que el indicador podría cerrar a final de año en un 5,3% del PIB, pero ahora, la agencia calificadora Moody’s estima que podría alcanzar un 8,1% de la producción.

El gobierno también procura mantener su plan para reducir la deuda pública que aumenta cada año, debido a la falta de recursos propios para sostener la operación del Estado.

El problema es que cuanto más deba el país, más le cuesta encontrar financiamiento. Además, se limitan los recursos disponibles para realizar inversiones beneficiosas para la población y se presionan las tazas de interés al alza, en perjuicio de los habitantes.

Sofía Chinchilla Cerdas

Sofía Chinchilla Cerdas

Periodista en la sección de Política. Graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, en la Universidad de Costa Rica.

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