La Contraloría General de la República (CGR) sepultó la posibilidad de establecer sanciones administrativas contra el expresidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) por el hueco fiscal que dejó su gobierno.
Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa de la CGR informó de que “no encontró mérito para la apertura de un procedimiento por responsabilidad administrativa en contra del señor Solís Rivera” por el déficit de ¢600.000 millones en el presupuesto nacional 2018.
El 6 abril de 2020, la entonces subcontralora de la República, Silvia Solís, ratificó las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y los despidos sin responsabilidad patronal de los funcionarios involucrados en este asunto, pero al mismo tiempo ordenó abrir un proceso disciplinario contra el exmandatario por posibles actuaciones u omisiones en la gestión del presupuesto nacional de aquel año.
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No obstante, Luis Diego Ramírez González, gerente de la División Jurídica, reiteró que no existe fundamento para abrir un proceso contra el expresidente y mucho menos imponerle eventuales sanciones en la vía administrativa.
En la resolución DJ-0927, del 6 de julio de 2020, Ramírez expresó que la investigación preliminar de este caso “no encontró mérito para la apertura de un procedimiento por responsabilidad administrativa en contra del señor Luis Guillermo Solís Rivera, por los hechos que fueron objeto de análisis”.
El gerente agregó que la subcontralora no precisó las razones por las que, en su criterio, debía abrirse un procedimiento contra el exmandatario.
“El superior omitió señalar las razones por las cuales estima que existe mérito para iniciar un procedimiento administrativo en contra de dicho exservidor público por responsabilidad administrativa”, enfatizó Ramírez.
La División Jurídica aseguró haber revisado la investigación preliminar relacionada con el hueco fiscal y sostuvo que no halló “elementos de juicio suficientes para acreditar en grado de probabilidad, una posible responsabilidad administrativa del señor Solís Rivera”.
Las pesquisas en la CGR relacionadas con el hueco fiscal se abrieron luego de una investigación en la Asamblea Legislativa, cuando 40 de los 57 legisladores solicitaron al ente contralor revisar las actuaciones de los jerarcas. El órgano contralor asegura, sin embargo, que para entonces ya había iniciado el proceso.
Marta Acosta, contralora general de la República, se inhibió de conocer el caso debido a que adelantó criterio durante una audiencia realizada en una comisión legislativa.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene desde abril de 2019 una investigación contra Solís Rivera por presunto incumplimiento de deberes.
A ese expediente se sumaron hechos enviados por la Contraloría “que podrían constituirse en los delitos de peculado, fraude de ley e influencia en contra de la Hacienda Pública (expediente 20-000115-1218-PE)”.
Las sanciones
En agosto de 2018, La Nación dio a conocer que la administración Solís Rivera heredó, en el presupuesto nacional de ese año, un déficit de ¢600.000 millones para el pago de deuda interna.
Para solventar la carencia de recursos, el Ministerio de Hacienda tuvo que gestionar ante el Congreso un presupuesto extraordinario para atender sus obligaciones en pago de deuda interna.
Por este asunto, la CGR inhabilitó para ocupar cargos públicos por cuatro años a Helio Fallas, quien fungió como ministro de Hacienda entre 2014 y 2018.
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También ordenó los despidos sin responsabilidad patronal de Julio Espinoza, quien fuera director de Crédito Público; Melvin Quirós, subdirector de Crédito Público; y Martha Cubillo, que ocupó los cargos de viceministra de Hacienda y tesorera nacional.
Todos esos funcionarios también fueron inhabilitados para ocupar puestos públicos por periodos que oscilan entre los dos y cuatro años.
Las sanciones fueron apeladas por los involucrados, pero ratificadas en abril de 2020 por medio de la resolución R-DC-32-2020.
El denominado hueco fiscal también provocó la salida de Rocío Aguilar, primera ministra de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado Quesada, pues la Contraloría recomendó su suspensión sin goce de salario por 30 días.
Aguilar decidió renunciar para no obligar al presidente a decidir si acataba o no lo dicho por la CGR.