La Contraloría General de la República (CGR) expresó su preocupación sobre un proyecto de ley que pretende traspasar la planta asfáltica de Siquirres, propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a manos de ocho municipalidades de Limón, Heredia y Cartago.
Esa es una de las cuatro plantas en desuso que el MOPT cerró en 2018, debido a que producían material asfáltico a un costo más elevado que el mercado y con una calidad menor a la exigida por la normativa técnica, según argumentó el Gobierno, luego de invertir ¢3.295 millones en esos activos.
El plan pretende reactivar esa planta en desuso, con el propósito de que las municipalidades de Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo puedan abastecerse de ese material para la intervención de vías cantonales. Los municipios de Sarapiquí de Heredia, y Turrialba, en Cartago, también han expresado su interés en participar.
La iniciativa es impulsada por las diputadas Marulin Azofeifa, del bloque fabricista, y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN). Ambas representantes del Caribe.
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Sin embargo, a la Contraloría le inquieta la ausencia de estudios técnicos que garanticen la factibilidad, sostenibilidad y rentabilidad de dicha propuesta, así como las normas que se aplicarán para ejercer control sobre esos bienes del Estado por parte de las municipalidades.
“Esta Contraloría externa su preocupación por el deterioro o no uso de los recursos públicos, particularmente de equipos como lo son las plantas productoras de mezcla asfáltica, propiedad del MOPT, que han representado altas inversiones para su puesta en servicio y de mantenimiento.
“No obstante, la disposición de dichos bienes requiere de los estudios técnicos tanto para determinar la factibilidad y sostenibilidad de los proyectos, así como también las capacidad del MOPT o de las municipalidades para tal efecto”, señala el órgano.
En contraparte, Yorleny León asegura que es inaceptable que el Estado tenga en desuso ese activo cuando los municipios demandan recursos para darle mantenimiento a sus rutas cantonales.
“Hoy las municipalidades están secuestradas por el único proveedor que existe en toda la provincia de Limón, ante quien se ven obligadas a comprar el material asfáltico sí o sí, al precio y en las condiciones que sea”, afirmó la legisladora.
Administración de la planta
El proyecto de ley propone crear una sociedad pública de economía mixta (SPEM) para administrar la planta asfáltica de Siquirres. Esta sería una empresa que debe ser formada con, al menos, un 51% del capital accionario proveniente de los municipios, y el otro porcentaje perteneciente a sujetos de derecho privado.
Sobre ese punto en específico, la Contraloría señaló que “es de suma preocupación que el proyecto se enfoque de manera simultánea en la creación de una SPEM, sin que se delimiten contornos de este sujeto —que incluso podría presentar problemas en su viabilidad jurídica— y se proceda, en el mismo cuerpo normativo, a otorgar en donación de la planta, que es un recurso de naturaleza pública, de onerosa y compleja operación”.
León afirmó que los diputados que conforman la Comisión Especial de la Provincia de Limón ya están al tanto de los señalamientos expresados por el órgano contralor, al tiempo que aseguró que están trabajando un texto sustitutivo.
En la nueva propuesta, adelantó León, se dejará claro que la sociedad pública de economía mixta será exclusiva para las plantas de asfalto, es decir, no podrán constituir otras actividades económicas.
Por otra parte, la congresista dejó claro que la Comisión pretende constituir esa figura legal en el mismo proyecto de ley que se le traspasa el activo estatal, y no por separado.
“Es lo más sensato, porque si las municipalidades invierten tiempo y recursos en la búsqueda de socios para constituir esa SPEM y después por alguna circunstancia la sociedad no se puede llevar a cabo, me parece que la misma Contraloría pegaría el grito al cielo al ver que se utilizaron recursos que no lograron llegar a un buen término.
“Han pasado años sin que este país aproveche esta figura que podría venir a refrescar mucho la Hacienda Pública y, de esa manera, poder ampliar las capacidades de los gobiernos locales para atender las necesidades que existen en los diferentes cantones”, expresó León.
Las plantas fueron cerradas en 2018 por orden del ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, quien argumentó que esos equipos no eran rentables. Contrario al argumento de Méndez, los exministros de esa entidad, Carlos Villalta y Germán Valverde, habían asegurado ante el Congreso, en 2019, que la operación de esos equipos sí eran factible.