Marta Acosta, contralora general de la República, le respondió este miércoles al mandatario Rodrigo Chaves que la institución que ella dirige no puede dar consejo sobre la negociación que él decidió hacer para extenderle, por cinco años más, el contrato de concesión a la empresa Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), administradora del puerto de Caldera, en Puntarenas.
De esta empresa es accionista José Pablo Chaves, uno de los mayores financistas de la campaña electoral del hoy mandatario, e hijo de Calixto Chaves, quien fue el director de campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y ahora es consejero presidencial.
Este miércoles, al defender la decisión de extenderle la concesión a la firma SPC, aunque en esta participe una persona que invirtió ¢107 millones en su campaña, el presidente Chaves dijo que invitó a la Contraloría General de la República y a su jerarca a ser parte del proceso.
El gobernante declaró: “En esa negociación, yo no voy a tener nada que ver. Invité a la contralora a que nos dé el consejo necesario, a pesar de que ella no debe ni puede coadministrar, para que la negociación no sea limpia, sea aséptica, y que ella vea el proceso para poder dar el refrendo. ¿Porque sabe qué? Yo no puedo firmar sin que la Contraloría esté de acuerdo”.
Consultada sobre esa invitación, Marta Acosta respondió lo siguiente: “Como con cualquier jerarca del Poder Ejecutivo, cuando nos consultan sobre un tema que haya fiscalizado la Contraloría General, se remiten los documentos públicos de la actividad de fiscalización desplegada al respecto del tema, no pudiendo considerarse eso ‘consejo’ dada la independencia constitucional que como ente de control externo tenemos y la garantía de no coadministración que impera en nuestro sistema institucional desde la Contraloría General”.
El contrato de la Sociedad Portuaria de Caldera vence en agosto del 2026. En vez de preparar un concurso público para otorgar un nuevo contrato de operación y ampliación del puerto, Chaves anunció el lunes que negociará con la compañía para que intervenga con medidas paliativas, a cambio de una extensión de cinco años en su contrato de servicios.
En el 2014, la firma portuaria SPC reportó ganancias por $5,1 millones y, en el 2015, por $4,3 millones, de acuerdo con los estados financieros auditados por Grand Thornton.
Chaves insistió en que opta por la extensión del contrato porque ya no hay tiempo para un nuevo proceso y porque diez cámaras empresariales le dijeron que la prórroga a la SPC es lo correcto por la situación del puerto.
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