“Quizás haya instituciones a las que haya que darles más transferencias porque lo necesitan, o haya instituciones a las que haya que darles menos transferencias. ¿Por qué no revisar eso?”

“¿Por qué no nos damos la oportunidad de hacerlo? Y hacerlo en esta crisis, que va a tener un impacto aún desconocido porque esta es una sacudida social y económica tremenda; no sé para dónde vamos realmente”.

Estas palabras son parte de la respuesta que la contralora general, Marta Acosta, emitió este martes cuando se le consultó si el país debería discutir un ajuste en la estructura del Estado en el marco de la emergencia por el nuevo coronavirus.

La pregunta se la hizo el diputado liberacionista Wagner Jiménez, durante una sesión virtual de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

La contralora contestó: “Definitivamente, creo que sí. De toda crisis debemos ver una oportunidad y creo que, desde hace muchos años, venimos hablando de reformas estructurales, de cambios importantes para ser más eficientes, para poder brindar más y mejores servicios a la ciudadanía”.

"La Contraloría ha sido insistente desde el punto de vista del diseño institucional del Estado. Estimamos que habría que hacer los estudios y definir lo que haya que definir, pero los recursos públicos son limitados”.

“Entonces, tenemos que buscar formas de ahorrar, de ser más eficientes. Si hay duplicidades, identificarlas; si hay actividades que no están brindando resultados a la sociedad o valor público, hay que empezar a revisar, eliminar o sustituir por otras cosas”, aseveró.

Marta Acosta expresó preocupación porque, a criterio de la Contraloría, el diseño actual del Estado costarricense “no necesariamente está respondiendo” a las necesidades de los habitantes.

"Hay algunas instituciones que han ido a través de los años perdiendo el propósito. Entonces, bueno, reformulemos esos propósitos. No necesariamente estamos hablando de cerrar instituciones, pero generemos valor público a la ciudadanía”.

“Hablamos del diseño institucional del Estado, de la dispersión, de la institucionalidad, de las duplicidades y esto tenemos años de decirlo”, agregó Acosta.

La crisis del coronavirus golpeará más fuerte a las deterioradas finanzas públicas del país. La calificadora de riesgo Moody´s estimó que la deuda pública subirá del 58% del producto interno bruto (PIB) al 66% del PIB entre el 2019 y el 2020, mientras que en el 2021 llegaría casi a un 70%.

"Nos encontramos en un contexto fiscal de deuda creciente producto de que hemos operado por más de diez años con significativos déficits, que en los últimos siete, han superado el 5% del producto interno bruto, y alcanzó casi el 7% del PIB a finales de 2019″, señaló.

Lo que se debe revisar

“Nosotros nunca hemos hablado de cerrar instituciones. Hemos hecho algunas sugerencias de revisión, de intervenciones porque hemos visto instituciones que realmente no están generando el valor público que deben de generar”, agregó Acosta.

"Cuando la Contraloría habla de reformas estructurales tampoco está hablando de despidos. Está hablando de revisar, por ejemplo, la estructura salarial del Estado; revisemos empleo público y de eso hemos hablado durante muchos años”.

"Revisemos empleo público y no solo remuneraciones porque empleo público empieza desde el reclutamiento y selección, ¿quién hace eso en nuestro país?, ¿cómo lo estamos haciendo?, ¿cómo estamos blindando a las instituciones con el talento humano que necesitan?

“Cuando se discutió la reforma fiscal, recuerden que la Contraloría fue muy insistente en que este era un primer paso y que, ahora, había que entrarle a otros temas estructurales si queremos realmente tener un Estado que dé la respuesta que necesita la sociedad costarricense”, continuó.

La contralora consideró que también es necesario revisar las exoneraciones de impuestos vigentes.

“Por lo menos revisar dónde podemos también generar ahorros, dónde podemos generar eficiencia, cómo podemos satisfacer mejor las necesidades de la ciudadanía”.

“En ese sentido, hemos hablado de cambio estructural, hemos hablado de la cantidad de transferencias que hace el Gobierno Central”, señaló la funcionaria.

Las explicaciones sobre la situación del Estado las ofreció Acosta en el marco de la discusión sobre el primer presupuesto extraordinario del 2020, el cual fue planteado para mejorar el perfil de la deuda pública en ¢282.000 millones y para otorgar ¢150.000 millones en subsidios a los afectados por la crisis del covid-19.

“Este es un primer presupuesto, no sé cuántos más ustedes (los diputados) van a tener que realizar y más aún no sé de dónde después vamos a raspar la olla. El tema es cuál es la sostenibilidad de todo esto, para dónde vamos”.

“Entendiendo todo eso, deberíamos de concentrarnos también en ver las grandes cosas, los grandes temas, las grandes sombrillas porque a veces nos concentramos en cosas pequeñitas, porque estamos en un apuro, porque tenemos que actuar rápido y entonces un proyecto por aquí un proyecto por allá”, expuso la contralora.