Cinco grandes municipalidades presupuestan más del 50% de todos sus fondos para pagar salarios, y menos del 20% para invertir en obras públicas (bienes duraderos). Por el contrario, otras cuatro grandes municipalidades gastan menos del 30% en remuneraciones y cerca del 30% en bienes duraderos.
Así lo evidencian los presupuestos ordinarios del 2023 entregados a la Contraloría General de la República (CGR) por los 22 ayuntamientos del país que superan los 70.000 habitantes.
Las municipalidades que gastan más de la mitad del dinero en salarios son San José (55%), Coronado (52%), La Unión (53%), Alajuelita (55%) y Turrialba (60%). Por el contrario, Alajuelita solo invierte en obras el 19%; San José, el 17%; Coronado, el 12%; La Unión, el 6% y Turrialba, un 4%.
Entre las 22 más grandes, las que destinan menos a salarios y más a obras son Alajuela (28%), Heredia (25%), Escazú (26%) y Sarapiquí (19%). Heredia y Sarapiquí invierten en obras el 33%; Alajuela, el 32% y Escazú, el 27%.
Al desglosar las primeras, es decir, las que más destinan a planilla, la de San José es la de mayor presupuesto, con ¢73.000 millones, de los cuales se destinan ¢40.000 millones para remuneraciones (55%). Dentro del rubro salarial, ¢13.700 millones se dirigen al pago de incentivos salariales, la mayoría para anualidades.
Moravia, con 62.000 habitantes, también entra en esta lista. Presupuestó el 52% de sus recursos para salarios y solo el 7% para bienes duraderos.
El rubro de remuneraciones incluye sueldos fijos, jornales, suplencias, tiempos extraordinarios, recargos de funciones, dietas, disponibilidad laboral, anualidades, prohibición, aguinaldos, salarios escolares y contribuciones a la seguridad social y a pensiones.
Por su parte, bienes duraderos incluye construcción, adiciones y mejoras en edificios, vías de comunicación terrestre y otras instalaciones. También, toma en cuenta la adquisición de maquinaria, equipos y mobiliario.
Desde el primer semestre del 2021, las municipalidades aumentaron su gasto corriente hasta en un 142% gracias a que, en mayo de 2020, los diputados de la anterior administración las eximieron de la aplicación de la regla fiscal, pese a los criterios negativos de la CGR, el Banco Central (BCCR) y el Ministerio de Hacienda.
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¿Por qué aumentó el gasto en salarios?
El 16 de junio de 2022, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) actualizó la escala salarial con las cual se rigen los ayuntamientos del país.
Según explicó la organización, estos cambios se realizan semestralmente tomando en cuenta el incremento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual mide el aumento del costo de vida.
La adopción de esta nueva escala salarial generó importantes aumentos en la partida de remuneraciones.
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Tal es el caso de la Municipalidad de Poás, cuyo presupuesto inicial aprobado para el 2023 fue de ¢2.900 millones, de los cuales previó gastar el 43% de sus recursos en remuneraciones.
En la sesión del Concejo Municipal del 16 de setiembre de 2022, los regidores poaseños discutieron un informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual alertaba que la nueva escala salarial implicó un aumento del 19,5% en remuneraciones, es decir, ¢196 millones más.
“La propuesta de presupuesto incorpora un incremento de remuneraciones exponencialmente alto contrastado con el año 2022″, dijeron los ediles de la comisión, quienes admitieron que “esta diferencia económica es, principalmente, generada por la adopción del a nueva Escala de Salarios y el incremento que esta genera”.
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Como consecuencia, la comisión recomendó no abrir cinco plazas permanentes que fueron solicitadas por la administración municipal, en procura de la “contención en el alto incremento de las remuneraciones”.
A pesar de la inconformidad manifestada por el alcalde Heibel Rodríguez, los regidores aprobaron de forma unánime las recomendaciones del Hacienda y Presupuesto.
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Ante una consulta de La Nación, la UNGL explicó que la Escala de Salarios es una herramienta que dan a los gobiernos locales para que estos lo utilicen para establecer los salarios base. Añadieron que ellos crearon este instrumento y lo actualizan semestralmente de acuerdo al IPC, para entregarlo a las municipalidades, las cuales pueden o no utilizarlo, según su autonomía.
Inevitablemente, la adopción de esta nueva escala salarial implica un incremento en el gasto en salarios para los municipios.
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La regla fiscal, de la cual se eximió a las municipalidades, establece un tope de crecimiento al gasto público y medidas extraordinarias cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre actualmente.
Por ejemplo, la Contraloría rechazó una solicitud del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para realizar aumentos salariales por un total de ¢200 millones a sus 529 empleados en el 2023. Una de las medidas es, precisamente, congelar los incrementos en sueldos.
Sin embargo, con la venia de los diputados, las municipalidades se eximieron de esta herramienta de contención del gasto.