El presidente de la República, Rodrigo Chaves, tildó de absurda la denuncia penal que la Contraloría General de la República (CGR) presentó contra la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, por el presunto maquillaje de informes actuariales de la institución.
Los documentos, supuestamente manipulados, fueron usados por Esquivel y la Junta Directiva de la CCSS, en marzo de 2023, para fundamentar la paralización de la construcción de nuevas clínicas y hospitales. También, sirvieron como base para suspender la compra de terrenos en los casos en que la licitación estuviera en proceso de adjudicación y para hablar de la quiebra del sistema de Seguridad Social.
Se trata de un informe actuarial que tiene dos versiones diferentes (PE-DPI-136-2023 y PE-DAE-0252-2023), con diferencias significativas en los escenarios financieros que enfrentaría la institución.
De acuerdo con la denuncia, una versión del documento señala que la Caja “es sostenible hasta el 2031 y otra que indica que la Caja empieza en crisis en 2023 y quiebra en 2027″. La Contraloría agregó que se presentó una versión diferente del informe en diez días y, de esa manera, se tomaron decisiones en menos de tres horas en la Junta Directiva.
Al respecto, la presidenta ejecutiva explicó que ella había solicitado incorporar la revisión de los gastos reales de los hospitales nuevos “en actualizaciones actuariales, no en valuaciones actuariales”.
“Descubrimos, efectivamente, que los números que se usan para hacer los cálculos actuariales son muy deficientes”, continuó. Según alegó, los datos están lejos de los gastos reales que genera la inversión de un nuevo hospital y, si eso no se hace correctamente, se afecta la sostenibilidad del Seguro de Salud.
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Chaves respalda argumentos de jerarca
Los argumentos de Esquivel fueron respaldados por el presidente Chaves. “Están reinventando la teoría de finanzas; yo algo saqué académicamente en eso y sí es verdaderamente absurdo”, indicó en Casa Presidencial.
La jerarca indicó que revisó el martes la denuncia en el Ministerio Público y aseguró que no es nueva, porque ya un sindicato la había presentado. Asimismo, achacó a la Contraloría hacer una “merula ahí” con quejas y disconformidades.
Consultada sobre las expresiones del presidente Chaves y Esquivel, la Contraloría indicó a La Nación que no podía referirse al contenido del documento enviado al Ministerio Público, el cual es producto de una denuncia.
Agregó que la actividad de fiscalización de la Contraría, especialmente vía denuncia, “es parte de nuestras obligaciones constitucionales y legales, de modo que solo cumplimos a cabalidad con nuestro trabajo”.
La suspensión de las obras ordenada en marzo del año pasado puso en jaque el futuro de proyectos claves para la atención de los asegurados, como el nuevo hospital de Limón y las áreas de salud de Orotina-San Mateo, Liberia, Bagaces, Cóbano, Desamparados, Aguirre, San Ramón, Talamanca, Pérez Zeledón y Heredia-Cubujuquí, entre otras.
La instrucción generó molestia y presiones de distintos sectores como sindicatos, diputados y hasta la Defensoría de los Habitantes, lo que motivó a la Caja a revertir parcialmente la decisión, el 5 de mayo del 2023.
Ese día comunicó que daría continuidad a 30 áreas de salud incluidas en el fideicomiso inmobiliario firmado con el Banco de Costa Rica (BCR). De esas obras, seis estaban adjudicadas en firme y 24 estaban en distintas etapas de planificación y contratación.