Esteban Oviedo, Angela Avalos.   11 julio
Edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social. Foto Jeffrey Zamora

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó este jueves tomar las “medidas necesarias” para librarse de la medida de ahorro exigida por la regla fiscal para el gasto público.

Esta herramienta, introducida mediante la reforma fiscal, establece que las instituciones no podrán aumentar su gasto más allá de un límite. El tope será de un 4,67% en el 2020, por ejemplo.

La CCSS no está de acuerdo con que le impongan un techo.

La Junta Directiva informó de que hará valer su “autonomía constitucional en materia de política y gobierno de los seguros sociales”.

Argumentó que, según resoluciones de la Sala Constitucional, la regla fiscal no debe aplicarse a la Caja.

Añade que el tope al crecimiento del gasto “afectaría su capacidad de prestar los servicios de salud, con los cuales se materializa en la práctica el derecho constitucional a la salud”.

La regla fiscal es un cálculo matemático que le dice al sector público en cuánto puede aumentar cada año el gasto corriente, según el estado de salud de las finanzas públicas.

El gasto corriente incluye salarios, pago de servicios y transferencias a otras instituciones.

Para calcular el crecimiento máximo, la regla fiscal toma en cuenta dos factores: el nivel de endeudamiento del Gobierno y el crecimiento del producto interno bruto (PIB), es decir, el crecimiento de la economía del país.

Cuanto mayor sea el endeudamiento, menos puede crecer el gasto, en especial si la producción nacional crece poco. Por el contrario, en periodos de fuerte crecimiento económico, se otorga mayor libertad al Gobierno para aumentar el gasto, sobre todo si el nivel de endeudamiento es bajo.

Este año, la opinión jurídica 041-2019 de la Procuraduría General de la República indicó que la reforma fiscal exceptúa a la CCSS de la aplicación del título de responsabilidad fiscal “únicamente en lo que se refiere a los recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo que administra dicha institución”.

El criterio no vinculante se generó a partir de una consulta del diputado Pedro Muñoz sobre la aplicación de la ley fiscal sobre la CCSS.

La Procuraduría agregó que la CCSS también está obligada a cumplir con las medidas de ahorro en empleo público, a eliminar el pago bisemanal y a aplicar la regla fiscal, con las excepciones que contiene la ley.

Votación unánime

José Luis Loría, representante de los trabajadores, manifestó que la votación fue unánime entre los seis miembros de la Junta Directiva presentes en ese momento.

“La Junta Directiva de la Caja está muy disgustada porque en una coyuntura de restricción financiera la institución está desarrollando proyectos de infraestructura, atención de listas de espera y capacitación general, en mejora de los servicios en la atención directa”, manifestó Loría.

“La Junta tiene claro que se va a recurrir a las acciones legales de todo tipo para hacer valer la autonomía institucional de la Caja. Ya se le pidió a la Dirección Jurídica tomar todas las acciones del caso, lo que que incluye recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, recurrir al Contencioso Administrativo y medidas cautelares”, añadió Loría.

El funcionario aseguró que "tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría, antes de la aprobación del llamado plan fiscal prometieron valorar sacar a la Caja de la regla fiscal, primero por un asunto de autonomía de la institución y luego por que el presupuesto de la Caja no depende del presupuesto nacional, sino de las cuotas tripartitas (Estado, trabajadores y patronos).

“En una visita que hizo la ministra de Hacienda, antes de la aprobación del plan fiscal, dijo que la Caja había sido incluida por error”, manifestó.

Aunque se intentó conocer la posición del Gobierno sobre este caso, a las 7:20 p. m. de este jueves, la Presidencia indicó que tramitará la consulta este viernes.

Por su parte, Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, manifestó vía telefónica, a las 8:15 p. m. del jueves, que prefería que fuera la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien emita una declaración oficial, ya que desconocía lo que había decidido la Junta debido a que estaba de vacaciones.