CCSS e IMAS movieron ¢68.000 millones en presupuestos extraordinarios por pandemia

Contraloría general reporta ajustes por ¢76.000 millones en instituciones descentralizadas; algunas, como el Servicio Fitosanitario, debieron recurrir a dinero de superávits ante la caída en sus ingresos

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Las instituciones descentralizadas, principalmente la CCSS y el IMAS, han movido más de ¢76.000 millones para atender la pandemia del covid-19 por medio de presupuestos extraordinarios, reportó este lunes la Contraloría General de la República (CGR).

De ese monto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) llevan la mayor parte, con casi ¢68.000 millones entre las dos entidades.

Desde que el Gobierno declaró la emergencia, el 16 de marzo, la CGR ha aprobado 15 presupuestos extraordinarios relacionados con la crisis sanitaria y económica.

La Contraloría señaló que “estos presupuestos surgen principalmente de la necesidad de incorporar nuevos gastos para la atención de la emergencia o de ajustar la fuente de financiamiento de las erogaciones ya presupuestadas, producto de la menor recaudación de ingresos”.

El ente descentralizado que gestionó un mayor aumento fue la CCSS, el cual accedió a ¢30.022 millones para adquirir productos destinados a la atención de la emergencia sanitaria, más ¢12.000 millones para hacerle frente al pago de subsidios por incapacidad.

La mayoría de este dinero se financió con ¢40.000 millones del superávit específico para la atención de la salud que mantenía la institución.

Después de la CCSS, el incremento más alto lo registró el IMAS, con un monto de ¢25.564 millones.

Estos fondos se destinaron, principalmente, a subsidios temporales brindados a las personas afectadas por la emergencia.

La mayor parte de esos recursos provino de una partida de ¢17.100 millones incluida en el primer presupuesto extraordinario de la República, aprobado en abril por la Asamblea Legislativa.

Los restantes ¢8.464 millones se obtuvieron del superávit del IMAS del 2019.

En otros casos, las instituciones han cambiado sus fuentes de financiamiento debido a la disminución de ingresos.

Una de las más golpeadas es el Servicio Fitosanitario del Estado, pues su mayor fuente de ingresos es la venta de servicios que dependen del turismo y la aviación, como el escaneo e inspección de equipajes y certificaciones fitosanitarias.

Por esta razón, la entidad accedió a ¢522 millones de superávit libre para financiar la compra de bienes duraderos.

Otras instituciones que recibieron dinero a través de presupuestos extraordinarios fueron el Consejo Nacional de Producción (CNP), que obtuvo ¢6.637 millones, y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), que accedió a ¢3.753 millones.

Modificaciones presupuestarias

Además de los presupuestos extraordinarios, las instituciones también han recurrido a modificaciones en sus asignaciones de gastos.

Al 15 de junio, estas gestiones alcanzaban ¢120.536 millones.

La CGR detalló que, en total, se han realizado 427 modificaciones presupuestarias, de las cuales un 20% están relacionadas con la pandemia.

La mayoría de estos movimientos consisten en transferencias al Gobierno Central para hacerle frente a la crisis, así como compras de insumos de limpieza y protección.

La mayor transferencia de este tipo fue la del Instituto Nacional de Seguros (INS) al Poder Ejecutivo, por ¢75.000 millones, para financiar el Plan Proteger.

Con este mismo fin, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) trasladó casi ¢28.600 millones, obtenidos de la fijación de precios del combustible.

Asimismo, el IMAS debió mover ¢5.098 millones para atender personas pobres afectadas por la crisis. Estos recursos iban dirigidos originalmente para programas sociales como Emprendimientos productivos Individuales, Capacitación, Procesos Formativos y Mejoramiento de vivienda.

En su reporte, la CGR agregó que, en los rubros de útiles y materiales de limpieza, resguardo y seguridad, los gastos de las instituciones descentralizadas subieron en ¢754 millones con respecto al mismo periodo del 2019, un incremento del 95%.

Por otro lado, la pandemia llevó a las entidades a disminuir ¢1.420 millones en gastos por actividades de capacitación.

En otras subpartidas, los recortes ascienden a ¢2.640 millones en actividades protocolarias y sociales, viáticos dentro del país, transporte en el exterior, publicidad y propaganda.